El Gobierno inicia los trámites para que la actual sede de la presidencia de Madrid sea un lugar de memoria

España tendrá tres nuevos lugares de memoria para recordar a las víctimas de la Guerra Civil, la dictadura y la represión franquista, todos ellos en Madrid. El Gobierno ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el inicio del procedimiento para declarar como tales el cementerio de La Almudena, la antigua cárcel de Carabanchel y la extinta Dirección General de Seguridad (DGS) del régimen. Este último edificio, sito en la madrileña Puerta del Sol, es la actual sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, que ocupa Isabel Díaz Ayuso (PP). Los tres nuevos lugares de memoria se sumarán a los otros 18 que ya han sido declarados en virtud de la Ley de Memoria Democrática, que acaba de cumplir dos años de su entrada en vigor.

El artículo 49 de esa norma establecía que los lugares de memoria serían aquellos en los que se han desarrollado hechos “de singular relevancia por su significación histórica” que estuvieran relacionados con “la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”, la represión y la violencia desatada sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra Civil, la dictadura y el exilio. Estos tres lugares sobre los que el Gobierno ha iniciado los trámites estuvieron en el corazón de la represión ejercida por Francisco Franco: en uno —el cementerio de La Almudena— se fusiló a opositores y represaliados, en el otro —la DGS— se estableció toda la maquinaria para reprimirlos, y en el último —la prisión de Carabanchel— se encarceló a muchos de ellos.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha afirmado que la declaratoria de estos tres nuevos lugares reafirma el compromiso “con las víctimas del franquismo que sufrieron represión, torturas y privación de su libertad en estos lugares”.

El cementerio de La Almudena

En concreto, lo que se declarará lugar de memoria es la tapia sur del Cementerio del Este — conocido popularmente como de La Almudena —, utilizada como sitio de fusilamiento entre mayo de 1939 y febrero de 1944. En ese lapso fueron fusiladas en esa tapia 2.934 personas de diferentes regiones del país, según la resolución por la cual la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática inicia el procedimiento.

Los fusilados eran en su mayoría hombres y mujeres militantes de partidos de izquierda, sindicalistas, intelectuales y republicanos que se oponían a la dictadura. “Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes dentro del propio cementerio”, se lee en el documento. Entre las personas fusiladas allí se cuentan 80 mujeres, y entre ellas están “Las trece rosas”, integrantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) fusiladas el 5 de agosto de 1939.

“En la actualidad, los impactos de bala siguen estando presentes en el muro sur del cementerio; la tapia se convirtió en escenario silencioso pero atroz de la violencia política, y en un símbolo del uso del terror por parte del régimen franquista para consolidar su poder”, dice la resolución. El mismo documento defiende el cementerio como un lugar que representa un compromiso con la memoria democrática y la defensa de los valores democráticos.

La cárcel de Carabanchel

Levantada mediante trabajos forzados por prisioneros del régimen franquista entre 1940 y 1944, esta prisión se convirtió en “uno de los emblemas represivos de la dictadura y símbolo de la nueva política penitenciaria”, según la resolución de la Dirección General de Memoria. La cárcel contó con un diseño en el que resaltaba la gran cúpula central, desde donde se ramificaban varias alas en forma de panóptico, diseñado para garantizar la vigilancia de los presos desde un punto central.

“Por ella pasaron, a lo largo de toda su existencia, presos republicanos, comunistas, socialistas, anarquistas, sindicalistas, intelectuales, estudiantes, dirigentes vecinales y todo tipo de opositores al régimen franquista”, dice la resolución. En esas instalaciones las condiciones de vida fueron “extremadamente duras” por el hacinamiento, la malnutrición, la falta de atención médica y los frecuentes malos tratos por parte de los guardias.

La calificación de esta cárcel —que fue demolida en 2008— como lugar de la memoria responde a la petición que había hecho en ese sentido la Plataforma por un Centro de la Memoria de la Cárcel de Carabanchel desde que entró en vigor la Ley de Memoria Democrática.

La extinta Dirección General de Seguridad (DGS)

Fue la piedra angular de la represión franquista. “En sus dependencias se llevaron a cabo interrogatorios y torturas, y aunque nominalmente su función era asegurar el orden público, en la práctica actuaba como una policía política al servicio del régimen con facultades extraordinarias”, sostiene la resolución que inicia el trámite. Desde ese edificio, ubicado en la Puerta del Sol y hoy sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, se ejerció la vigilancia y la persecución a cualquier forma de oposición, ya fuera intelectual, política o armada.

El secretario de Estado de Memoria Democrática ha señalado que “son numerosos los testimonios de represaliados en los sótanos de la antigua DGS, cuya práctica habitual era el uso de la tortura para extraer información y confesiones y atemorizar y desmoralizar a los detenidos y a la oposición al régimen”. Muchos de los detenidos allí fueron activistas políticos, intelectuales, sindicalistas, miembros de movimientos sociales, entre muchos otros, que fueron sometidos a tratos brutales para forzar la delación de sus compañeros.