La Oficina de Conflictos de Intereses archiva la denuncia del PP contra Sánchez por el rescate de Air Europa
El órgano sostiene que no se ha vulnerado la ley que regula el ejercicio de los altos cargos de la Administración
La Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado la denuncia del PP contra Pedro Sánchez por la supuesta relación del rescate de Air Europa en noviembre de 2020 y los “vínculos de naturaleza económica y profesional” de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Después de analizar la denuncia del Partido Popular, la oficina entiende que “no se da el supuesto previsto en la norma que permita considerar que el presidente del Gobierno haya podido incurrir en una causa de abstención que obligue a iniciar un procedimiento de investigación en orden a depurar responsabilidades por las decisiones del Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2020 y 16 de marzo de 2021, por lo que se procede al archivo de la denuncia”.
El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, explica que se ha pedido un informe a Presidencia para ver si la esposa del presidente tenía alguna relación profesional con Air Europa que pudiera implicar un conflicto de intereses. Pero la ley que regula esta cuestión, de 2015, dice que esa relación tiene que ser de dirección, asesoramiento o administración de las empresas implicadas. Y el informe de Presidencia, según la Oficina de Conflicto de Intereses, concluye que Gómez no tuvo en ningún momento relación de “dirección, asesoramiento o administración” con Air Europa. La denuncia del PP se producía por la posibilidad de que esta compañía hubiera financiado proyectos del Instituto de Empresa con los que estaba relacionada Gómez, que trabajaba allí en 2020. Pero esa relación no es la que figura en la ley, según este texto, y por eso Sánchez no tenía por qué inhibirse.
“Dijimos en su momento que esta cuestión no tenía base jurídica alguna, y que el PP solo buscaba introducir más ruido para tapar el escándalo, este sí, que se cierne sobre Isabel Díaz Ayuso, y ahora también sobre su jefe de gabinete”, ha reaccionado Esther Peña, portavoz del PSOE, en referencia al fraude de Alberto González, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de al menos 350.000 euros a Hacienda en los ejercicios de 2020 y 2021, así como a las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a una periodista de eldiario.es después de que informaran por primera vez del escándalo. “Seguramente el PP dirá ahora que la Oficina de Conflictos de Intereses está al servicio del Gobierno, etcétera, etcétera. Siempre es lo mismo. Si las instituciones, desde la Justicia a Hacienda, le dan la razón al PP, todo es perfecto. Y si no les dan la razón, la demolición del prestigio de las instituciones de nuestro país es su práctica habitual”, ha apostillado Peña.
Fuentes de la dirección popular reconocieron la semana pasada que habían decidido presentar la denuncia, un ataque directo al entorno personal del presidente del Gobierno, en respuesta al “tono” y al contenido de la intervención de Sánchez en la sesión de control del miércoles en el Congreso, en la que el secretario general del PSOE instó a pedir a Isabel Díaz Ayuso su dimisión como presidenta de Madrid por el fraude fiscal de su pareja.
El PP registró el jueves la denuncia “para determinar la responsabilidad” del presidente del Gobierno “por no ausentarse de los Consejos de Ministros que tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez”, según señaló entonces el principal partido de la oposición.La aprobación de las ayudas públicas a la empresa de la familia Hidalgo siguió los mismos cauces que otras compañías aéreas rescatadas de urgencia en plena pandemia. El rescate fue aprobado en noviembre de 2020 por el Consejo de Ministros y se elevó a 475 millones en préstamos que todavía no se han devuelto, pero que siguen vivos.
La formación de Feijóo sostenía que Sánchez podría haber incurrido en una infracción grave tipificada en la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, con una sanción de imposibilidad de ocupar un puesto de alto cargo durante un período de entre 5 y 10 años. La Oficina de Conflictos de Intereses, organismo que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, concluye que no se ha producido ninguna infracción.
Los populares solicitaban además a la Agencia Tributaria, a los órganos gestores de la Seguridad Social y a los servicios públicos de empleo la información de que dispongan para determinar la naturaleza de la relación jurídica que existía entre el Instituto de Empresa (IE) y Begoña Gómez, así como de las retribuciones percibidas por la esposa del presidente. En su resolución, la Oficina de Conflictos de Intereses considera “respecto del resto de solicitudes que se contienen en el escrito de denuncia (...) que son peticiones que no se corresponden con sus competencias, dado que la Sra. Gómez no ha sido ni es alto cargo ni empleada de la Administración General del Estado”.
El IE, una universidad privada a la que pertenece el IE Africa Center, que dirigió Gómez entre 2018 y 2022, niega que este centro, ni el IE ni su fundación llegaran a recibir dinero de Globalia —la matriz de la compañía aérea Air Europa— ni de su filial Wakalua, un hub global de innovación en turismo. La entidad sostiene que no percibió cantidad económica alguna en virtud de un convenio de colaboración firmado en enero de 2020, meses antes del rescate público de Air Europa, que tuvo lugar en noviembre de ese año.
Según señaló el IE en un comunicado, en enero de 2020, IE Africa Center, dedicado a la innovación en el continente africano, firmó un acuerdo de colaboración con Wakalua “para la celebración de diversos actos relacionados con la innovación en el sector turístico”. De esos actos, informó la universidad, el primero se organizó en Londres y el hub turístico contribuyó a su celebración “con una aportación de cuatro billetes de avión con los ponentes que se gestionaron directamente con los interesados”.
Con la llegada de la pandemia a España y la declaración del estado de alarma, el acuerdo se interrumpió. “Nunca se ejecutó por las circunstancias del momento”, apunta el IE en su nota, en la que especifica que tampoco más adelante, con la normalización de la situación sanitaria y el fin de las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus, se retomaron las colaboraciones. Desde entonces, especifica el IE, la universidad “no ha tenido más contacto ni ha desarrollado proyectos de ningún tipo con estas instituciones”.
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