Los jefes de comunicación de la Fiscalía declaran que no tuvieron acceso al correo sobre la pareja de Ayuso la noche que se filtró

Los jefes de comunicación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Superior de Madrid han asegurado este martes en el Tribunal Supremo que no tuvieron acceso la noche del 13 de marzo al correo electrónico por cuya filtración está siendo investigado Álvaro García Ortiz. En ese email, que desmontaba un bulo difundido por el equipo de Isabel Díaz Ayuso, el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, admitía dos delitos fiscales y ofrecía un pacto al ministerio público para evitar la entrada en prisión de su cliente. Fuentes del caso señalan que los jefes de comunicación han explicado que sobre las 19.00 del 13 de marzo, casi cuatro horas antes de que esos correos llegaran a la Fiscalía General, recibieron llamadas de periodistas preguntándoles por las conversaciones entre el abogado de González Amador y el ministerio público tras recibir información del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que revelaba la posibilidad de un pacto.

El magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa contra García Ortiz, convocó a los jefes de comunicación como testigos después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el contenido del teléfono móvil del fiscal general revelara que este no conservaba ningún mensaje enviado ni recibido entre los días 8 y 14 de marzo de 2024, las fechas en las que presuntamente se filtraron la denuncia por fraude a Hacienda de la Fiscalía contra el novio de Ayuso. Un análisis posterior de la UCO confirmó que había cambiado de terminal de teléfono el pasado 23 de octubre, una semana después de que el Supremo abriese la causa contra él y fuentes fiscales explicaron que el jefe del Ministerio Público borró el contenido del teléfono antiguo de acuerdo a protocolos de protección de datos del ministerio público.

Durante el interrogatorio de este martes, la jefa de comunicación de la Fiscalía General, Mar Hedo, ha señalado que ella también cambió de teléfono móvil hace unos meses, una vez que estaba abierta la causa. El abogado de la pareja de Ayuso ha reclamado al juez que ordene el volcado de su teléfono y que, en caso de que Hedo se negase, se cambiara su situación procesal y pasara de ser testigo a investigada, pero el instructor lo ha rechazado.

Aunque la investigación se centra en la filtración del correo electrónico del abogado de la pareja de Ayuso, parte de los interrogatorios a los jefes de prensa ha girado en torno a la nota de prensa que difundió la Fiscalía Provincial la mañana del 14 de marzo, en cuya redacción se enmarcaban las conversaciones mantenidas la noche antes entre García Ortiz, la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez ―también investigada en el caso― y otros cargos del ministerio público. El magistrado ha permitido a los dos directores de comunicación acogerse al secreto profesional si consideraban que algún dato podía vulnerar este derecho respecto a ellos mismos o a los periodistas.

Hedo, según fuentes del caso, ha concretado que la primera información sobre la denuncia de la Fiscalía a la pareja de Ayuso la tuvo el 6 de marzo por la tarde, cuando se comunica con ella un periodista de eldiario.es para preguntarle si hay alguna denuncia en la Fiscalía sobre la empresa de González Amador. Ella, en ese momento, le dice que se ponga en contacto con la Fiscalía de Madrid. El 12 de marzo, después de que eldiario.es publicara que el ministerio público había denunciado a la pareja de Ayuso, la jefa de comunicación de la Fiscalía General habló con el responsable de prensa de la Fiscalía madrileña y, ante las preguntas de los medios de comunicación, envió a algunos periodistas información sobre el caso. Hedo ha contado también que ya ese día recibió una llamada de un periodista de EL PAÍS, quien le preguntó si sabía algo de un posible acuerdo de conformidad entre el ministerio público y González Amador, lo cual, según ha señalado, ella desconocía en ese momento.

La directora de comunicación de la Fiscalía General y el jefe de comunicación de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, han coincidido en que el 13 de marzo por la tarde recibieron una llamada de un periodista preguntando por las conversaciones entre el Ministerio Público y la defensa de González Amador porque, según ese redactor, el jefe de gabinete de Ayuso estaba aireando la posibilidad de un pacto de conformidad. Hedo ha afirmado que, tras hablar con ese periodista, llamó a su jefe, y García Ortiz le dijo que ya le había telefoneado para lo mismo la fiscal superior, Almudena Lastra, y que ambos habían convenido redactar una nota de prensa. La jefa de comunicación ha señalado que, a partir de ese momento, se cruzó llamadas y mensajes con García Ortiz sobre el caso que afectaba a González Amador para poner en pie la información y redactar el comunicado, pero ha explicado que solo recibió información verbal y no tuvo acceso a documentos sobre el caso.

La versión de ambos jefes de prensa contrasta con la ofrecida por el jefe de gabinete de Ayuso cuando declaró como testigo en el Supremo el pasado 8 de enero. Ese día, Rodríguez aseguró que, aunque González Amador le envió el correo de su abogado la mañana del 12 de marzo, él no difundió esa información hasta pasadas las 22.00 del día 13, cuando varios medios la habían publicado.

Parte de las preguntas dirigidas por las acusaciones a la jefa de comunicación de la Fiscalía General iban destinadas a indagar sobre posibles vínculos entre el ministerio público y Moncloa, una rama del caso que se abrió después de que se conociera que el exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, había registrado ante notario sus conversaciones con una alto cargo del Gobierno que le facilitó la mañana del 14 de marzo el correo cuya filtración se investiga. Uno de los objetivos de las acusaciones es averiguar si fue la Fiscalía la que envió ese mail a Moncloa y han preguntado a Hedo por el puesto que ocupó antes de llegar a la Fiscalía General como asesora de Comunicación de la Presidencia del Gobierno. Las partes le han interrogado sobre a quién reportaba en ese puesto y si conocía al actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López; a la exjefa de gabinete de este, Pilar Sánchez Acera; a los exsecretarios de Estado de Comunicación Francesc Vallés e Ion Antolin; o a la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente.

Por su parte, el jefe de comunicación de la Fiscalía Superior ha asegurado que la noche del 13 de marzo no habló con la fiscal jefa provincial, sino solo con la fiscal superior, a la que llamó a las 20.26 para decirle que un periodista le había preguntado por la información que estaba difundiendo el entorno de Ayuso. A partir de ahí, según Corral, habló en otras ocasiones con Lastra y Hedo sobre la nota de prensa que redactó esta última y que se envió a la mañana siguiente.

El jefe de comunicación de la Fiscalía madrileña ha declarado, según fuentes del interrogatorio, no estuvo de acuerdo con la redacción de la nota y que así se lo dijo a Lastra y a Hedo, pero acabó accediendo a difundirla por “lealtad” a la fiscal superior y porque, según le dijo esta, había una orden escrita emanada de la Fiscalía General del Estado para que se hiciera así.