Caso Daniel Sancho, un imponente despliegue mediático para un juicio casi secreto

El tribunal provincial de la isla tailandesa de Samui, donde la semana pasada comenzó el juicio al español Daniel Sancho por la muerte y el descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha eclipsado en estos primeros días a los principales atractivos turísticos de la segunda isla más grande de Tailandia, conocida por sus playas bordeadas de palmeras, sus cocoteros y sus lujosos resorts. Este edificio judicial gris, con un tejado a dos aguas y una ancha escalera de 31 peldaños, se ha llevado todos los flashes de la treintena de periodistas desplazados al lugar para cubrir el juicio, que se han quedado en la calle porque el juez ha decretado que se celebre a puerta cerrada y ha prohibido que se difundan detalles sobre lo que ocurre en el interior de la sala.

El caso, que en los ocho meses previos de instrucción ya suscitó una gran expectación mediática, ha comenzado a juzgarse “con normalidad” y sin ningún cambio de postura de las partes, según las fuentes consultadas. Las diferencias de usos y costumbres han tenido mucho peso en un proceso judicial sujeto a unas normas a las que los abogados y medios de comunicación españoles no están habituados, especialmente en un caso como este, en el que el acusado es hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de otro célebre intérprete, el ya fallecido Sancho Gracia, que se hizo popular gracias al personaje de Curro Jiménez.

Sin mirar directamente al juez

En la sala, por ejemplo, no se puede mirar directamente a la cara al presidente del tribunal, ni cruzar las piernas, porque se considera una falta de respeto o un desafío, según explican fuentes jurídicas. Sí que se permite que la persona juzgada hable con sus familiares e interrogue a los testigos, o que el fiscal intercambie documentación e impresiones con los abogados durante la vista. “Es un juicio superhermético”, señalan estas fuentes. El presidente del tribunal ordenó retirar los móviles y cachear a las 20 o 25 personas que pudieron entrar en la sala los primeros días, y advirtió a los presentes de que no se podía contar nada de lo que ocurría allí dentro. Los abogados fueron advertidos de las consecuencias legales que podrían tener romper ese secreto.

El crimen fue cometido el pasado agosto en la cercana isla de Phangan, a 45 minutos de Samui. Daniel Sancho, de 29 años, y Edwin Arrieta, de 44, compartían una habitación de hotel en vísperas de las famosas fiestas de la luna llena, en la que las playas tailandesas se llenan de gente celebrando con música hasta el amanecer. Tanto la Fiscalía como la Policía del país acusan a Sancho de asesinato premeditado, ya que poseen grabaciones y testimonios que indican que compró cuchillos, una sierra y productos de limpieza antes de la muerte de Arrieta. Y ese delito, el asesinato premeditado, acarrea en Tailandia la pena de muerte o, en el mejor de los casos, cadena perpetua. La defensa mantiene, por el contrario, que se trató de una muerte accidental, tras una pelea, y que la víctima había amenazado al acusado e intentado agredirle sexualmente. Sí admite Sancho que, al producirse la muerte de Arrieta, él desmembró el cuerpo y ocultó los restos.

En la puerta del tribunal, un enjambre de periodistas, entre ellos varios de medios españoles, han aguardado algo de información en unas largas jornadas en las que se han alcanzado los 40 grados. Los interrogatorios han sido extensos. “Se puede preguntar infinitamente, cada testigo puede estar una media de dos horas”, cuentan las mismas fuentes, que inciden en que el proceso está siendo muy garantista. También ha habido problemas con las traducciones, ya que la intérprete oficial de español entraba por videoconferencia desde Bangkok. “Quince minutos de explicaciones en tailandés se quedaban reducidos a dos en castellano. Estar seguro de frases concretas es muy complicado”, añaden.

La sala es “como una capilla” presidida por dos jueces. Al lado derecho se sitúa la defensa; al izquierdo, la acusación, ejercida por un fiscal y su auxiliar, y la coacusación, que representa a la familia del fallecido Edwin Arrieta.

