El Gobierno intenta mantener puentes con Venezuela pese a las amenazas de Maduro y la presión del PP

Mientras el Ministerio de Exteriores intenta sofocar la crisis diplomática con Venezuela, el PP atiza el incendio. El ministro José Manuel Albares quitó hierro este viernes a la decisión de su homólogo venezolano, Iván Gil, de llamar a consultas a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez, y convocar al jefe de la misión española en Caracas, Ramón Santos, para expresarle su protesta. Se trata de “decisiones soberanas” del Gobierno venezolano ante las que “no hay nada que comentar”, dijo Albares a RNE, rechazando entrar en polémica.

Tras recibir al embajador español en la sede de su Ministerio, el canciller venezolano hizo pública una nota a través de su canal de Telegram en la que aseguraba haberle manifestado que su país “no permitirá ninguna acción injerencista por parte del Gobierno de España en asuntos que son de competencia exclusiva de los venezolanos y venezolanas” y “adoptará las medidas necesarias para proteger su soberanía”. De momento, sin embargo, la protesta se queda en el plano retórico y no incluye la adopción de ninguna medida práctica.

El detonante de las quejas de Caracas fueron unas palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien calificó de “dictadura” al régimen de Maduro, lo que no había hecho hasta ahora ningún miembro del Gobierno. En la presentación de un libro de Julia Navarro, Robles mencionó el jueves por la noche a los ucranios “masacrados por Putin”, a las mujeres afganas borradas de la vida pública por los talibanes y también “a los hombres y mujeres que han tenido que salir de Venezuela precisamente por la dictadura que viven”. Entre ellos, apostilló, Edmundo González Urrutia, el excandidato de la oposición y presumible ganador de las elecciones del 28 de julio asilado en España desde el pasado fin de semana.

Este último fue recibido el jueves en la Moncloa, pero el Gobierno tuvo exquisito cuidado en rebajar el perfil institucional de la visita –solo se distribuyeron unas imágenes en las que se veía al excandidato opositor y su hija paseando con Pedro Sánchez por los jardines de la residencia oficial— para no irritar a Maduro. Preguntado expresamente, Albares evitó calificar al régimen chavista de “dictadura”, como había hecho su compañera de Gabinete, alegando que el ministro de Exteriores “es la última persona que tiene que entrar a poner ningún tipo de calificativo” a un gobierno extranjero.

Exteriores multiplica sus esfuerzos para rebajar el suflé y evitar que se materialice la ruptura de relaciones diplomáticas, consulares y económicas entre los dos países con la que amenazó el miércoles Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo. El Gobierno, según las fuentes consultadas, no tiene ninguna intención de aplicar la reciprocidad y llamar a consultas a su embajador en Caracas, tal como ha sugerido el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. “Parece mentira que este Gobierno retirase al embajador de Argentina, que puede no gustarle al presidente Sánchez, pero es una democracia; y ,sin embargo, lo mantenga en Venezuela, que aunque Sánchez no lo vea es una dictadura”, declaró.

La razón es sencilla: el Gobierno no quiere volar sus vías de comunicación con el chavismo. Considera que la única salida a la crisis venezolana es un acuerdo negociado entre Maduro y la oposición, y quiere mantener la capacidad de interlocución con ambas partes, explican fuentes gubernamentales. Esas vías sirvieron para sacar del país el pasado sábado a Edmundo González Urrutia y su esposa y en los últimos años han permitido la excarcelación de un buen número de presos políticos, agregan.

Por el contrario, el PP cree que lo único eficaz es aumentar al máximo la presión sobre Maduro para forzarle a tirar la toalla. “El Gobierno no solamente ha desoído el resultado electoral en Venezuela, sino que ha desoído el mandato del Congreso de los Diputados para reconocer como presidente electo al ganador de las elecciones venezolanas”, dijo Alberto Núñez Feijóo, de visita en Atenas (Grecia), en alusión a la proposición no vinculante aprobada el miércoles por el pleno de la Cámara baja. El líder del PP se mostró convencido de que el Parlamento Europeo aprobará la próxima semana una resolución similar a la del Congreso que reconocerá a Edmundo González como presidente electo de Venezuela; lo que, apostilló, “es todo un mensaje a la política exterior española y al posicionamiento del señor Sánchez”.

Debate en el Parlamento Europeo el martes

El borrador de resolución presentado por el Partido Popular Europeo, a instancias de los populares españoles, insta “a todos los Estados miembros de la UE a que reconozcan a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela”. Y les pide que “hagan todo lo posible para garantizar que pueda asumir el cargo el 10 de enero de 2025″, cuando concluye el actual mandato presidencial de Maduro. Además, los populares reclaman a la UE y sus 27 Estados miembros “que soliciten una orden de arresto internacional contra Maduro por crímenes contra la humanidad” y apliquen sanciones al presidente venezolano, su círculo íntimo, sus familias y todos los responsables de violaciones de los derechos humanos en el país.

El texto no es definitivo, pues los grupos tienen de plazo hasta el lunes para presentar sus propias iniciativas y hasta el miércoles para anunciar una propuesta conjunta, ya que una resolución consensuada por diversas fuerzas tiene más garantías de éxito. Pese a estar preparando sus propios borradores, el PPE, los liberales de Renew y los socialdemócratas de S&D están en conversaciones con la idea de pactar un texto común para someterlo a votación el jueves, confirman fuentes parlamentarias.

Algo difícil, dada la disparidad de puntos de partida: la propuesta popular de que Edmundo González sea reconocido como presidente electo es una línea roja para S&D. Los socialdemócratas consideran que todavía queda margen para la negociación con Caracas; especialmente dado el apoyo de varios países de la región, con Brasil y Colombia a la cabeza, para buscar una solución negociada. Por ello, creen que reconocer al excandidato opositor como ganador de los comicios no solo va en contra de la actual posición común de la UE —no validar el triunfo de Maduro, pero tampoco el de González— sino que podría afectar a las negociaciones para encontrar una salida pactada.

Los expertos creen además que la inclusión, tanto en la propuesta que se debatirá en el Parlamento Europeo como en la presentada el pasado miércoles por el Grupo Popular en el Senado, de un llamamiento para que “se dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro” por crímenes contra la humanidad puede atornillar aún más en el cargo al mandatario venezolano por temor a acabar en prisión si se apea del poder.

En la lista de invitados al debate del Parlamento Europeo en Estrasburgo figura el nombre del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, convertido en portavoz de la oposición venezolana en España, pero por el momento no el del propio Edmundo González. Este último se reunió este viernes con dos expresidentes del Gobierno españoles: Mariano Rajoy y Felipe González. El primero, según fuentes de su entorno, le felicitó como “ganador” de los comicios y le transmitió su deseo de que la democracia se instale en su país “con él como presidente”: mientras que el segundo lo calificó de “presidente electo de Venezuela”, según informó la Fundación Felipe González.