Bronca política en Marbella tras el sexto tiroteo entre narcos en dos meses

Las balas de los narcos han desatado la bronca política en Marbella. Los seis tiroteos registrados en menos de dos meses en la ciudad malagueña han ahondado la herida abierta entre el Ayuntamiento, dirigido por la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP), y el Gobierno de Pedro Sánchez. La regidora, que suele ser comedida en sus comentarios sobre el crimen organizado, dijo el lunes que tras los últimos tiroteos la localidad “tiene que ser una prioridad” para la Policía Nacional. El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, le ha respondido este miércoles en un tono muy duro: ha afirmado que las manifestaciones de Muñoz son “impresentables e indignas” porque la localidad ya es prioritaria para las fuerzas de seguridad; y ha recordado la puesta en marcha reciente del Plan Marbella, centrado en la lucha contra unas organizaciones criminales cuyos miembros, según fuentes policiales, van cada vez más armados. Ambas partes se reunirán en la Junta de Seguridad Local el 25 de abril.

El pasado sábado, un hombre de 34 años y nacionalidad albanesa resultó malherido al recibir varios disparos en un restaurante de la urbanización Guadalmina, una de las zonas de lujo de Marbella. Los autores del intento de asesinato huyeron en un vehículo y la víctima fue ingresada, en estado grave, en el Hospital Costa del Sol, y más tarde trasladada a Málaga. Fue el sexto tiroteo en el municipio malagueño en dos meses —a los que se suman otros dos en la vecina Mijas—, con un resultado de cuatro hombres jóvenes heridos. Una situación que fuentes policiales achacan al gran número de grupos criminales asentados en territorio marbellí, a sus disputas por el territorio o la mercancía y a “la facilidad” con la que los narcotraficantes implicados, que suelen tener entre 20 y 30 años, utilizan sus armas para resolver cualquier problema. “Los últimos hechos tienen perfiles y grupos distintos”, explica un agente, que destaca que “son hechos sin conexión”.

Ángeles Muñoz reclamó el lunes “medidas” ante una situación que supone que la ciudad, de 150.000 habitantes, viva prácticamente un incidente con armas de fuego cada semana. “Este tipo de actuaciones trascienden la información que tiene el Ayuntamiento y se tienen que atajar con la eficacia que, estamos convencidos, tiene la propia policía y que podamos resolverlos cuanto antes”, dijo, para más tarde insistir en que “Marbella tiene que ser una prioridad” para la Policía Nacional. Solicitó también que sus agentes compartan información con la Policía Local, “para mejorar la cooperación” e impedir que la imagen que tiene la localidad como destino turístico y residencial se vea dañada. Ángel González, senador popular por Málaga, advirtió igualmente del “preocupante aumento de la criminalidad” en la provincia, e hizo mención a los robos, la llegada de narcolanchas a Manilva y los tiroteos de Marbella.

La respuesta del Gobierno ha tardado dos días después. El subdelegado, Javier Salas, ha afirmado que Muñoz “ha faltado el respeto a las mujeres y hombres de la Policía Nacional que se juegan la vida cada día para proteger a los vecinos y vecinas de Marbella”, con unas declaraciones que considera “impresentables e indignas de un representante institucional”. “Marbella ya es una prioridad [para las fuerzas de seguridad]”, ha remarcado. En su opinión, la alcaldesa “en lo único que está es en enredar y confrontar con el Gobierno de España”. También ha recordado la presunta implicación de los familiares de Muñoz en una trama de blanqueo de capitales y narcotráfico por la que la Fiscalía pide 22 años de cárcel para su hijastro.

Más policías en la calle

El Ministerio del Interior puso en marcha la semana pasada el llamado Plan Marbella como respuesta al repunte de tiroteos en la localidad. No proporcionó datos oficiales (“para no dar más información de la cuenta a los delincuentes”, según fuentes policiales), pero desde la Policía Nacional se apunta a que han llegado entre 30 y 40 agentes nuevos. Proceden de las plantillas de Granada y Almería y forman parte de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como antidisturbios. Esos refuerzos permitirán realizar controles de vehículos y personas en lugares y horarios aleatorios, como en las urbanizaciones desperdigadas que pueblan el entorno del casco urbano marbellí. “A efectos prácticos, el Plan Marbella va a suponer una mayor presencia policial uniformada en la vía pública”, explicaron desde la Comisaría Provincial de Málaga.

El territorio cuenta ya con agentes especializados en largas y complejas investigaciones, como los adscritos a la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) y también el Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco), que va camino de cumplir ya dos décadas operativo. Fuentes de estos equipos, que evitan entrar en polémicas políticas, aseguran que las investigaciones en marcha relacionadas con los seis tiroteos de los dos últimos meses avanzan y que “todos los implicados caerán” antes o después. De hecho, dos de los incidentes ya han dado lugar a detenciones: tres ciudadanos suecos han sido acusados de disparar contra un compatriota en el distrito Nueva Andalucía el pasado 10 de febrero, en un enfrentamiento entre clanes originarios de Suecia; y otras dos personas han sido arrestadas por su implicación en un ataque a tiros contra un restaurante.