Guardia Civil y Fiscalía defienden la investigación que llevó a las primeras detenciones de Barbate

La Guardia Civil y la Fiscalía ha defendido este jueves la investigación que desembocó en las primeras detenciones por el asesinato de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez, arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero, después de que un nuevo informe de la Guardia Civil haya rectificado las conclusiones iniciales y concluido que los seis detenidos y encarcelados por el doble crimen no participaron en el suceso. El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha asegurado que “no se actuó con precipitación”. “Actuamos inmediatamente con los datos que teníamos en ese momento”, ha manifestado durante una visita a Algeciras, donde se ha reunido con los mandos encargados del Plan Especial del Campo de Gibraltar. “Nuestro trabajo y nuestro compromiso es averiguar y poner a disposición de la justicia a todos los responsables”, ha subrayado, antes de mostrar su convencimiento de que los autores de doble crimen serán arrestados.

En la misma línea, la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, ha subrayado que durante la instrucción se tuvo en cuenta la versión exculpatoria de los encarcelados, quienes durante su declaración en el juzgado admitieron haber estado aquella noche en el puerto a bordo de una narcolancha, pero negaron tajantemente ser los tripulantes de la que causó la muerte. “Toda investigación penal es un proceso dinámico, en el curso del cual van concretándose indicios, apareciendo otros o, como en este caso, descartándose algunos. Se trata de algo absolutamente normal, porque la Justicia requiere su tiempo y no es instantánea”, ha añadido. El ministerio público ha asumido la tesis del nuevo informe de la Guardia Civil, aunque se inclina por mantener en prisión preventiva a los detenidos al considerar que los otros dos delitos por los que son investigados ―contrabando y organización criminal― están castigados con penas de hasta siete años de cárcel que justifican que permanezcan en prisión provisional. Las defensas, que en los últimos meses han visto cómo eran rechazados sus anteriores peticiones de libertad, han comenzado a tramitar nuevos recursos sustentados en el informe de la Guardia Civil.

El documento policial que ha exonerado a los seis detenidos ha sido elaborado por un equipo conjunto creado el pasado 19 de marzo en el que se integraron agentes de la Comandancia de Cádiz ―que son los que iniciaron las pesquisas que desembocaron en los arrestos― y especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporados más tarde. Según detallan en el informe, el grupo instauró “una metodología concreta de trabajo” que hizo una “pormenorizada y objetiva revisión de toda la información con el fin último de realizar un análisis imparcial y un exhaustivo estudio de la misma sin ningún condicionante al respecto de las conclusiones alcanzadas hasta ese momento”. Con ello, continúa los investigadores, pretendían “obtener una nueva visión más amplia que permita arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon los graves hechos que desencadenaron en el fatal desenlace”. Para ello, hicieron “un minucioso estudio de todo lo instruido por los primeros agentes policiales que tomaron parte en las pesquisas”, así como los diferentes informes de criminalística realizados de la narcolancha que ocupaban los primeros detenidos, y que fue localizada en una playa de La Línea de Concepción (Cádiz). Además, hicieron “un nuevo análisis de las grabaciones [de vídeo] preservadas y demás registros técnicos y/o telefónicos”. El resultado final es el informe final que ha dado un vuelco a las pesquisas

“Si determinamos que los datos que conocemos en un momento determinado nos obligan a cambiar o a incluir nuevas líneas de investigación, lo hacemos sin ningún problema, porque ese es nuestro trabajo y nuestra obligación, proveer a las autoridades judiciales de toda la información necesaria para asegurarnos que ese grupo criminal sea totalmente desarticulado”, ha afirmado el director de la Guardia Civil en declaraciones recogidas por Europa Press. Por su parte, la fiscal Villagómez ha manifestado que “desde el primer momento” se tuvo en cuenta tanto por parte de los investigadores como por el juez instructor y el ministerio fiscal “el descargo” ofrecido por los investigados y sus defensas. “En un primer momento, había elementos para sostener la imputación de los investigados”, explica, en referencia a los cargos por el asesinato de los dos guardias civiles y otros cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa contra los otros agentes que ocupaban la embarcación de la Guardia Civil. “Pero una investigación exhaustiva puede dar lugar al hallazgo de nuevos datos y nuevas conclusiones (…) Podemos concluir que los investigados no son los autores. Esto no indica que la guardia civil haya actuado de manera imparcial y profesional, pues lo único que buscan es la verdad”, ha añadido la representante fiscal, que no considera que deba variar la medida cautelar de prisión preventiva adoptada el pasado febrero. “La Justicia requiere su tiempo y no es instantánea”, ha añadido.

Las defensas de al menos cuatro de los seis encarcelados han pedido en las últimas horas o tramitarán en breve una petición de puesta en libertad de sus defendidos amparándose en los resultados del informe pericial de la Guardia Civil. Varias fuentes consultadas coinciden en la percepción de que, a pesar del giro de los acontecimientos, los efectos todavía tardarán tiempo en llegar a sus clientes. Tampoco están de acuerdo con la posición que mantiene la Fiscalía de Cádiz, contraria a su puesta en libertad amparándose en que los delitos que aún se les imputa. “La gravedad de los hechos que se le atribuyen ha cambiado sustancialmente. Ya no son dos asesinatos”, explica el abogado Manuel Manzaneque, encargado de la defensa de uno de los encarcelados en prisión preventiva desde el pasado febrero. “Este fin de semana hemos tenido cuatro detenidos en otra Embarcación de Alta Velocidad (EAV) en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y han puesto a tres en libertad, a los marineros los han puesto en libertad”, explica. “Al ser un caso mediático, se rige con otros parámetros diferentes”, valora.

Los abogados defensores, que han trabajado en bloque, vienen insistiendo desde el inicio en la inocencia de sus clientes. Uno de esos letrados presentó en abril un informe pericial en el que ya se hacía una reconstrucción en vídeo del ataque mortal a la lancha de los guardias civiles tomando como referencia las diferentes grabaciones que tenían disponibles, incluidas las de sus clientes, y en el que se mejoraba la calidad de las imágenes para tratar de identificar a las narcolanchas que intervinieron en el suceso. “Si la UCO no llega a intervenir, nuestro informe pericial, que estaba muy fundamentado técnicamente y era muy esclarecedor, quizás no habría sido tenido en cuenta con la fortaleza de la que goza ahora”, añade el letrado Manzaneque. “Ese informe de la Unidad Central Operativa deriva de nuestro propio informe pericial, al que respalda por completo, al comprobar que los vídeos que se aportaron eran auténticos y no estaban manipulados”, completa. ”La propia UCO ha puesto las cosas en su lugar”, mantiene, después de considerar que, hasta el momento, “no había pruebas” y “las pruebas han resultado ser dudosas”.