El Gobierno confía en que los votantes impidan que el pacto PP-Vox llegue también a La Moncloa

Nadie en La Moncloa esperaba que el PP y Vox llegaran tan rápido a un pacto para gobernar juntos, con consejeros de la ultraderecha en una de las autonomías más importantes de España, la Comunidad Valenciana, que ahora probablemente acelerará también los otros acuerdos. En pocos días, con los ayuntamientos que se constituyen el sábado, el PP y Vox pueden cerrar pactos para gobernar juntos buena parte del territorio español y algunas de sus plazas más simbólicas. La noticia pilló por sorpresa al Gobierno, que estaba precisamente en ese momento en plena rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La portavoz, Isabel Rodríguez, cuando fue informada por los periodistas, confió en que los ciudadanos, en especial los progresistas, reaccionen después de estos acuerdos para votar en las elecciones del 23 de julio de manera que este pacto PP-Vox no llegue a La Moncloa con Santiago Abascal, el líder de esta formación, como vicepresidente. Rodríguez, con extrema cautela para evitar el reproche de la Junta Electoral Central, fue clara sobre estos acuerdos: “Queda bastante en evidencia la responsabilidad que tendrá que asumir quien hace estos acuerdos. Ahora se abre la palabra para que hablen los españoles y decidan”, sentenció.

Poco antes de conocer la noticia, que incluye que Vox renuncia a que su cabeza de lista en esta comunidad, Carlos Flores, condenado por violencia machista, no entrará en el Gobierno valenciano pero sí irá de número uno al Congreso de los Diputados en julio, Rodríguez había puesto el foco en la violencia machista. “Los acuerdos son responsabilidad de los distintos partidos. Pero la violencia de género es algo muy grave sobre lo que no se puede frivolizar, blanquear, no puede ser moneda de cambio para nada”, aseguró. Después, cuando se supo que precisamente Vox había renunciado a la entrada de Flores en el Gobierno valenciano, el Ejecutivo insistía en que se había convertido en moneda de cambio este asunto para permitir que la ultraderecha entre en el Ejecutivo, algo que hasta ahora solo había sucedido en Castilla y León.

Sin embargo, era muy evidente que el Gobierno no esperaba este giro tan rápido de los acontecimientos. El PP parece haber decidido quitarse cuanto antes de encima la patata caliente de los pactos con Vox en vez de estirar la polémica y permitir que domine la campaña para las generales. Ahora el PSOE y Unidas Podemos intentarán movilizar a la izquierda con la idea de que estos acuerdos autonómicos y locales son la antesala para una coalición PP-Vox en La Moncloa si no hay un voto masivo de los progresistas. Es una estrategia que no funcionó en Madrid ni en Andalucía, pero los socialistas creen que esta vez es diferente y muchos ciudadanos que no acudieron a votar el pasado 28 de mayo entenderán ahora que la consecuencia de esa decisión son gobiernos PP-Vox en buena parte del país.

De momento el shock es importante porque los cálculos que se manejaban en La Moncloa eran que Alberto Núñez Feijóo estiraría al máximo esta cuestión para que llegaran los acuerdos incluso en agosto, después de las generales. Todo ha sido tan rápido que en el Gobierno ahora creen que estaba todo pactado entre el PP y Vox desde el fin de semana y la reacción el lunes del portavoz del PP, Borja Sémper, diciendo que la presencia de Flores en el Gobierno era una línea roja, no era más que la escenificación de un pacto previo entre Feijóo y Abascal en la que ambos cedían algo: Vox a su cabeza de lista y los populares la entrada de los ultraderechistas en los Ejecutivos, con un importante reparto de poder.

La coincidencia del anuncio del acuerdo en la Comunidad Valenciana con el acto con los cabezas de lista al Congreso que el PP ha organizado en la localidad madrileña de Aranjuez ha reafirmado al PSOE en su sospecha de que los pactos de la derecha con la extrema derecha están muy maduros. “La coherencia del PP es inexistente y el cinismo del PP es absolutamente bochornoso. Hoy el PP ha alcanzado un acuerdo de gobierno con Vox, un partido que rechaza la existencia de la violencia machista. A mí se me caería la cara de vergüenza pactar un gobierno con un señor condenado por violencia machista. Me da igual que ese señor venga a las Cortes Generales o se quede sentado en un asiento del gobierno de la Comunidad Valenciana. Es absolutamente vergonzoso”, criticó la portavoz de la dirección socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría, en alusión a la decisión de que Carlos Flores, candidato de Vox el 28-M y condenado por violencia machista, vaya a ir en las listas al Congreso en las elecciones del 23-J. “El PP se ha sentado en la Comunidad Valenciana a negociar con una persona que está condenada por violencia machista. ¿Qué más tiene que pasar? Y claro que se sentarán con Vox las veces que haga falta y ocuparán los gobiernos que haga falta. El PP lo que quiere es gobernar a cualquier precio”, remachó.