La aprobación de la reforma de la ‘ley del solo sí es sí’ ahonda en la división del voto feminista
Los retoques del PSOE a la norma prosperan con el apoyo del PP y tras un duro cruce dialéctico entre los dos partidos del Gobierno
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La aprobación este jueves en el Congreso, por amplia mayoría, de la reforma socialista a la Ley de Libertad Sexual o del solo sí es sí ha evidenciado la fractura en el seno del Gobierno y de este con sus socios parlamentarios habituales, así como la disputa sobre qué partidos son más o menos feministas. El debate final reprodujo, ya dentro del hemiciclo, los argumentos encontrados que se han repetido casi desde que en noviembre empezaron a verse crudamente los efectos indeseados de algunos artículos de esa ley, con cientos de rebajas de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales. El PSOE —que sacó adelante su propuesta con el apoyo de PP, Ciudadanos, PNV y varios grupos minoritarios— aprovechó para pedir a sus interlocutoras en el Ministerio de Igualdad y en Unidas Podemos menos “relatos” y más “rigor y responsabilidad”. La titular de Igualdad, Irene Montero, y la portavoz de UP, Lucía Muñoz, lamentaron esa alianza coyuntural del PSOE con el PP, calificándola de “marcha atrás” y “retroceso” en los derechos de las mujeres. Una posición que compartieron ERC y EH Bildu. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistió al debate ni votó, al encontrarse de visita en Doñana.
Resultó llamativo escuchar desde la tribuna principal del Congreso a una ministra del actual Gobierno, Irene Montero, replicar sin miramientos los argumentos y razones expresadas unos minutos antes por la portavoz del PSOE, el principal partido del Ejecutivo, sobre una de las leyes más simbólicas y polémicas de toda la legislatura. La ley del solo sí es sí ha sido el proyecto estrella del Ministerio de Igualdad, pero fue aprobada por todo el Consejo de Ministros en julio de 2021 y ratificada el verano siguiente por una holgada mayoría del Congreso. Entró en vigor el pasado 7 de octubre.
La reforma de esa ley, solo siete meses después de entrar en vigor, ha sido aprobada con 233 votos a favor (PSOE, PP, CS, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias, ExNavarra Suma y Partido Regionalista de Cantabria), 59 en contra (UP, ERC, EH Bildu, Más País y Compromís, la CUP, y el BNG) y cuatro abstenciones (JuntsxCAT). Al concluir la votación, los diputados del PP se han puesto en pie para aplaudir con entusiasmo, algo que no han hecho los parlamentarios del PSOE y de otras formaciones que apoyaron la revisión legal. Vox, que está en contra de la ley y también de su reforma, optó por no votar para reflejar su malestar con todo el proceso y con el acuerdo entre los socialistas y el PP. El portavoz del PSOE, Patxi López, justificó más tarde que sus diputados no se aprestaran a aplaudir —lo hicieron en su día cuando se aprobó la ley, “que es buena”, dijo— para no entrar en una competición de “escenografía barata” con el PP.
La titular de Igualdad, que permaneció durante todo el debate en su escaño, acompañada por la titular de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra —ambas vestidas de violeta-lavanda (el color asociado al feminismo)—, intervino para reconocer su tristeza y dijo que la de hoy era la jornada “más difícil” de la legislatura, para ella misma como ministra y “para todas las feministas”. Esa primera reivindicación sobre la paternidad del verdadero feminismo fue el argumento sustancial de Irene Montero y también de las portavoces en el debate de Unidas Podemos, Lucía Muñoz; de ERC, Pilar Valluguera, y de EH Bildu, Isabel Pozueta. Las tres quisieron remarcar que nada que se negocie y pacte con el PP puede ser positivo para las mujeres. Todos esos partidos pidieron al PSOE que rectificara y retornara a la “unidad del bloque de la mayoría feminista, progresista y plurinacional” de la Cámara, pero sin éxito.
