El cóctel letal que acecha a los drogadictos

Los drogadictos arrastran, entre todos sus graves problemas, un peligro que a veces infligen por accidente los gobiernos autonómicos: el cóctel de metadona con tranquilizantes provoca depresión respiratoria y a menudo la muerte, ya que sus cuerpos padecen órganos debilitados. La red de 2.400 médicos y psicólogos que tratan las adicciones en los centros de atención a toxicómanos son ajenos en su inmensa mayoría a los 17 sistemas de salud regionales, lo que provoca un problema que a muchos les puede costar la vida.

Solo la Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla-La Mancha, Asturias, La Rioja y Murcia tienen integrados a estos facultativos en sus servicios sanitarios para asegurarse de que la información de los pacientes fluye entre psiquiatras, psicólogos, enfermeros y médicos de familia. En ciertas zonas de Cataluña también han logrado esta integración para lograr un enfoque holístico y de paso evitar esa mezcla de metadona y tranquilizantes, que a veces se receta por error en servicios de urgencias o en los centros de salud.

“El riesgo es muy elevado. A pesar de que es una temeridad, el sistema se resiste. Los centros de atención a toxicómanos no están aún integrados informáticamente, es un agujero negro”, critica Néstor Szerman, psiquiatra del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y presidente de la Fundación Patología Dual. Al margen de las seis excepciones, las otras 11 autonomías tienen el objetivo de integrar a los médicos que apoya el Ministerio de Sanidad, pero es un deseo con un retraso de años, según denuncian las dos sociedades científicas sobre adicciones, Socidrogalcohol y Patología Dual.

En los años 80 la salud mental se integró en el sistema nacional de salud, pero el Gobierno decidió dejar al margen las adicciones a las drogas y cuatro décadas después la decisión aún afecta a miles de ciudadanos. En España, 44.770 personas fueron atendidas con metadona durante 2022, último año con cifras del Plan Nacional Sobre Drogas. En las dos últimas décadas ha habido un claro descenso y los pacientes han caído a la mitad desde el pico en 2002, cuando fueron atendidas 90.488 personas.

Hace ya 26 años que la Comunidad Valenciana creó las unidades de conducta adictiva, que a diferencia de otras regiones donde están integradas en el área de Salud Mental, en el Levante se optó por incluirlas en la Atención Primaria. En cambio, en Aragón, la situación es muy distinta: “La red es pequeña y atomizada, con laboratorios propios pero sin historias clínicas comunes. Una multired que no se coordina para nada”, censura Francisco Pascual, presidente de Socidrogalcohol y coordinador de un centro en Alcoy (Alicante).

Tras años de ninguneo por parte de la Junta, hace dos semanas 60 médicos andaluces de adicciones dieron un puñetazo sobre la mesa y alertaron públicamente del riesgo tan elevado que corren los drogadictos que reciben metadona en esa comunidad. “Los datos no se cruzan y hay redes separadas. Son drogas dispensadas en redes paralelas y hasta ahora la Junta nos ha dado dos respuestas: la incompatibilidad de los dos sistemas informáticos y la protección de datos”, acusa Bartolomé Baena, presidente de la Sociedad Médica Andaluza de Adicciones y Patologías Asociadas (SOMAPA). Estos doctores denuncian el agravio comparativo que padecen ante los médicos de centros privados sanitarios con conciertos completos, como el grupo Pascual, que tienen acceso a los historiales clínicos de los pacientes sin traba alguna. Los profesionales sanitarios que atienden las adicciones en esta comunidad dependen de Diputaciones, Ayuntamientos y ONG.

El Ejecutivo autonómico (PP) avanza que trabaja para unir ambas redes informáticas, Diraya y Sipasda, y limita el problema a un inconveniente normativo por protección de datos, aunque reconoce que viene de lejos. “Informáticamente, se puede hacer, hay que ver cómo hacerlo normativamente. Nuestra idea es ver con los médicos de adicciones la fórmula más inmediata para solucionarlo”, afirma una portavoz de la Consejería andaluza de Salud y Consumo. Sin embargo, la sociedad médica Somapa solo ha recibido largas a sus peticiones de reunión por parte de la Junta.

Hace ya seis años que el Gobierno de La Rioja (PP) solucionó el obstáculo informático y normativo que plantea Andalucía. “Hicimos un convenio para que nuestro sistema informático Selene pudiera compartir su información de pacientes con las asociaciones que tratan los adictos. Con dos puntos fundamentales: el consentimiento informado del paciente y el límite temporal para que los datos solo sean compartidos durante el tiempo que tratan al paciente”, ilustra Carlos Piserra, subdirector de Estrategia de Salud Mental y Emocional del Ejecutivo riojano. Al margen de los convenios firmados con la Asociación Arad y Proyecto Hombre que atendieron a 116 toxicómanos el año pasado, esta región identificó el problema de compartir información clínica con los médicos de las residencias de ancianos y la traba fue asimismo resuelta.

