El tráfico de drogas se ha cobrado más de 20 muertos en el Estrecho desde 2016

El narcotráfico en el estrecho de Gibraltar mata y es cada vez más violento, impune e indolente. Así llevan años denunciándolo las asociaciones antidroga, los agentes y la Fiscalía Antidroga en Andalucía, cada vez más preocupada por la respuesta agresiva y armada de los narcos del hachís. El asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate —después de que una narcolancha embistiese la pequeña zódiac en la que viajaban junto a otros cuatro agentes más— se suma a una larga lista de más de 20 homicidios más o menos voluntarios y accidentes mortales en la zona en los últimos ocho años, todos con el telón de fondo del narcotráfico.

El choque mortal de la tarde del pasado viernes que le costó la vida al GEAS —submarinista— Miguel Ángel Gómez González y al agente del GAR (Grupo de Acción Rápida) David Pérez Carracedo, está siendo investigado por ahora como un homicidio por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barbate. Pero la calificación podría cambiar y ampliarse a más delitos, como el de atentado contra la autoridad e incluso asesinato, en función de si la investigación consigue apuntalar la hipótesis de que parte de los ocho detenidos por el caso actuaron con alevosía, según apunta una fuente judicial conocedora del caso. Por ahora, los apresados están aún en los calabozos de la Guardia Civil y está previsto que este lunes pasen a disposición judicial en Barbate.

Así campaban las narcolanchas en Barbate antes del ataque a la Guardia Civil

Un vídeo muestra seis fuerabordas de traficantes refugiándose con descaro en la dársena del temporal ‘Karlotta’

El principal investigado en el caso es F. J. M. P., conocido como Kiko El Cabra. La Guardia Civil cree que el detenido, de 46 años y natural de La Línea de la Concepción, era el piloto que embistió con su narcolancha a los agentes. El Cabra tiene antecedentes por resistencia, desobediencia y blanqueo de capitales. “Es muy impulsivo y otras organizaciones no lo quieren por eso mismo”, apunta una fuente que conoce bien los submundos del hachís. El Cabra podría estar vinculado además a un clan conocido como los Pezpus, asentados entre la zona del Campo de Gibraltar y Marbella.

Esa forma de proceder impulsiva y violenta del piloto ni es nueva, ni termina de extrañar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de la zona. Ya desde el otro lado, hace años los narcos más mayores —ya retirados del negocio— alertan de que las nuevas generaciones son más agresivas y descaradas, que no se conforman con perder en el juego del ratón y el gato. La Fiscalía Antidroga de Andalucía lleva años alertando de ello y de que cada vez los narcos se dotan de mayor cantidad de armas. “La tenencia ilícita de armas en los lugares de custodia de la droga es muy preocupante, pero durante 2022 se ha podido comprobar el crecimiento de la potencia de las armas”, explicó el ministerio público en su última memoria publicada en septiembre de 2023.

Los investigadores siempre han considerado que una de las principales causas para este blindaje armamentístico progresivo ha estado vinculado a la mayor agresividad, ajustes de cuentas y robos entre bandas, conocidos como vuelcos. De hecho, desde 2016 —momento en el que narco comenzó a hacerse fuerte en la zona del Campo de Gibraltar—, la mayoría de las muertes contabilizadas en sucesos de drogas no han tenido armas de fuego como objeto del crimen.

Un modus operandi se repite en los enfrentamientos con los agentes: el uso de los propios vehículos como armas letales, bien por persecuciones que salen mal o por el uso de estos de forma intencionada. El primer caso fue lo que ocurrió en la frontera de La Línea de la Concepción, cuando falleció Víctor Sánchez mientras perseguía a contrabandistas del tabaco en junio de 2017. Es el primero de una lista de hasta seis agentes fallecidos en acto de servicio mientras intentaban luchar contra el narcotráfico (uno de ellos, un funcionario con misión de observador de Vigilancia Aduanera, en un accidente mientras iba en helicóptero) . A los dos guardias civiles asesinados el viernes, se suman los compañeros Fermín Cabezas —que murió en mayo de 2019 en Los Barrios tras chocar con un camión en el transcurso de una persecución— y Agustín Cárdenas —cuyo deceso se produjo en mayo de 2021 en el acceso de la AP-4 a la altura de Jerez de la Frontera (Cádiz) cuando el conductor de un Renault Megane dirigió el coche contra él—.

Esa violencia en las persecuciones en tierra se han cobrado en estos años además decenas de heridos o salvados de milagro en las fuerzas y cuerpos de seguridad. “El narco simplemente quiere no perder su mercancía, y si para ello debe matar a dos guardias civiles, lo hará”, apuntan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Cádiz, que recuerdan cómo hace años descubrieron un coche con un lema impreso frente al volante: “¡No pares!”. En el mar, los enfrentamientos son incluso más cruentos, aunque la muerte de los dos guardias civiles en Barbate es la primera que se registra en el lado de los agentes en los últimos años. Es una nueva línea roja superada por la que la mayoría de asociaciones profesionales de la Guardia Civil han mostrado su indignación. Algunas, como la AUGC, han pedido la dimisión o destitución del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Otras, como JUCIL, han pedido una comisión de investigación en el Congreso para revisar si hubo inacción del Gobierno por la disparidad de fuerzas del encuentro mortal y la evidente falta de medios de los agentes.

Con todo, la mayor potencia de las narcolanchas, pero la escasa ausencia de medidas de seguridad para sus ocupantes, hace que la balanza mortal se incline con más frecuencia de parte de los delincuentes. Desde noviembre de 2016 —cuando cuatro supuestos traficantes murieron tras chocar con una embarcación de Vigilancia Aduanera—, hasta ocho investigados han fallecido en huidas contra los agentes, incluidos los dos que fallecieron en marzo de 2020 después de que una lancha de la Policía de Gibraltar les pasase por encima. El último narco muerto se produjo hace apenas 12 días, cuando una semirrígida supuestamente chocó contra una patrullera de la Guardia Civil en el Guadalquivir. A todos esos sucesos, se suman al menos dos naufragios —no siempre son fáciles de detectar si no hay aviso de auxilio— en los que fallecieron ocho personas más: en enero de 2020 murieron seis marineros en el Estrecho a bordo del Rúa Mar, un barco de pesca supuestamente cargado de hachís, y en mayo de 2021 el ahogamiento de dos petaqueros desató una ola de ira en La Línea de la Concepción.

Detrás de cada suceso mortal con trasfondos del narco en el Estrecho se abre un periodo de incertidumbre social en el que muchos vecinos sostienen el aliento ante las posibles consecuencias de lo ocurrido. En mayo de 2018, la muerte de un pequeño de seis años en una playa de La Línea después de que un traficante le golpease con su embarcación recreativa, abrió un periodo de contestación ciudadana con masivas manifestaciones. Después de aquello, el Gobierno optó por crear el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar que ya se ha prorrogado hasta en cuatro ocasiones, según anunció el pasado viernes el ministro Marlaska, poco antes del homicidio de los dos agentes. Ahora el desequilibrio de fuerzas en el que se produjo el suceso y las denuncias de falta de medios en la zona abren un nuevo escenario de incertidumbre.