Irene Montero afirmó que la reforma del PSOE a la ley, y las enmiendas cerradas al final con el PP y la derecha parlamentaria, suponen “una vuelta atrás” y responden a “las presiones del poder político, mediático y judicial”. La ministra lleva meses intentando convencer a Pedro Sánchez, y a todo el sector socialista del Ejecutivo, de que lo que llama “ofensiva de la derecha y gran parte del aparato del Estado” contra su ley obedece a un plan más ambicioso para socavar al propio presidente y a la coalición, y para cuestionar la continuidad de su ministerio y de ella en particular en el Gobierno.
Montero repitió que, ante esas embestidas, la reacción del Gobierno debería haber sido “no ceder” y dar una respuesta “unitaria del bloque de la mayoría feminista”. La ministra recordó, además, que la reforma ahora aceptada no acabará con la sangría de rebajas de condenas a agresores sexuales —porque no puede aplicarse retroactivamente en contra de los reos—, y puso incluso en duda que pueda derivar en penas más elevadas en el futuro, porque en última instancia estará en manos de los jueces. Confió, en todo caso, en que la mayoría de esas rebajas de penas no sean ratificadas por el Tribunal Supremo.
A la titular de Igualdad le “preocupan” las rebajas de penas, pero le preocupa casi más, señaló, que España, pionera en la lucha de los derechos de las mujeres y que en un par de meses asume la presidencia de turno de la UE, dé con esta reforma legal una imagen de cuestionamiento del convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres. Al finalizar su discurso, Montero se fundió en un abrazo ya en sus escaños con Belarra, aplaudidas ambas por los parlamentarios de UP. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se levantó desde el otro extremo de la bancada del Ejecutivo para aplaudir. No lo hizo la titular de Justicia, la socialista Pilar Llop, que presenció también todo el debate. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistió a la sesión ni votó, ya que estuvo toda la mañana de visita en Doñana. Tampoco votó de forma telemática porque como estipula el artículo 82.2 del Reglamento del Congreso para poder hacerlo tendría que haberlo justificado previamente ante la Mesa por motivos de salud o por tener en agenda algún viaje internacional, circunstancia que no se daba.
La portavoz del PSOE, Andrea Fernández, secretaria de Igualdad de la ejecutiva socialista, con un tono especialmente medido, evitó la contienda dialéctica con Montero, Unidas Podemos y sus socios habituales, pero no la de fondo. Fernández resumió como un “ejercicio de responsabilidad en el cargo, de honestidad, de estar a la altura” y de rigor la decisión de aceptar que la ley del solo sí es sí tiene muchos aspectos buenos y positivos, pero también fallos, y que “no ha funcionado adecuadamente”. La diputada defendió de nuevo que los retoques negociados a última hora con el PP son solo “técnicos, para reajustar y definir mejor las penas de cada delito”, y afirmó tajante que del artículo 178 del Código Penal que recoge la definición de consentimiento en las relaciones sexuales no se había tocado “ni una coma”. Pidió “más argumentos y menos ruido o relatos” y, aunque agradeció el nivel de las interlocutoras en este asunto del PP, Marta González Vázquez y María Jesús Moro, acusó a esta formación de hacer un uso “partidista y morboso” de todo el proceso.
El aplauso del retroceso. El silencio de la vergüenza. El PSOE y el Partido Popular pactan acabar con el consentimiento de las mujeres. #SoloSíesSí pic.twitter.com/FqKMCh2ahZ
— Podemos (@PODEMOS) April 20, 2023
Fernández también acentuó el perfil feminista de los 120 diputados del PSOE, como hizo el día anterior en la sesión de control el presidente Sánchez, y terminó en alusión al acuerdo con el PP: “Hablamos y hablaremos con quien sea para arreglar este asunto. No hay humillación en trabajar para la mayoría y para consensos amplios y sólidos”.
La portavoz y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ufanó de que la reforma sea, según su análisis, toda una “derogación” de la ley, y presumió de que así se vuelve al “Código Penal de la democracia”. El PP trata así de apuntarse el tanto como un partido que hace “política de Estado y de adultos”. Gamarra criticó la ausencia de Sánchez y tildó la polémica generada por las consecuencias de esta ley como “el mayor escándalo político de la legislatura”.
Carla Toscano, de Vox, usó su exposición para arremeter contra la tendencia al “delincuenticidio” del Gobierno y su “odio al hombre, querencia al delincuente y desprecio a la mujer”.
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