El Gobierno convoca a las comunidades en enero para negociar la quita de la deuda pública

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo enero para “impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades autónomas del régimen común”, según ha comunicado el Ejecutivo este viernes en la Conferencia de Presidentes autonómicos que se está celebrando en Santander. Se trata de la quita de deuda a la que el Gobierno se comprometió el año pasado, pactándolo primero con la Generalitat de Cataluña y extendiendo después esa misma promesa al resto de autonomías. Las comunidades deben en este momento 208.638 millones de euros al Estado, por el dinero recibido en los últimos años del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y los mecanismos de financiación, según datos del Banco de España. El Gobierno no ha aclarado qué porcentaje de esa deuda va a perdonar, ni cuánto correspondería a cada comunidad.

El Ejecutivo insta además a las comunidades a “acordar entre todos un nuevo modelo de financiación autonómica que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios y garantice que todas las comunidades autónomas reciban más recursos de los que reciben hoy”, sin aludir expresamente al pacto que el Gabinete de Sánchez alcanzó con ERC y Junts para dotar a Cataluña de una financiación propia y singular. Por otro lado, el Gobierno propone a las comunidades que “reprogramen una parte de los fondos europeos de cohesión FEDER y FSE+ para dar a los territorios afectados por la dana una línea adicional de ayuda”.

El presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, ha sido uno de los primeros en intervenir en la Conferencia de Presidentes. Illa ha querido dejar claro desde el primer momento que va a defender el modelo de financiación singular que ha pactado con ERC para Cataluña, pero también su encaje dentro de la solidaridad entre autonomías. “No aceptaré lecciones de solidaridad de quienes practican la insolidaridad fiscal”, ha dicho Illa dentro de la conferencia y delante de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, que hablará entre las últimas porque el orden se hace por antigüedad de la autonomía.

Aunque no la mencione, Illa se refiere a Díaz Ayuso y otros presidentes autonómicos del PP que exigen solidaridad y rechazan el modelo pactado con ERC mientras están bajando los impuestos en sus autonomías. Cataluña tiene los impuestos más altos que Madrid y otras autonomías, en especial los tipos máximos del IRPF, y exige que esa recaudación recaiga más en su comunidad. Illa, según estas fuentes, ha defendido que hay que reformar ya el sistema de financiación.

La presidenta madrileña, de hecho, se ha expresado con contundencia al respecto. “Si quiere cambiar el modelo territorial, póngalo en un programa electoral y preséntese a unas elecciones”, le ha dicho a Sánchez, en referencia a Cataluña. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha confrontado frontalmente con las políticas del presidente del Gobierno en financiación, inmigración y vivienda con tono duro, aunque “sin estridencias”, según su equipo, oponiéndose a la financiación singular para Cataluña. Ayuso ha coincidido con el presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García Page, según fuentes del Gobierno madrileño, en que “si el Estado toma decisiones sobre las comunidades autónomas, que lo pague”.

Otro barón popular, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, ha instado a una “urgente” revisión del sistema de financiación autonómica. “No aceptamos la bilateralidad ni la ruptura de la solidaridad y de la igualdad”, ha subrayado delante de sus colegas, en sintonía con el resto de líderes territoriales del PP. El barón popular pide, además, un fondo transitorio de nivelación para las comunidades “infrafinanciadas” mientras se aprueba el muevo sistema.

Pacto sobre vivienda

Durante su intervención en la reunión, el presidente ha confirmado que va a plantear a los líderes autonómicos un pacto en materia de vivienda, con tres patas. La primera consistiría en”blindar el carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible”; es decir, acordar que esas viviendas, que salen a la venta con un precio inferior al de mercado, no puedan convertirse en un momento dado en pisos de precio libre, como ocurre ahora. La segunda pata pasaría por reformar la ley del suelo para dar “más seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de modificar sus planes urbanísticos”, ayudar a acelerar la construcción de viviendas asequibles y adaptar la normativa actual al reto del cambio climático. Por último, el plan implica que las comunidades autónomas se comprometan a aplicar la Ley de Vivienda estatal, que, entre otras cosas, permite poner tope al precio de los alquileres privados en determinadas zonas urbanas en las que el coste de la vivienda se ha disparado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apoyado la creación de una empresa pública de vivienda, al considerar que es la misma política que está llevando a cabo su ejecutivo en Galicia. Rueda ha asegurado que la Xunta ha duplicado de 4.000 a 8.000 el número de pisos públicos en el mercado de alquiler gracias a este sistema. El líder gallego ha criticado, sin embargo, la ley de vivienda porque, según ha dicho, no facilita el acceso a la vivienda asequible.

