Libertad con medidas cautelares para los seis acusados por error del asesinato de dos guardias civiles en Barbate

Exonerados en mayo del asesinato y, ahora, excarcelados. La jueza María Eulalia Chanfreut ha ordenado este martes la puesta en libertad provisional de los seis hombres que fueron detenidos y acusados por error del asesinato el 9 de febrero de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez, que fallecieron arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz), según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No obstante, todos ellos seguirán imputados en otra causa que se instruye en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad gaditana por los delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, resistencia y desobediencia, después de que en su declaración judicial tras ser arrestados —en la que negaron su participación en el crimen— admitieran que aquel día estaban a bordo de una narcolancha. Por ello, a todos ellos se le han impuesto medidas cautelares, como una comparecencia semanal en sede judicial, la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de España. La Fiscalía había remitido un escrito al juzgado en el que señalaba que, en el punto en el que se encuentra la investigación, no se oponía a la puesta en libertad provisional de los encarcelados.

La decisión del la magistrada Chanfreut ―que inició la instrucción de la causa y que ejerce de apoyo en el juzgado― se produce dos meses después de que un informe elaborado por un equipo conjunto de la Comandancia de Cádiz y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil diera un vuelco a la investigación del doble crimen. En sus conclusiones, el documento policial rectificaba las conclusiones iniciales de las pesquisas y concluía que ninguno de los seis primeros detenidos participó en el ataque a los agentes, tras constatar que la narcolancha en la que viajaban ―y que fue localizada en una playa de La Línea de la Concepción horas después― no fue la que embistió a la zódiac en la que iban los dos agentes fallecidos y otros cuatro compañeros que resultaron heridos. El informe de la Guardia Civil apuntaba a otra embarcación de alta velocidad tripulada por al menos tres personas, aún no detenidas, como la verdadera responsable del trágico abordaje. En estos momentos las sospechas se centran en los ocupantes de una que fue interceptada semanas después en aguas de la costa de Huelva.

Pese a aquel informe exculpatorio, en las semanas siguientes la magistrada rechazó todas las peticiones de excarcelación que hicieron los abogados de las defensas, al considerar que, si bien sobre ellos no recaía ya la acusación de asesinato, seguían acusados de otros delitos de gravedad que podían suponer penas de hasta ocho años y medio de cárcel y, por tanto, existía riesgo de fuga. La jueza consideró insuficiente el supuesto arraigo de los detenidos en la provincia de Cádiz que habían alegado sus defensas. En este sentido, la magistrada señaló que uno de ellos, David N., tiene antecedentes policiales y estaba siendo investigado en otros dos procedimientos judiciales. En el caso del piloto de la embarcación, Francisco Javier M. P., alias Kiko el Cabra, también tuvo en cuenta que contaba con antecedentes judiciales ―había sido condenado por un delito de violencia de género poco antes― y que tenía pendiente otra causa por un presunto delito de narcotráfico.

Sin embargo, el pasado 10 de julio, el titular del juzgado, Ángel Rojas, dictó un auto en el que, tras considerar que había quedado “descartada plenamente la participación de los investigados” en la embestida de la narcolancha a la embarcación zódiac de la Guardia Civil, decidía “centrar con claridad el objeto del presente procedimiento” únicamente en el asesinato de los dos agentes. Por ello, acordaba que de esta causa se desgajara un nuevo procedimiento para investigar a los seis detenidos por los otros delitos por los que estaban acusados. Hay, además, una tercera investigación abierta en el mismo juzgado por el trágico suceso, en este caso para investigar las supuestas deficiencias en el operativo desplegado por el instituto armado aquel día y que salpica a altos mandos de la Guardia Civil en Andalucía.