Daniel Sancho ocupó su lugar con grilletes en pies y manos. “Tiene el pelo corto, pero buen aspecto de salud”, señalan estas fuentes, que se reconocen impresionadas por el grosor de las cadenas que el acusado arrastraba. Sancho acudió vestido con un pantalón y camiseta de manga corta en tonos marrones, un color que identifica a los presos preventivos en el sistema penitenciario tailandés. Los condenados visten de azul y ambos están mezclados en las prisiones, algo que no ocurre en España.

En las primeras tres sesiones han declarado los testigos propuestos por la Fiscalía, como las cajeras del supermercado y la ferretería en los que Sancho compró cuchillos, una sierra y una serie de productos de limpieza, o una trabajadora del vertedero municipal en el que se encontraron los primeros restos de Edwin Arrieta.

El cerrojazo informativo contrasta con el perfil de los abogados que participan en el caso, habituales en los medios de comunicación y en redes sociales. Todos hacen malabares para no enfadar al tribunal al explicar a los periodistas sus posiciones en el juicio. “Se han dicho muchas cosas: que Daniel ha tenido una postura arrogante, que ha increpado a testigos de malas formas... Eso no es verdad. Creo que con esto no estoy desvelando nada que sea sustancial a lo que ha pasado en la sala, pero es que no se pueden decir estas cosas”, protestaba con vehemencia este viernes en RTVE Carmen Balfagón, abogada, criminóloga y portavoz de los padres de Daniel Sancho. Fuentes del despacho Balfagón & Chippirrás también han desmentido que el presidente del tribunal le haya dicho a Sancho “muchos sabemos para qué utilizaste los cuchillos”.

El penalista Juan Gonzalo Ospina, que representa en España a la familia de Edwin Arrrieta y ha viajado a Samui para asistir a las primeras jornadas del juicio, también ha negado que le hubieran echado de la sala. “Ha sido una mentira, un malentendido (...). Lo que sí ha existido ha sido un fuerte cierre sobre cualquier información. Fue un apercibiendo de que en Tailandia guardan un secretismo prácticamente absoluto sobre lo sucedido en la sala”, explicaba en otra intervención, en el mismo programa de RTVE, el jueves. “Me gustaría no entrar en detalles porque tengo ganas de volver a nuestro querido país”, añadió Ospina.

El martes, primer día del juicio, se estrenó un documental de HBO Max en el que Rodolfo Sancho cuenta por primera vez cómo ha vivido el proceso y su lucha para formar “un equipo potente” con el que poder ayudar a su hijo. La defensa que ha armado el actor ―en la que participan dos bufetes españoles y un grupo de asesores en Tailandia, además de un abogado de oficio― ha supuesto un importante desembolso económico. Balfagón, su portavoz, ha reconocido que la entrevista del documental se concedió para sufragar los costosos gastos del juicio. El penalista Marcos García-Montes, que ha participado en casos muy recordados representando a la madre de Rocío Wanninkhof, asesinada en Mijas (Málaga) en 1999, o defendiendo a Rafael Rafi Escobedo por el asesinato de los marqueses de Urquijo en 1980, también tiene previsto viajar a Tailandia al final del juicio, para ayudar en la defensa. “Confiamos en la justicia tailandesa al mil por mil, no así en la Policía”, sostuvo García-Montes el pasado lunes.

Después de un parón de varios días, por el año nuevo budista, las sesiones se retomarán el próximo miércoles, con la declaración de los forenses que analizaron los restos de Arrieta. La declaración de Daniel Sancho está prevista para el 25 de abril, y el final de la vista para el 3 de mayo. Mientras tanto, se sigue con máxima atención cualquier detalle de un proceso con una víctima mortal descuartizada y en el que el acusado se enfrenta a una petición de pena de muerte. “Aquí nadie gana, aquí todos pierden”, resumió Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, en la puerta del tribunal.