El PP planteará un choque institucional entre Senado y Congreso por la tramitación de la ley de amnistía, en lo que supone un escenario sin precedentes. El último informe de los letrados del Senado duda de que la medida de gracia sea constitucional, pero niega que se pueda bloquear en la Mesa de la Cámara alta su desarrollo parlamentario. También recuerda que existe la posibilidad de acudir a “un conflicto entre órganos constitucionales” referido a ambas Cámaras, aunque si es así, quien puede pedir dicho choque institucional es el grupo parlamentario de un partido concreto y no la Mesa. En este caso, el Partido Popular. Sin embargo, incluso en ese escenario, el Congreso puede no contestar y la norma seguiría su curso por silencio administrativo, lo cual tampoco demoraría los plazos.

La pugna entre sendas Cámaras se resuelve mediante la celebración de un pleno en el Senado para requerir al Congreso la retirada de la ley de amnistía. Esa votación, que se lleva a cabo para pedir a la Cámara baja que recurra al Tribunal Constitucional y pida la suspensión cautelar de la norma, saldrá adelante con la mayoría absoluta de los populares, y se celebrará previsiblemente en el pleno del 9 de abril. Pero la amnistía cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, además del informe favorable del letrado mayor, por lo que esta estrategia del PP torpedeará aún más su camino, aunque sin un resultado concreto. Es la primera vez en democracia que se va a solicitar un conflicto entre órganos que afecta a Congreso y Senado.

Ha sido la portavoz del PP en el Senado, la senadora Alicia García, quien ha anunciado en la tribuna del hemiciclo la intención del PP de plantear dicho conflicto. “En el Senado, como en el Congreso, reside la soberanía nacional y están representados los españoles y la voluntad del pueblo. Y está reflejada la mayoría social del Partido Popular”, ha indicado García. “El Senado es la representación de todos los territorios. No somos parlamentarios de segunda”, ha agregado la portavoz durante su turno de palabra en una interpelación dirigida al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños. El dirigente socialista le ha respondido con dureza después. “Han convertido el Senado en una cámara dilatoria y obstruccionista, cuando debería contribuir a mejorar las normas. Todos los que somos diputados hemos sido elegidos también por la ciudadanía”, ha replicado Bolaños, que ha acusado a los populares de querer “agradar a la ultraderecha” con dicha estrategia.

Situación insólita

En paralelo, y en una situación “insólita”, tanto por la forma como el fondo, el PP ha votado este martes a favor de admitir a trámite la ley de amnistía llegada desde el Congreso, pese a estar en contra de su contenido. El PSOE, por contra, dice no haber participado en la votación a favor de la medida de gracia, aunque los socialistas son favorables a aplicación. Su rechazo ha sido contabilizado por los servicios jurídicos de la Cámara alta como un no. El Partido Popular tiene mayoría en la Mesa, por lo que la proposición de ley continúa su camino hasta al menos el 16 de mayo, cuatro días después de las elecciones catalanas del 12-M. El texto podría llevarse a pleno incluso antes, según fuentes parlamentarias del PP. Pero, ¿cómo es posible que los populares se hayan mostrado proclives a que la norma siga su curso y que los socialistas se hayan resistido? “Esto es el mundo al revés”, dicen fuentes del PP en la Mesa. “Es una trampa”, responden fuentes del PSOE en el órgano. Estas son algunas claves de lo sucedido este martes:

Reunión de la Mesa. En la reunión de la Mesa celebrada este martes se ha debatido una “propuesta de admisión a trámite” redactada por los letrados del Senado, con mayoría absoluta del PP, sobre la ley de amnistía aprobada el jueves por mayoría absoluta en el Congreso. En ese texto se incluye el razonamiento expuesto por los servicios jurídicos en un informe solicitado en enero por la Mesa, de mayoría popular. El lunes se concluyó en ese dictamen que la Mesa tiene la obligación de tramitar la norma sin posibilidad de bloquearla, pero al mismo tiempo los letrados censuran el contenido de la medida de gracia. Sobre ella, dicen que presenta “dudas de constitucionalidad” y puede suponer una “reforma constitucional encubierta”. El problema es que la Secretaría de la Mesa incorpora en su propuesta de admisión a trámite estos argumentos en contra. Algo que, como reconocen PP y PSOE, no suele ocurrir: a las leyes normalmente se les da curso, sin más.

Qué dice el PSOE. El PSOE recuerda que, en su informe, los letrados señalan que la Mesa del Senado ha de tramitar las leyes llegadas del Congreso de manera “inmediata”, sin necesidad de elaborar una propuesta ad hoc ni de incorporar argumentos a favor o en contra. “Quieren meter con calzador los argumentos del Partido Popular como de los servicios jurídicos”, ha criticado el portavoz socialista, Juan Espadas, en rueda de prensa. El senador se apoya en el artículo 36 del Reglamento del Senado, un precepto que a su juicio va en esa línea. Bajo esa premisa, los socialistas han decidido no “participar” en la votación porque la consideran un “fraude” institucional y opinan que “excede” la capacidad del Senado. Y, además, porque de haber votado a favor habrían asumido como propios los razonamientos en contra de la constitucionalidad de la norma.

Qué dice el PP. Los populares entienden que todo el marco que rodea a la tramitación de la ley de amnistía es tan “convulso” que han de quedar plasmadas por escrito “las dudas de constitucionalidad” manifestadas por los letrados del Senado en los informes hechos públicos el lunes. “No quiero que sea una admisión a trámite sin más”, explicita una fuente del PP en la Mesa, que recuerda que “no hay un ningún precepto que así lo indique” expresamente. Los populares añaden a renglón seguido que es necesaria “una justificación política y mediática” frente a la ciudadanía y a otras fuerzas políticas, como Vox, que puedan acusarlos de no ir hasta el final en su ofensiva contra la medida de gracia.

Calendario y Comisión Mixta. En cualquier caso, la mayoría del PP en la Mesa ha provocado que la ley sea admitida a trámite y el calendario comience a andar. El plazo máximo para que los populares torpedeen la tramitación en el Senado es el 16 de mayo, cuatro días después de las elecciones anticipadas en Cataluña. Después, la norma volverá al Congreso. La votación definitiva podría producirse incluso antes, avanzan fuentes parlamentarias del PP. La Mesa ha decidido que la norma sea tramitada por una Comisión Conjunta formada por la Constitucional y la de Justicia.