Para cambiar la fecha de las fiestas patronales, ‘referendum’ sí

En Cuevas del Campo hace años que tienen dificultad para que los feriantes, que incluyen a empresarios de atracciones, churreros y a la banda de música, puedan o quieran instalarse en la localidad cada 15 de mayo, Día de San Isidro. Si la fiesta del patrón cae en mitad de semana, ni la feria es rentable, ni la venta de churros suficiente. Y tampoco se puede contar con los músicos necesarios porque la mayoría de ellos estudian en la capital, en la universidad. La solución para que la feria sea mínimamente viable y la música suene por las calles del pueblo ha sido añadir a la celebración religiosa, que se mantiene el 15 de mayo, una celebración festiva el sábado y domingo más cercano. Pero contra todo pronóstico, alargar la fiesta no es tan popular como se preveía. Hay gente contenta y otros, dice la alcaldesa, “que no les gusta, se quejan”. Y harta de quejas por algo que no tenía pinta de producirlas, y como es un asunto importante, la alcaldesa Carmen Rocío Martínez Ródenas (PSOE) lo incluyó en su programa electoral: referéndum —consulta popular como se llama legalmente— y que la gente decida. Y antes de que se cumpla el año tras las elecciones ha cumplido. El 17 de marzo, los cueveños están llamados a la urna —solo hay una— para su propio ejercicio de autodeterminación.

La primera palabra la tuvo, no obstante, la iglesia. El obispo de Guadix, cuenta la alcaldesa, fue el primero al que le preguntaron allá por 2016 sobre el cambio de formato. Dijo “sí, pero…”. La celebración del día de San Isidro era imperdonable. A partir de ahí, la parte festiva podían llevarla al fin de semana anterior o posterior que se decidiera en el pueblo. Y con la excepción de los años de pandemia, así se ha hecho ya en tres ocasiones, con la molestia ya mencionada de algunos y la alegría de quienes viven fuera o les va la marcha. En un mes, el resultado de la consulta dirá si se mantiene la versión extendida o se vuelve a la celebración de un solo día porque, aunque la norma que regulas estos actos en Andalucía indica que la voz del pueblo no es vinculante, la alcaldesa está dispuesta a cumplir con el resultado. Lo que no está segura es de aventurar un resultado a veinte días de que comience la campaña electoral, que la hay. En realidad, estos procesos están tan regulados o casi como los procesos electorales ordinarios.

El primer requisito para celebrar una consulta popular es que lo apruebe el Consejo de Ministros. Y eso ocurrió en su reunión del 30 de enero. Antes ya se informó a la Junta de Andalucía y a la Junta Electoral de zona, en un proceso que comenzó, dice la alcaldesa en noviembre. Tras el visto bueno gubernamental, el ayuntamiento cerró la fecha y todo rueda como está legislado. Este lunes 19 de febrero, explica Martínez Ródenas, se conocerán los vocales judiciales asignados por la Junta Electoral de zona, que actuarán de verificadores, y los ciudadanos que conformarán la mesa electoral. Diez días antes de la consulta se realizará una campaña electoral, que incluye cartelería por las calles, en la que la alcaldesa defenderá su postura de ampliar la fiesta, algo que cree que apoyan los más jóvenes y quienes están fuera del pueblo, frente al no de las personas de más edad, “más proclives a mantener la tradición”, opina. Este diario ha intentado sin éxito conocer la versión del PP, la oposición municipal.

El domingo 17 de marzo, aproximadamente 1.200 de los censados tienen derecho a voto y tendrán que marcar el sí o no a la pregunta “¿Desea usted cambiar las fiestas patronales al fin de semana más cercano al día 15 de mayo?”. La alcaldesa insiste en que no es una decisión baladí. “Si no hay donde montar a los niños, no hay churros y no hay pinchitos, se quejan de lo mal que lo hace el Ayuntamiento, pero para que haya todo eso es necesario que a los feriantes les resulte rentable”. Y añade: “¿Qué sentido tiene gastar 6.000 euros en una banda de música si a las dos de la mañana no hay nadie bailando, que es lo que pasaría en un día entre semana?”. Sea cual sea el resultado electoral, “el 15 de mayo de cada año se seguirá celebrando, eso sí, la misa y la procesión al santo, que aquí es muy importante”, termina la alcaldesa. Y ya lo determinó el obispo.

Cuarenta años de preguntas, pero sin hablar de dinero

La consulta de Cuevas del Campo no es un caso aislado. Según fuentes oficiales, desde 1985, los ayuntamientos españoles se han dirigido al gobierno en 202 ocasiones a pedir su visto bueno para consultar a sus ciudadanos, permiso que solo se ha dado en 74 ocasiones. El resto, 128, o no se han autorizado o los ayuntamientos, en algunas ocasiones, han desistido de finalizar el proceso. En 1985 se aprobó la Ley de Bases del Régimen Local que regula estas consultas populares. Requieren mayoría absoluta en el pleno municipal y que lo autorice el Gobierno de la nación. No se puede preguntar cualquier cosa a la población. Solo se pueden someter a consulta popular “aquellos asuntos de competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local”. Y tienen que darse las cuatro condiciones a la vez. En definitiva, lo que sea muy intrínsecamente de la localidad, excepto asuntos de dinero e impuestos.

Tampoco ha sido la de Cuevas del Campo la última consulta. En este momento, el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tramita una última petición, la del ayuntamiento de Alfarb (Valencia) que ha pedido abrir una consulta sobre con qué nombre del pueblo se sienten más identificados sus habitantes, Alfarp o Alfarb.

Las fiestas patronales y sus cambios de fecha son un hit en esto de preguntarle a la gente, pero hay muchos asuntos. Una de las primeras consultas de cierta enjundia tuvo lugar en 1986, cuando se consultó —y se dijo sí— sobre la disolución del municipio de Hiruerrieta (Guipuzcoa) en Icazteguieta, Orendáin y Baliarrain. Aquel mismo año, en Carcaixent (Valencia) se votó el cambio de fecha de las fiestas mayores, la primera de muchas consultas sobre este asunto. Luego se han autorizado consultas locales sobre la ubicación de la nueva Casa Consistorial (Monforte de Lemos, Lugo, 1987), sobre la peatonalización o no de una vía (Maracena, Granada, 1993), sobre la alteración del nombre del municipio (San Bartolomé, Las Palmas en 2005, o Teulada en Alicante en 2009), sobre el modo de recogida selectiva de residuos (en varios pueblos del País Vasco en 2015), sobre la reforma del bar del polideportivo (Ortigosa del Monte, Segovia, 2020), o sobre la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena en Badajoz, en 2021.

En sentido contrario, el Gobierno dijo no a consultas sobre la construcción de un centro penitenciario en Soto del Real (Madrid) en 1987, sobre si el alcalde debe continuar en su cargo o dimitir en Oria (Almería) en 2000, sobre la construcción de un puerto deportivo en Castro Urdiales (Cantabria) en 2010, la instalación de cámaras de vigilancia en el ayuntamiento de Oteiza (Navarra) en 2013, o sobre la salida o no del pueblo de Las Navas de la Concepción del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.