Un superviviente que perdió visión en un ojo en la tragedia de El Tarajal denuncia a España ante la ONU

Brice O. entró en el mar desde el lado marroquí del espigón de la playa de El Tarajal con un flotador improvisado, el rosco interior de un neumático. No era muy largo el tramo que tendría que recorrer a nado hasta poner pie en Ceuta aquel 6 de febrero de 2014. Ya cuando estaba en el agua, junto a decenas de migrantes como él que intentaban alcanzar Europa, empezaron a caerles botes de humo lanzados contra ellos por los guardias civiles desde tierra. “Era como cuando se arroja agua sobre brasas encendidas; me costaba respirar, mi nariz se irritó, mi piel también”, recuerda el camerunés. Mientras trataba de mantenerse a flote entre los gritos y la lluvia de gases, sintió un impacto en su ojo izquierdo que le causó un dolor intenso. Los agentes también estaban disparándoles pelotas de goma para disuadirlos de avanzar hacia la ciudad española. Aquel día, al menos 15 de los migrantes que estaban en el mar murieron ahogados. Hoy, 11 años después, Brice, que perdió gran parte de la visión en un ojo, se convierte en el segundo superviviente de la tragedia de El Tarajal en llevar su caso hasta el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

Aquel episodio dejó estampada la imagen de los guardias civiles arremetiendo contra los migrantes que se ahogaban en el mar y se convirtió en una de las peores tragedias migratorias ocurridas en España. 15 personas murieron y otros 23 hombres, que sí alcanzaron tierra del lado español, fueron devueltos en caliente a Marruecos a través de la valla.

Nadie ha sido condenado por esos hechos, por los que 16 guardias civiles llegaron a ser imputados por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. El caso, que llevó el Juzgado de Instrucción Número 6 de Ceuta, se ha reabierto tres veces y ahora está archivado por decisión del Tribunal Supremo, en mayo de 2022. El Tribunal Constitucional, en junio de 2023, admitió a trámite recursos de amparo presentados por la acusación popular y familiares de los fallecidos, pero aún no se ha pronunciado.

La queja que presenta Brice O. este jueves ante ese comité de la ONU se fundamenta, precisamente, en que considera que España no ha investigado de manera efectiva lo que sucedió aquel día. Junto al Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y a Irídia, Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, el superviviente sostiene que, al no hacerlo, España vulneró los artículos 12 y 14 de la Convención contra la Tortura, y que, al no haber prevenido esos actos, también contravino los artículos 1, 2 y 16 de esa convención. Hanaa Hakiki, abogada del ECCHR, explica que “una resolución positiva del Comité [contra la Tortura] confirmaría que en el caso de Brice hay pruebas suficientes de lo que le ocurrió por la acción de la Guardia Civil y que el Estado español es responsable y tiene la obligación continua de investigar de manera efectiva y de proporcionar reparación para él y para todas las víctimas de El Tarajal y de la frontera de manera más general”.

“Debemos exigir justicia por aquellos que murieron ese día, tenemos que detener la barbarie y la violencia, la tortura de seres humanos, y en términos generales la explotación de vidas humanas que rigen en esa frontera, que sigue siendo peligrosa hoy en día”, reclama Brice O. en una declaración divulgada por su defensa. Ese día, cuando empezaron a aparecer los cuerpos en la playa, reconoció a Martin, a Kenzo, a Dakole, tres de sus amigos más cercanos. Años antes de ese episodio, el camerunés había salido de su país y conseguido llegar a Marruecos, donde vivió años en la calle, principalmente en los bosques colindantes a la ciudad de Melilla. Asegura que no pudo acudir a la oficina de la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) en Rabat por miedo a las redadas y las detenciones arbitrarias marroquíes. Insiste en que ese día la mayoría de los que llegaron a la playa de El Tarajal lo hicieron en condiciones de extrema pobreza, débiles, tanto mental como físicamente. Adentrarse al mar era casi su última esperanza.

La demanda de Brice O. se sostiene también sobre lo que la defensa de las víctimas considera como una exclusión activa de los supervivientes durante toda la investigación y la falta de evaluación del uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Civil. Pese a que él estaba en Marruecos, a pocos kilómetros de las autoridades que llevaban la instrucción en Ceuta, estas nunca intentaron identificarlo, contactar con él o informarlo. Tampoco, a otros lesionados en el suceso. De hecho, los dos únicos supervivientes que llegaron a declarar en el proceso fueron localizados y presentados, por una parte, de la acusación popular —la Asociación Observatori DESC y CEAR— que también encontraron a un tercero, que nunca llegó a ser escuchado. Se trataba de Ludovic N., quien ese día sí llegó a suelo español, pero fue devuelto a Marruecos. El año pasado, Ludovic N. fue el primero en demandar a España ante el Comité de Tortura de la ONU. Los posibles delitos de lesiones dolosas —como la que sufrió Brice O.— y la prevaricación administrativa en las devoluciones en caliente se desestimaron antes de que se archivara todo el caso.

La abogada Hakiki explica que este recurso también es “una oportunidad para que el Estado tome medidas regulatorias del uso de las balas de goma que cumplan con los estándares internacionales y con las obligaciones del Estado en prevenir el maltrato y la tortura”. Espera que la resolución aborde “la situación de impunidad en la frontera”, al mantener no identificadas, indocumentadas y anónimas a las personas migrantes que, por ejemplo, son devueltas en caliente. “Esta práctica, esta lógica de considerar a la gente no como seres humanos, sino como una masa indefinida al hablar de avalanchas, es precisamente lo que hace que estas personas sean vulnerables a malos tratos, tortura, desaparición y muerte”.

Brice O. comparecerá este jueves en la rueda de prensa de presentación de la demanda. Lo hará conectado en línea desde Canadá, donde fue reasentado en 2019 después de que pudiera por fin registrar una solicitud de protección internacional ante Acnur. En el país norteamericano estudia cinematografía y producción. “Lo único que nos queda son las secuelas, las cicatrices que llevamos por ello y los traumas”, cuenta. “Aquí estamos hablando de actos de violencia contra las personas subsaharianas y la razón de estos actos tiene mucho más que ver con quienes los cometen, porque nosotros simplemente estamos entre los más indefensos y vulnerables”.