Interior pone fin a 34 años de dispersión de los presos de ETA

El Ministerio del Interior ha puesto fin este viernes a la política de dispersión de los presos de ETA que instauró hace 34 años el Gobierno socialista de Felipe González, mantuvieron todos los Gobiernos posteriores del PP y del PSOE y deshizo a partir de 2018 el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Lo ha hecho con el anuncio del traslado de cinco de los seis últimos reclusos de la organización terrorista que quedaban en cárceles de fuera del País Vasco y Navarra. Cuando se materialicen estos acercamientos, solo quedará en una prisión no vasca ni navarra Natividad Jauregi, alias Pepona, extraditada por Bélgica en 2020 tras casi cuatro décadas huida. Pepona, de 63 años, permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Alcalá de Henares (Madrid) a la espera de que la Audiencia Nacional termine de instruir la causa contra ella por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en 1981.

Tras conocerse el anuncio, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha mostrado su “alegría contenida” ante el fin de una política penitenciaria incluida en la lucha antiterrorista que, en su opinión, “nunca debió ponerse en marcha”, informa Europa Press. Otegi ha abogado por “un futuro de reconocimiento y reparación de todas las víctimas y un horizonte sin presos”. Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha hecho público un duro comunicado en el que carga contra Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los que acusa de estar “con los terroristas, no con sus víctimas”. La dispersión de presos, instaurada en 1989, consistió en repartir a los reclusos de ETA en distintas cárceles españolas, generalmente lejos del País Vasco, para dificultar el control que la banda ejercía sobre ellos y con el que pretendía mantenerlos cohesionados e impedir disidencias.

Entre los presos de ETA cuyo acercamiento se ha anunciado este viernes se encuentra Irantzu Gallastegi Sodupe, alias Amaia, condenada, entre otras causas, por el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Los otros cuatro reclusos son Asier Borrero Toribio (condenado a seis años por tenencia, fabricación y colocación de explosivos), Faustino Marcos Álvarez (con una pena de 13 años por pertenencia a banda armada y tenencia de armas), Gregorio Escudero Balerdi (con una pena acumulada de 30 años por asesinato, homicidio y estragos) y Garikoitz Etxeberria (condenado a 20 años por pertenencia a organización terrorista y depósito de explosivos).

Cuando sean finalmente trasladados ―un proceso que puede tardar semanas―, de los 161 presos de ETA que hay en cárceles españolas, nueve estarán en la prisión de Pamplona (dependiente de Interior, como la de Alcalá de Henares donde está Jauregi) y 151 en alguna de las tres cárceles que gestiona el Gobierno vasco, según los datos recopilados por EL PAÍS en diferentes fuentes. Esta última cifra constata la buena sintonía existente entre Interior y el Ejecutivo de Íñigo Urkullu desde que este asumió las competencia penitenciarias el 1 de octubre de 2021. Entonces solo estaban recluidos en cárceles vascas 40 hombres y cuatro mujeres de ETA, de los 192 presos de la organización terrorista que había entonces en España, y en tan solo año y medio las cifras han dado un vuelco total. Además, en Francia aún quedan otros 13 presos, todos menos dos recluidos en la prisión de Lannemezan, la más cercana a España.

En los próximos años está previsto que se produzca un goteo de excarcelaciones de presos etarras tras cumplir sus condenas. De hecho, en el último mes se han producido cinco, según Etxerat, asociación de apoyo a los reclusos de la organización terrorista.

La actual cifra de presos —161 en España, 13 en Francia— es la más baja en más de cuatro décadas y está muy alejada de los 559 (más otros 114 en cárceles en el extranjero) que había cuando la organización anunció en octubre de 2011 “el cese definitivo de la actividad armada”; o de los 243 (más 53 en Francia y uno en Portugal) que permanecían encarcelados en abril de 2018, al anunciar la banda su disolución. Entonces, el número de ellos que estaban recluidos en cárceles del País Vasco o Navarra era testimonial.

No ha sido el único cambio significativo de la situación penitenciaria de los reclusos de ETA desde que Grande-Marlaska asumió la cartera de Interior en junio de 2018 y anunció el acercamiento de los presos de manera “individualizada” y dentro del “estricto cumplimiento de la ley”. Desde entonces, el porcentaje de reclusos de la banda clasificados en primer grado penitenciario o régimen cerrado, el más duro, ha pasado de ser el mayoritario (el 88% justo antes del anuncio de la disolución) a no haber ninguno. En la actualidad, todos los presos de la organización terrorista cumplen sus penas en segundo grado u ordinario ―lo que les permitirá acceder a beneficios penitenciarios si cumplen ciertos requisitos― o en tercer grado o semilibertad.

Desde que el Gobierno vasco asumió la gestión de las cárceles en 2021, ha concedido la semilibertad a 34 miembros de la extinta organización terrorista, aunque 10 de estos casos han sido revocados por la justicia. Antes de transferir la gestión de las cárceles al Gobierno vasco, el Ministerio de Interior había concedido la semilibertad a otros 27 presos de la organización terrorista, de los que solo en tres casos la justicia revocó la decisión. Además, esta concedió entonces dos terceros grados que Interior había rechazado.