En su intervención, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha planteado que se recuperen incentivos fiscales para la adquisición de vivienda, como una deducción por alquiler y el IVA cero a la primera vivienda; además de reclamar la retirada de la ley estatal del Gobierno progresista, porque “no ha resuelto los problemas, sino que los ha agravado”.

Distribución de los menores migrantes

El Ejecutivo también ha pedido que se acuerde “de una vez” una solución al “problema del reparto” de los menores migrantes no acompañados que llegan a España. Y el propio Pedro Sánchez ha propuesto a las comunidades autónomas que se sumen “a una política migratoria responsable y solidaria basada en la ciencia y no en prejuicios”.

Los gobiernos de Canarias y País Vasco han hecho un frente común para pedir una distribución “extraordinaria” de los menores migrantes. El presidente canario, Fernando Clavijo ha comunicado este viernes que el ejecutivo de las islas (Coalición Canaria-PP) y el vasco (PNV-PSOE) cerraron este jueves una “alianza en materia migratoria”, con un documento que han dado a conocer en el que se plantea una propuesta de “distribución extraordinaria en el corto plazo” de menores migrantes no acompañados, para aliviar los dispositivos de acogida de “la frontera norte y la frontera sur” de España, que están “absolutamente saturados”.

Según el presidente canario, el documento acordado por Canarias y País Vasco es visto con buenos ojos por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. “Nos ha transmitido que lo ve positivo. Eso es un avance importante. El Gobierno de España es el que tiene que encontrar las fórmulas jurídicas oportunas”, ha señalado Clavijo, que ha sugerido que la propuesta iría orientada a imponer una distribución de los menores migrantes pero de carácter excepcional. “Si no hay mayoría para modificar la ley de extranjería, sí tiene que haber una distribución extraordinaria en el corto plazo. Tenemos que ponernos a trabajar sobre esas figuras jurídicas. Seguimos pensando que lo mejor es un decreto ley”.

El documento pactado por Canarias y País Vasco plantea “un modelo de distribución [de los menores] mediante una nueva fórmula basada en cinco indicadores”: población total; acogida (media de menores acogidos por cada 100.000 habitantes en los últimos seis meses); PIB per cápita; desempleo; y solidaridad (menores acogidos en los últimos cinco años). Tendría que aplicarse “en un plazo no superior a tres meses”, y ya después, en una segunda fase, la Conferencia Sectorial de Infancia iniciaría “un debate más sosegado” para abordar una solución estructural a largo plazo.

Moreno Bonilla, por su parte, ha pedido que el Estado aporte “recursos extraordinarios” cuando se supere el 100% de capacidad en atención a menores no acompañados, una situación en la que ha dicho que ya se encuentra Andalucía. El presidente popular reclama también que se reconozca a Andalucía como frontera sur de Europa, como Canarias, Ceuta y Melilla.

Reparto de fondos para Sanidad

El Gobierno ha anunciado también que a principios del año próximo transferirá a las comunidades autónomas un total de 223 millones de euros “extraordinarios” para que financien la adopción y desarrollo de “nuevas soluciones sanitarias basadas en Inteligencia Artificial”. El objetivo de ese plan es “mejorar la atención a los pacientes y aprovechar mejor el tiempo de los sanitarios”. Por otro lado, el Ejecutivo “consolidará y aumentará la financiación de nuevas plazas para profesiones sanitarias en las universidades públicas, siempre y cuando exista un compromiso firme de las comunidades para contribuir de forma sostenida a su cofinanciación”.