En Galicia, por ejemplo, los médicos de adicciones no están integrados en el servicio de salud de forma orgánica, pero sí integral, por lo que tienen acceso al sistema informático del Sergas y pueden acceder a las historias clínicas electrónicas, a las recetas y a las peticiones de pruebas. En Baleares, a excepción de Palma, la integración de los facultativos es igualmente parcial.

“El abordaje integral de las adicciones evita indicaciones contradictorias al paciente, problemas de salud mental y fenómenos asociados a la abstinencia como cuadros psicóticos. Además de ayudar a las familias, que están agotadas y frustradas”, recuerda Carlos Roncero, psiquiatra y presidente de la Sociedad de Patología Dual.

El colectivo vulnerable de 44.770 personas que consume metadona en España sufre un riesgo añadido por las disfunciones de los sistemas informáticos sanitarios autonómicos. Por ejemplo, cuando un paciente cambia de médico y este le receta benzodiacepinas —tranquilizantes— sin que el adicto recuerde en la consulta que toma metadona. “Cuando el enfermo acude a su médico de cabecera, la metadona no está reflejada en el sistema Diraya y este no puede estar avisado porque no hay comunicación directa”, alerta Edmundo Cartagena, médico en la barriada del Polígono Sur de Sevilla. Baena remacha al respecto: “En teoría el médico de familia puede buscar un módulo [del sistema informático] que le permite ver nuestro programa [de adicciones] pero eso no lo hace ninguno porque están muy mal de tiempo y no es operativo”.

Ese riesgo latente parece más probable en las ciudades que en los pueblos, donde los sanitarios conocen bien las caras de los adictos. “La combinación [tranquilizantes y metadona] puede pasar, aunque no soy consciente de que haya pasado. Por defecto no revisamos si tienen metadona prescrita, aunque de manera genérica negamos los tranquilizantes”, relata Ana Gómez, médica de urgencias en centros de salud sevillanos y vicepresidenta quinta del Colegio de Médicos de la capital andaluza. En Tarifa la situación es otra: “Si necesitamos información tenemos sus historiales y a todos los de metadona no se les da absolutamente nada, a veces placebo. Están muy controlados”, asegura Ángel Carlos Manzano, coordinador de cuidados del centro de salud de esa localidad gaditana.

En Andalucía en 2022 fallecieron 313 personas por mezcla de psicotrópicos, de los cuales 98 consumían metadona, según el último informe de la Junta al respecto publicado este verano. Este diario ha pedido al Gobierno el detalle de cuántos combinaron metadona y tranquilizantes, pero no ha obtenido el dato bajo el pretexto de que ya no lo publica. Eso sí, las estadísticas antiguas sí revelan que este cóctel letal mató en Andalucía a 59 personas en 2015 y fue la combinación más frecuente (el 31%) en los informes de las autopsias. Todas esas muertes no son imputables a las administraciones. Los adictos consumen metadona al margen de los circuitos oficiales porque otros no se la toman y la venden. Hoy, en las autopsias hay unas 35 muertes al año por policonsumo de drogas, según las cifras de los servicios de patología forense de los Institutos de Medicina Legal (IML) andaluces.

“Ya que no existe una especialidad reconocida de adiciones, resulta absolutamente increíble que al menos no exista un comité superior integrado, como en oncología, que se ocupe del protocolo de tratamiento y decidir quién actúa antes cuando existan comorbilidades. Es decir, cuando coinciden el alcohol, la cocaína, la depresión y problemas de hígado y corazón; complicaciones de adicciones, médicas y mentales. Los pacientes se encuentran con que hay tres puertas a las que llamar. Y a esto se añade el gran problema del estigma. Al final todo funciona en base a programas de buena voluntad. Ya es hora de que las autonomías pasen de las buenas palabras a los actos y den recursos para coordinarse”, apremia Fernando Rodríguez, investigador del Instituto Ibima de Málaga y excoordinador de la Red de Trastornos Adictivos.

La promesa de la Administración andaluza para dar un vuelco a la atención de las adicciones viene de lejos. En 2019 la Junta garantizó “una integración efectiva” de la atención a los 53.000 toxicómanos que hay en la región en el catálogo del Servicio Andaluz de Salud. “El adicto no es el vicioso, sino que es un enfermo crónico y esta patología tiene que estar integrada dentro del SAS, como cualquier otra (…) Es un tema que tengo clarísimo”, afirmó el exconsejero de Salud y Familias Jesús Aguirre, hoy presidente del Parlamento andaluz. Está por ver si un lustro después la actual consejera, Rocío Hernández, lo ve turbio o tan transparente como Aguirre y si se traduce en hechos.