30 horas frenéticas para detener al presunto asesino del niño Mateo

Un crimen absurdo, sin motivo aparente, contra un pequeño de 11 años; una horda extremista dispuesta a sacar partido de él y un país estupefacto. El asesinato, el pasado domingo, del niño Mateo en Mocejón (Toledo), apuñalado cuando jugaba al fútbol con sus amigos, ha supuesto una sacudida que ha durado una semana. La campaña de bulos orquestada por elementos de extrema derecha y que responsabilizaba del crimen a los inmigrantes, puso a fuego vivo una olla a presión social y mediática. La rapidez de la investigación de la Guardia Civil ―y las llamadas a la calma de la familia de la víctima― impidieron que derivara en el estallido violento contra los extranjeros que parecían buscar los ultras.

¿Cómo se explicaba que un niño de 11 años, de una familia querida del pueblo hubiera sido atacado de esa forma por un joven con el rostro cubierto? Al instante brotaron los rumores, algunos con ánimo de ayudar, pero también los comentarios malintencionados. Los investigadores recibieron “un torrente de información” de personas que alertaban de coches sospechosos en Sevilla, Cádiz o Madrid, o de cuchillos situados a 200 kilómetros de la zona de investigación. Se habló de yihadismo, de bandas latinas. Se habló de un Ford Mondeo gris en el que el autor supuestamente huyó. Nada de eso sucedió. El responsable salió corriendo del recinto, por la parte de atrás, donde hay un vallado con varios agujeros.

Apenas tres horas después del suceso, el eurodiputado ultra Alvise Pérez lo vinculaba en su canal de Telegram, con casi 700.000 seguidores, al apuñalamiento de un chico de 16 años en Madrid supuestamente por “cinco menas”, en referencia a los menores extranjeros no acompañados. Cinco horas más tarde, esta vez en la red social X, lo relacionó con la llegada de 50 migrantes africanos a un hotel de la localidad, cuyo nombre facilitó. Estos comentarios y otros del mismo tenor en algunas cuentas difusoras habituales de bulos de extrema derecha eran replicadas posteriormente por otras, generalmente anónimas, que incluso llamaban a “matar” a los extranjeros.

En medio de esta caldera, que recordaba a los disturbios racistas del Reino Unido de comienzos de mes, discurren las primeras horas de la investigación. “Se nos exige una respuesta muy inmediata, y que todo se haga rápido y bien”, resume el capitán Valentín Martínez-Reche, responsable de policía judicial de la Guardia Civil de Toledo. “Han dicho barbaridades, (…) pero nosotros nos tenemos que centrar en nuestro trabajo”, añade. Todo el personal de la unidad, aunque estuviera de vacaciones o descanso, se puso manos a la obra. Se formó un equipo de unas 20 personas que asumió el grueso de la investigación, pero en total pudieron participar entre 50 y 100 agentes, contando con otras unidades de la comandancia y grupos especializados desplazados desde Madrid.

El Ayuntamiento cedió a los investigadores las instalaciones del polideportivo Ángel Tardío, donde Mateo fue atacado a las 10.00 del domingo. Allí, bajo la zona techada de la piscina, organizaron los equipos que tomaron declaración a los testigos y se emplearon en recabar las imágenes de cámaras de seguridad de la zona, algo que no resultó fácil en un festivo de agosto. En la misma tarde del domingo, los especialistas en actividadesw subacuáticas examinaron palmo a palmo una acequia de hormigón de unos dos metros con aguas fangosas, en busca del arma.

En ese momento, los investigadores no habían puesto aún nombre y apellidos al agresor, pero tenían indicios de que había huido por la ruta del canal y ya contaban con alguna imagen y un descripción física: un joven delgado y de piel blanca. “Nadie era capaz de decirnos quién era”, recuerda el jefe de la investigación, que se reserva los detalles de cómo llegaron a encajar esa pieza. Los testimonios más relevantes fueron los de los niños que presenciaron los hechos, pero también de otros vecinos que lo habñian visto caminando. “Los ciudadanos de Mocejón pueden estar orgullosos porque han colaborado de forma importante”, añade el capitán Martínez-Reche, que incide en que ha sido un trabajo colectivo y extiende su agradecimiento al Ayuntamiento de Mocejón y la Diputación de Toledo.

En plena vorágine investigadora, Asell Sánchez, primo y portavoz de la familia de Mateo, pidió que cesase la “criminalización” de los migrantes. La familia de la víctima, que regenta una panadería en el pueblo, estaba informada de quién era el sospechoso, pero no podía revelarlo, según explicaría después su portavoz. Treinta horas después de iniciarse las pesquisas, los agentes lo habían identificado: Juan P. C., un joven español de 20 años, con una discapacidad intelectual. Los agentes llamaron el lunes a las 15,10 al timbre del chalé unifamiliar de la calle Dalí y les abrió la puerta su padre, Fernando. El hombre, que había dejado su uniforme de vigilante de seguridad tirado en la mesa del salón, intentaba dormir la siesta. Padre e hijo habían comido como siempre en la casa de la abuela, antes de regresar juntos a la suya. Juan, que estaba en la planta de arriba, bajó para escuchar a los guardias, tal y como le pidió su padre. Las preguntas eran tan precisas que Fernando abandonó pronto su idea de que podía tratarse de un error. La casa quedó patas arriba tras el registro policial. De allí salió su hijo, esposado, rumbo a la vivienda de la abuela para una nueva inspección.

