Begoña Gómez niega ante el juez Peinado los cuatro delitos que se le imputan

Begoña Gómez ha decidido este miércoles declarar por primera vez ante el magistrado Juan Carlos Peinado, que la mantiene imputada desde el pasado abril. Durante poco más de media hora, sentada ante el responsable del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, la esposa del presidente Pedro Sánchez ha respondido exclusivamente a las preguntas de su defensa para negar los cuatro delitos que se le atribuyen: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. “Mi cliente no tiene nada que esconder. Si no declaró antes es porque había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando”, ha explicado el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, a la salida del juzgado. “Y uno, si es investigado, tiene que conocer qué es lo que se le investiga”, ha remachado.

El juez había citado a Begoña Gómez a las 10.00 de este miércoles. El magistrado, que ya había tratado de interrogarla antes en dos ocasiones, le ordenó comparecer esta mañana ante él por tercera vez después de ampliar sus pesquisas al recibir una nueva querella del grupo ultracatólico Hazte Oír, que la acusa de haberse apropiado de un software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con la que ella colaboraba. La esposa del presidente ha acudido sin falta a la comparecencia. Ha entrado por el garaje al edificio, después de que la jueza decana de Plaza de Castilla lo permitiera por razones de seguridad —esta medida le ha evitado el tradicional paseíllo ante la prensa—. Mientras tanto, frente a los juzgados, una treintena de personas se ha congregado con pancartas y banderas para proferir gritos e insultos contra Sánchez y su mujer.

Durante toda su declaración, como ha repetido desde que se abrió la causa contra ella hace más de medio año, la esposa de Sánchez ha negado las irregularidades. Pese a que el juez la había llamado este miércoles por las sospechas relativas al software de la Complutense, Gómez ha aprovechado la ocasión para defenderse de todas las imputaciones por primera vez ante Peinado, al que ha acusado de prevaricación y de impulsar una investigación prospectiva contra ella. En este sentido, sobre su supuesta intervención para favorecer a las compañías del empresario Carlos Barrabés con adjudicaciones públicas, la esposa del jefe del Ejecutivo ha subrayado que “nunca conoció la existencia de esos procesos de licitación”. Según ha apuntado su abogado, ha aseverado que “nadie le pidió” su mediación y que, “por supuesto”, no intervino “en absoluto”.

“Es más, no llegó a tener conocimiento de que habían sido adjudicados hasta que se incoa este procedimiento”, ha proseguido Antonio Camacho, en declaraciones a la prensa tras el interrogatorio. Según han afirmado varias fuentes jurídicas, Gómez ha restado cualquier valor a la carta de recomendación firmada por ella que Barrabés incluyó en una oferta cuando se presentó a un concurso público, junto a otra treintena de cartas similares rubricadas por distintas entidades y Administraciones, algunas gobernadas por el PP. “Era una carta modelo. Lo que se firmaba no era el apoyo a una empresa en concreto, lo que se apoyaba era la importancia del proyecto a efectos de innovación”, ha incidido el abogado.

La declaración de la imputada ha abordado el delito de intrusismo, que le atribuyen por firmar unos pliegos técnicos durante su colaboración con la UCM. Según ha dicho, la universidad le dio indicaciones para firmar esos pliegos y, según ha expuesto, así consta en dos emails que le remitió la Complutense para que lo hiciera. “De acuerdo con la normativa de la universidad, lo debe firmar el jefe de la unidad administrativa y, en este caso, ella era la directora de la cátedra”, ha insistido Camacho: “Ha explicado también que ella no es, en absoluto, catedrática. Es directora de una cátedra extraordinaria. Quizás el nombre pueda llevar a confusión”.

Paralelamente, Gómez ha detallado que el sueldo que recibía por los dos másteres eran 15.000 euros anuales. “La cantidad pone de manifiesto que no pretendía lucrarse con lo que estaba haciendo”, ha valorado su abogado tras el interrogatorio, antes de referirse a la supuesta apropiación del software. “Ha explicado que el término transformación social competitiva lo creó ella, que no existía antes. Si uno se mete en internet y pone ese término, solo aparecen cuestiones relativas a la cátedra. [Ella ha dicho] que lo propuso a la Universidad Complutense y que fue aceptado. [Ha afirmado] que, si inscribió las marcas, fue a efectos figurativos. Es decir, a efectos de utilizar el logo en la documentación, como así se hizo. Y ha explicado que la UCM tuvo perfecto conocimiento de la inscripción de esas marcas, que no han sido utilizadas nunca fuera del ámbito de la Universidad Complutense y que lo que se pretendía era que nadie las utilizara fuera del ámbito de la Complutense”.

“También ha explicado la inscripción del dominio”, ha continuado Camacho: “Ha puesto de manifiesto, como así [consta] en un correo electrónico], que la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) de la UCM, a la cual le preguntó cómo inscribir el dominio, le mandó directamente a las páginas web donde se inscribe el dominio. Ha dicho que el primer año estuvo inscrito por la coordinadora de la cátedra; el segundo, por ella; y al tercer año, este abogado se dirigió a la universidad y, dada la investigación, puso en su conocimiento que no se iba a renovar. Y, de hecho, no ha sido renovado tampoco por la UCM”.

El abogado de Gómez ha mencionado la reunión que la esposa del presidente tuvo en La Moncloa con Joaquín Goyache, rector de la UCM. “Ella vive en La Moncloa”, ha dicho Camacho, que ha contextualizado ese encuentro. El letrado ha contado que se vieron allí porque Gómez reside allí y tiene allí su despacho personal, además de que sus movimientos resultan complicados por motivos de seguridad. A su vez, ha hecho hincapié en que esa cita se produjo en plena pandemia de coronavirus. Goyache ya explicó que entonces gran parte de las instalaciones de la universidad estaban cerradas.

El exconsejero del PP

Juan José Güemes, exconsejero de la Comunidad de Madrid (de la etapa de Esperanza Aguirre, del PP) y alto cargo del Instituto de Empresa (IE), también ha acudido este miércoles al juzgado para declarar como imputado. Solo ha contestado a las preguntas de su abogado durante unos 20 minutos. Güemes ha negado que el IE contratara a Begoña Gómez por ser la mujer del presidente. La esposa de Sánchez había rechazado antes esa tesis usada contra ella. El exdirigente popular ya dijo lo mismo cuando fue citado como testigo antes de ser imputado por, según interpretó el juez Peinado, contradecirse con otra testigo (cosa que no ocurrió, según las actas de ambas comparecencias).

Este miércoles, Güemes ha relatado que conoció a Begoña Gómez en 2017, antes de que Pedro Sánchez fuese presidente del Ejecutivo, según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia. El IE la fichó para encabezar el Africa Center, pero ha recalcado que no lo hizo por su condición de esposa del jefe del Gobierno. De hecho, según su versión, los contactos ya habían empezado antes de que el líder del PSOE llegara a La Moncloa y el perfil de ella les encajaba en el puesto. Es más, según estas fuentes, el exconsejero del PP ha destacado que el Instituto de Empresa no obtuvo “ningún beneficio” por la contratación de Gómez y que, además, se puso una cláusula específica para evitar cualquier conflicto de intereses.

Güemes ha apostillado que el IE Africa Center no tuvo ninguna financiación distinta a la procedente de la propia fundación del Instituto de Empresa. Este organismo defiende, además, que Begoña Gómez no ocupaba ningún puesto de perfil académico, sino de gestión.