Claves de una crisis llena de incertidumbres entre España y Venezuela

La ministra de Defensa, Margarita Robles, calificó el jueves de “dictadura” el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al recordar el exilio de millones de venezolanos como el líder opositor Edmundo González Urrutia, a quien el Ejecutivo español ha concedido asilo. Unas declaraciones tachadas de “insolentes, injerencistas y groseras” por el Gobierno de Maduro, que ha convocado al embajador español en Caracas, Ramón Santos, y ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez. Poco antes, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, pidió directamente romper todos los lazos con España: políticos, consulares y comerciales. Así pues, ambos países comienzan a pisar un terreno pantanoso que roza la crisis diplomática y en el que las relaciones bilaterales se tambalean. Pese a ello, fuentes gubernamentales descartan que, en reciprocidad, Exteriores decida llamar a consultas a su embajador en Caracas, informa Miguel González.

¿Qué significa llamar a consultas?

Llamar a consultas es una herramienta diplomática por la que un Gobierno le pide a su embajador en otro país que regrese urgentemente con el objetivo de abordar una situación concreta y darle instrucciones particulares. En este caso, el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de su canciller, Yván Gil, ha sido el que ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez. Este hecho deja a Venezuela sin embajadora en España, al menos temporalmente, por lo que el responsable de negocios pasará a ser el representante diplomático del país latinoamericano en Madrid. Se trata de un paso previo a una posible ruptura de relaciones internacionales.

¿Es lo mismo llamar a consultas que convocar?

No. Se “convoca” al embajador de otro país, no al propio. El Gobierno de Maduro ha convocado al embajador español, Ramón Santos, para trasladarle, en la sede del Ministerio de Exteriores venezolano, una queja formal. Esa queja se puede expresar de manera verbal o a través de documentos.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

El 28 de julio, Venezuela celebró elecciones presidenciales. Unos comicios cuyos resultados oficiales dieron como vencedor a Nicolás Maduro con un 51,9% de los votos frente al 43,1% del principal líder opositor, Edmundo González Urrutia, respaldado este por María Corina Machado. La mayor parte de la comunidad internacional y varios observadores electorales mostraron muy pronto sus dudas sobre la veracidad de ese resultado, y el régimen de Maduro no ha querido publicar las actas electorales que lo acreditarían, lo que dio fuerza a la oposición —que sí difundió miles de actas recabadas por su cuenta en las mesas electorales— para reclamar que el vencedor había sido González Urrutia. Varios actores políticos han pedido el reconocimiento de González como “presidente legítimo”, pero la UE se resiste a hacerlo, escarmentada, dice, por el precedente de lo ocurrido con Juan Guaidó, el líder opositor al que Bruselas reconoció como “presidente encargado” en 2019 para luego tener que dar marcha atrás.

Las protestas se extendieron por toda Venezuela, especialmente en Caracas, la capital. Según varias organizaciones sociales, hay ya una veintena de fallecidos y 2.000 detenidos.

¿Qué papel ha jugado y juega España?

Ante la delicada situación del líder opositor en Venezuela ―la Fiscalía lo llamó hasta tres veces por cinco presuntos delitos y tenía una orden de arresto, por lo que permanecía en un lugar secreto del país―, González decidió el pasado fin de semana poner rumbo a España, donde aterrizó en un avión del Ejército español para recibir asilo político. Poco después se reunió con el presidente, Pedro Sánchez, en La Moncloa. El martes, el PP llevó al pleno del Congreso la situación en Venezuela, forzando una votación para pedir el reconocimiento de Edmundo González como presidente “legítimo” del país latinoamericano. Una iniciativa no vinculante que los populares lograron sacar adelante gracias al apoyo del PNV. El Gobierno —único competente para tomar esa decisión— aún no se ha pronunciado, pero todas las declaraciones de sus ministros tratan de enfriar ese reconocimiento a la espera de ver los pasos que da la UE.

¿Habrá ruptura total?

El régimen de Maduro dio el miércoles una dura respuesta a la votación en el Congreso español sobre el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo. El presidente de la Asamblea Nacional (el Parlamento de Venezuela), Jorge Rodríguez, muy cercano a Maduro, exigió la ruptura total de relaciones con España. “Que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares, que se vayan de aquí todos los representantes del Gobierno de España”, clamó. En su discurso, Rodríguez pidió incluso que suspendieran los vuelos entre ambos países. Nada de esto, por el momento, ha ocurrido.

Y ahora... ¿qué?

Solo 24 horas después de esa votación en el Congreso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, tachó de “dictadura” el Gobierno de Maduro. Unas declaraciones que indignaron en Caracas y que son las que formalmente han llevado al canciller Yván Gil a convocar al embajador español en Venezuela, Ramón Santos, que ahora recibirá la consiguiente reprimenda, y llamar a consultas a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez, quien deberá viajar a Caracas en la mayor brevedad. Las relaciones entre España y Venezuela penden ahora de un hilo.

Este mismo viernes, Albares ha intentado bajar el suflé y en declaraciones a RNE ha calificado de “decisiones soberanas” las medidas adoptadas por su homólogo venezolano. Además, fuentes gubernamentales descartan que, en reciprocidad, Exteriores decida llamar a consultas a su embajador en Caracas.