Perelló reivindica el papel de la mujer en la Justicia y pide al poder político que no interfiera en el judicial

La foto que más se ha hecho esperar en la justicia española se ha producido por fin este jueves unos minutos antes de las 12.00 del mediodía: por primera vez, el Rey ha sido recibido a las puertas del Tribunal Supremo por una mujer. Isabel Perelló, la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del alto tribunal, ha ejercido de anfitriona del acto más solemne del curso judicial apenas 24 horas después de tomar posesión, tras el acuerdo alcanzado in extremis por los vocales progresistas y los conservadores del Consejo. La urgencia por cerrar ese pacto pasaba por evitar el cisma que hubiera supuesto para la imagen del recién renovado CGPJ haber llegado a la apertura del año judicial con la presidencia vacante mes y medio después de que el PSOE y el PP desbloquearan la renovación del órgano tras cinco años con el mandato prorrogado. La designación de Perelló ha sorteado ese abismo y la nueva presidenta ha pronunciado su primer discurso ante un repleto Salón de Plenos. “Recibo este nombramiento como un reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en la Administración de Justicia, cualesquiera que sean las funciones que desarrollen”, ha dicho.

Sin apenas tiempo para situarse en el cargo, el de Perelló ha sido un discurso muy breve, cuatro folios pronunciados en escasos 15 minutos, pero la nueva presidenta ha apuntado en él sus prioridades, entre otras recuperar al órgano de gobierno de los jueces y al Tribunal Supremo de los daños que han sufrido en los cinco años de bloqueo del CGPJ. Para lo primero, ha calificado como “esencial” que el Consejo lleve a cabo la “ingente labor” de cubrir el centenar de vacantes existentes en la cúpula judicial, 27 de ellas en el alto tribunal. Perelló, que además de ser la primera mujer que asume el cargo ostenta la primera presidencia de perfil progresista en 28 años, se ha comprometido a que los nombramientos pendientes se harán “con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad”. “Tenemos la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados nos lleve a la elección de los mejores profesionales”, ha dicho.

En un discurso dirigido a los jueces, pero también a los representantes políticos presentes en el acto, entre ellos el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la vicepresidenta Yolanda Díaz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Perelló ha reivindicado la independencia de la carrera judicial. “Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de Derecho”, ha advertido, para apelar luego directamente a los partidos, a los que ha hecho “un llamamiento” para que respeten el trabajo que los jueces. “Las posibles irregularidades que pudieran producirse en el ejercicio de la función jurisdiccional tienen sus propios mecanismos de corrección a través de las vías de impugnación previstas en las leyes procesales”. Perelló ha pedido que se eviten “ataques injustificados, que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia o de sus integrantes”.

En un discurso con reiteradas apelaciones a la igualdad de la mujer en la Administración de Justicia, la nueva presidenta ha advertido de que, aunque su elección es un “hecho histórico”, queda “mucho por hacer”. “Tuvimos que esperar al siglo XXI para llegar al Tribunal Supremo. Aun así, queda mucho camino por recorrer: las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales”, ha advertido, antes de lanzar un mensaje de “reconocimiento y agradecimiento” a todas las mujeres que a lo largo de la historia “han luchado por la defensa del derecho a la igualdad y por acabar con de la inmerecida invisibilidad a la que se han visto sometidas las mujeres en los distintos ámbitos de la vida profesional y social”.

Antes de Perelló, ha intervenido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha alertado del peligro de sembrar el odio contra los menores migrantes ―”será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o de niñas migrantes, nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía”— y ha avisado del “alarmante número de suspensiones de juicios” que ralentizan la actividad del Estado frente a la criminalidad y desalientan a profesionales y víctimas.

García Ortiz ha reivindicado la actuación “imparcial” y “sometida exclusivamente al imperio de la ley” del ministerio público, y ha apelado a un “cambio de modelo procesal penal” que combata la “ineficacia de un sistema obsoleto y perturbador”. Para ese cambio, en el que los juzgados son el filtro único, ha defendido el papel de la Fiscalía en el proceso penal y “su necesaria e imprescindible intervención”. “Reivindico que la Fiscalía española en su conjunto, que los y las fiscales no se limiten a seguir o asumir el criterio de los tribunales, sino que lo enriquezcan son sus aportaciones, que contribuyan al avance del derecho”. “Nunca será la Fiscalía, órgano de naturaleza constitucional, un elemento de distorsión del sistema”, ha añadido. “Somos —y podemos ser aún más— un potente instrumento de transformación sin otra pretensión que la de la aplicación estricta de la ley”.

Durante su discurso, de unos 40 minutos de duración, también ha pedido una reflexión sobre el uso de la acción popular en los procedimientos dado que “aumenta el riesgo de las investigaciones prospectivas” y “pervierte el esquema natural” de que solo deberían llegar a los tribunales, al proceso, investigaciones “en las que concurren poderosos indicios de responsabilidad criminal”. También se ha referido al acceso general de la población al Tribunal Supremo, como un sistema no sostenible, y contribuye, a su entender, “a fomentar la utilización del proceso con fines espurios”. El fiscal ha presentado oficialmente la memoria del ministerio público, de la que ha destacado el incremento del 11,1% de las diligencias totales con respecto a 2022, y en la que los delitos contra la vida suponen un 31% de los casos y un 20%, los delitos contra el patrimonio.