La Justicia de Castilla y León avala que el Ayuntamiento de Valladolid colocara banderas LGTBI en el consistorio
El tribunal defiende el “reconocimiento” del colectivo y rechaza la denuncia de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha avalado que el anterior Ayuntamiento de Valladolid colocara en el edificio consistorial la bandera LGTBI en los años 2021 y 2022. La asociación ultracatólica Abogados Cristianos había denunciado que el Consistorio, dirigido entonces por el PSOE y Valladolid Toma La Palabra, ubicara el el balcón del inmueble la enseña arcoíris. La sentencia reivindica que los poderes públicos “deben fomentar el reconocimiento [...] de las personas LGTBI” y rechaza la presunta vulneración de la “neutralidad institucional” que alegaba la plataforma reaccionaria. PP y Vox, gobernantes en coalición desde mayo, no colgaron esta enseña durante el pasado Orgullo.
El alto tribunal autonómico ha ratificado la decisión de la anterior corporación municipal porque entiende que este símbolo contribuye a la visibilidad de las personas LGTBI y recuerda que la legislación marca cómo las instituciones deben promulgar los valores de Igualdad. “Si la ley asume y dispone que los poderes públicos han de fomentar el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la indicada lucha, [colocar la bandera] podría convenirse que el modo más expresivo y congruente de mostrar a la vez y en un solo acto tanto su reconocimiento institucional como dicha participación”. Abogados Cristianos llevó ante la justicia la presencia de las banderolas durante los días previos y posteriores, en 2021 y 2022, al 28 de junio, día mundial del Orgullo LGTBI.
El TSJCyL tampoco considera cierto que esos estandartes multicolor “vulneren los invocados principios de objetividad y neutralidad política”, tal y como reclamaban los denunciantes, quienes insistían en la ilegalidad de colocar símbolos no oficiales en espacios públicos como un Ayuntamiento. Según este grupo reaccionario, argumentario desmontado por la Justicia, “la bandera LGTBI es claramente una bandera ideológica pues se halla integrada en los programas y discursos de unos partidos políticos, al mismo tiempo que es rechazada por otros, tratándose pues de una tema controvertido en la sociedad española”. La actuación, señala el pronunciamiento de los magistrados, no afrenta al “ordenamiento jurídico” y resuelve que “difícilmente puede considerarse que las administraciones que así se posicionen vulneren los invocados principios de objetividad y neutralidad política”.
El alto tribunal autonómico ha citado en su edicto una parte de la conocida como Ley Trans, aprobada este año, pues establece en su artículo 5 que “los poderes públicos fomentarán el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI”, lo cual brinda amparo legal a la colocación de banderas arcoíris en los balcones de los ayuntamientos.
Enfrentamiento político por la bandera LGTBI
Esta disputa judicial se suma a otras pugnas en torno a la simbología LGTBI. Las nuevas coaliciones formadas entre PP y Vox tras las elecciones municipales del pasado mayo han acarreado la retirada de estas banderas durante el Orgullo en ayuntamientos como el vallisoletano o el burgalés, donde han descabalgado al PSOE y su política de colocar las banderas representativas. El nuevo alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), achacó la medida a que durante la legislatura solo instalarán las enseñas oficiales y no símbolos de otras causas, aunque cuando él dirigía la Diputación de Valladolid reivindicó “seguir hablando de Igualdad” y sí dispuso el estandarte arcoíris en el inmueble público. En cambio, cuando Carnero ya no comandaba este ente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de la ciudad sí aceptó en 2020 una denuncia de Abogados Cristianos para retirar la banderola en aras de conservar “el deber de objetividad y neutralidad” y sí estimó que la legislación no permite que esta simbología se cuelgue en espacios institucionales como ese.
La alianza PP-Vox que gobierna la Junta de Castilla y León desde primavera de 2022 tampoco permitió, como sí hacía cuando gobernaba el PP, que el edificio de las Cortes se iluminara con el color arcoíris para conmemorar el Orgullo. No lo consintió ni su primer año de mando ni en este segundo, hasta el punto de que el presidente del Parlamento, Carlos Pollán (Vox), amenazó con enviar a los equipos de seguridad a retirar unas banderolas LGTBI colocadas por el PSOE en las ventanas de sus despachos. Finalmente no se quitaron por la fuerza sino que los socialistas las desmontaron cuando pasaron esas fechas.
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