En esas actuaciones, practicadas durante toda la tarde del lunes, los investigadores localizaron ropa y calzado del joven que Dylan, el perro de la Guardia Civil especializado en detección de restos biológicos humanos, marcó como positivos. Ahora serán los servicios de laboratorio de criminalística la Guardia Civil quienes determinen si esos restos pertenecen a la víctima.

El joven detenido reconoció los hechos ante los agentes, coinciden varias fuentes. Una vez en la Comandancia, y con una abogada de oficio, se acogió a su derecho a no declarar. Juan es hijo y nieto de mocejoneros, aunque desde que sus padres se separaron hace nueve años vivía en Madrid con su madre. Según el padre, siempre le consideraron como “el raro del pueblo”. “No le han tratado con amor”, declaró. Fernando explicó a EL PAÍS el martes que el joven tiene una discapacidad que no terminó de especificar, pero que definía como del 70% o 75%. Juan, en palabras de Fernando, “necesitaba el campo para estar bien”. Víctima y detenido no guardaban ninguna relación, explica el entorno de Juan, más allá de haberse podido cruzar ocasionalmente por las calles de Mocejón.

Tras conocerse la identidad del supuesto asesino, los bulos ultras amainaron, pero no desaparecieron del todo, esta vez en forma de nuevas teorías de la conspiración que negaban la validez de la versión policial. El portavoz de la familia, que dirige un programa en 13TV, canal propiedad de la Conferencia Episcopal, en el que informa de la labor de los misioneros católicos en el mundo, rompió a llorar el lunes por la noche ante los micrófonos de la Cope al relatar el acoso y las amenazas que estaba sufriendo por pedir que cesasen los bulos avivados por los grupos ultras.

El martes, al día siguiente de la detención, la Fiscalía anunció que estudiaba la “trascendencia jurídico penal” de varios mensajes difundidos sobre todo a través de redes sociales, en los que se “criminaliza de forma generalizada” a personas extranjeras con “mensajes falsos”. El mero anuncio de esta investigación del ministerio público por delito de odio hizo que muchos de quienes propagaron esos mensajes racistas los borraran o incluso cerraran sus cuentas.

De forma paralela a la detención, seguían los trabajos para buscar el arma, para lo que desbrozaron alrededor de 15 metros a cada lado del supuesto camino de huida del sospechoso para que personal especializado de Madrid, a 40 grados a la sombra, pasara detectores de metales muy especializados. También continuaron examinando los lodos del canal.

Un operario municipal de limpieza halló el miércoles poco antes de las 10.00 un cuchillo en un descampado cercano a la casa del padre del sospechoso y avisó a los investigadores. El arma blanca, de punta afilada y mango marrón, como los que se usan para partir filetes, fue examinada por el perro Dylan y también la señaló como que tenía restos biológicos humanos. Además, sus características coincidían con las descripciones que dieron los niños que presenciaron el crimen. Los agentes tienen “indicios importantes” de que pueda ser el arma homicida. Ha sido enviada para que se le realicen estudios y se busquen restos de ADN. Se levantó el dispositivo al considerar que ya habían reunido “indicios sólidos” que presentar ante el juez.

Este jueves, cuando el joven de 20 años pasó a disposición judicial en Toledo, el instructor de la causa decretó su ingreso en prisión y pidió que se le realizara un dictamen forense sobre su imputabilidad, para conocer si puede responder por sus actos o no. “Es importante que se lleve a cabo una evaluación temprana del detenido, de forma que pueda servir para posteriores informes periciales y también solicitar la documentación a otros centros en los que haya sido tratado”, subraya el abogado Carlos Sardinero, que ha participado en muchas causas en las que las enfermedades mentales han tenido un papel protagonista, algo que en el caso de Mocejón todavía no se ha determinado, ya que solo se ha acreditado que sufre una discapacidad intelectual. Si los informes forenses determinan que en ese momento no era responsable de sus actos, se podría aplicar una eximente total o parcial que rebajara o incluso eludiera una sentencia condenatoria.

El viernes, un día después del entierro de Mateo, el portavoz de la familia publicó un nuevo comunicado en Instagram. “Ojalá esta situación sirva para hacernos recapacitar como sociedad, que se cuide como debe la salud de nuestros enfermos mentales y que se acabe con el odio, la xenofobia, la homofobia y cualquier tipo de violencia. Que ninguna familia tenga que pasar por lo que estamos pasando nosotros”, pidió.

El porqué del crimen, la pregunta que todos se hacen, sigue en el aire. “No lo sabemos y no sé si lo llegaremos a saber”, reconoce el capitán Martínez-Reche.