Podemos anuncia un ERE a sus empleados tras perder más del 70% de los ingresos
La formación cerrará sus satélites en nueve comunidades autónomas y prescindirá de parte de la plantilla en la sede central
Han llegado las vacas flacas a Podemos. Y las consecuencias van mucho más allá de la pérdida de influencia política. Los sucesivos fiascos electorales han reducido los ingresos del partido que dirige Ione Belarra en más de un 70%, hasta el punto de que la dirección ha comunicado a sus trabajadores de la sedes central de Madrid y las de nueve comunidades autónomas la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo (ERE). Los planes de la formación son cerrar todos esos centros autonómicos, cuyas plantillas suman 45 trabajadores, y reducir también las 61 nóminas que hasta ahora pagaba en su oficina central.
Las sedes regionales de las que Podemos ha decidido prescindir son las de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid, según ha anticipado El Periódico de España y ha constatado este diario. En cinco de ellas se ha quedado sin representación parlamentaria, en Galicia —con un calendario electoral aparte— ya desde julio de 2020 y en las demás desde las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. En Aragón, Baleares y Asturias su presencia en las Cámaras autonómicas se ha reducido a un único diputado, cuando en las dos primeras había estado gobernando en los últimos cuatro años. De la quema se libran Navarra, donde Podemos mejoró sus resultados; Extremadura, Murcia y La Rioja, donde los mantuvo, y Andalucía, Cataluña, Castilla y León y País Vasco, que celebraron elecciones anteriormente y en las que el partido de Belarra también logró esquivar la desaparición. Las sedes de las federaciones con mayor plantilla abocadas al cierre son la balear, con ocho personas en nómina, y la valenciana y la asturiana, con siete cada una de ellas.
Quedar fuera de los Parlamentos supone una fuerte disminución de ingresos para los partidos, que de ese modo se excluyen del reparto de subvenciones recibidas en función de los resultados electorales y pierden además las cantidades que mensualmente suelen aportar de sus sueldos los cargos públicos a la organización. Tras el desastre de las autonómicas y municipales y la fuerte reducción de su presencia en el Congreso de los Diputados a raíz de las generales del 23 de julio —apenas cinco diputados elegidos en las listas de Sumar—, la dirección de Podemos calcula que su disponibilidad económica caerá un 70% para el caso de la organización estatal y un 90% en las federaciones que sufrirán el ERE.
En una carta enviada a los afectados, la dirección argumenta que después de los sucesivos reveses electorales “se necesita una reorganización del partido en todos los ámbitos” para adaptarse “al descenso de recursos que esto supone”. “Dicha reorganización se afronta con el firme objetivo de asegurar la acción política de Podemos y garantizar la continuidad del avance de las políticas transformadoras”, señala la comunicación enviada a las plantillas de cada uno de los citados centros.
En la mayoría de las sedes autonómicas afectadas no existe un comité de empresa, por lo que la dirección ha dado de plazo a los trabajadores hasta este miércoles 9 para que designen un representante en caso de no disponer de él legalmente y comenzar así la negociación sobre las condiciones de los despidos. La carta lamenta “profundamente” que el partido se vea abocado a tomar estas medidas drásticas, pero muestra su “convicción” de que “entre todos” puedan “encontrar las mejores soluciones posibles”.
En las 12 comunidades autónomas que eligieron sus respectivos parlamentos el pasado 28 de mayo, Podemos —en la mayoría de los casos en coalición con Izquierda Unida— vio reducida su representación a más de un tercio. De los 46 diputados regionales que sumaba en esos territorios, pasó a únicamente 14.
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