Miles de refugiados ucranios siguen sin recibir las ayudas que España les prometió

Miles de refugiados ucranios siguen sin recibir las ayudas económicas prometidas el pasado junio por el Gobierno central. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció que los desplazados con menos recursos acogidos en España recibirían 400 euros mensuales por unidad familiar, más 100 euros por menor a cargo, durante su estancia de seis meses en el país. La gestión de los fondos se delegó en las comunidades autónomas y el 70% de la cantidad les fue transferida a éstas en octubre. Pero la burocracia, una vez más, ha lastrado que el dinero llegue a las familias. Al menos ocho comunidades autónomas siguen sin ofrecer un solo euro a los beneficiarios. Este 30 de marzo vence el plazo para justificar los fondos ya recibidos —es decir, resolver a quiénes va destinado el dinero— y, así, optar al 30% restante. No obstante, no se descarta atrasar la fecha ante los retrasos constatados.

Esta ayuda, destinada a los refugiados que no dependen del sistema de acogida estatal y que viven por ejemplo con familiares o conocidos sin ningún otro apoyo económico, debía beneficiar a 40.000 personas, de los casi 170.000 refugiados ucranios que han llegado a España en este año de guerra. Una familia compuesta por el padre, la madre y tres hijos menores, por ejemplo, recibiría 700 euros al mes.

Entre las comunidades que no han comenzado a distribuir las ayudas se encuentran las que más refugiados acogen en sus territorios, como Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Juntas, estas tres regiones suman 107.000 personas con protección temporal, la fórmula con la que la UE permitió que los desplazados pudiesen vivir y trabajar legalmente de forma casi automática en los Estados miembros tras huir de Ucrania.

Miguel Balaguer, un ingeniero alicantino de 41 años, que acoge en su casa desde hace casi un año a un matrimonio ucranio, reclama esta ayuda económica desde antes incluso de que se aprobara. “Aunque tengan lo básico cubierto, es importante que tengan cierta independencia y que ellos mismos no se sientan una carga”, explicaba a EL PAÍS tras un par de meses de convivencia. Ahora se queja de que la situación es desesperante. “Ni siquiera podemos solicitar la famosa ayuda aún”, lamenta. Balaguer mantiene que, sin su apoyo, el joven matrimonio al que vive en su casa habría tenido que regresar a Ucrania.

Las ayudas, financiadas con fondos europeos, se aprobaron ante la situación de emergencia que provocó la guerra y el desplazamiento de decenas de miles de personas que, aunque no dependieran del sistema de acogida estatal, se encontraban en una situación precaria por falta de recursos económicos. Una de las principales dificultades a la que se está enfrentando muchos refugiados para independizarse económicamente es que no encuentran empleo. Tras un año en España, solo el 14% de los 100.000 refugiados entre 18 y 64 años están dados de alta en la Seguridad Social, a pesar de haber contado con un apoyo público y privado nunca visto. El idioma y la sensación de provisionalidad son los principales obstáculos. “No puede ser que miles de personas vengan a España y no se les ayude, no vale solo con dejarlos entrar”, lamenta Balaguer.

Los 52,8 millones destinados a estas ayudas, anunciados hace nueve meses por el ministro Escrivá, se entregaron en octubre a las comunidades. “Fueron ellas quienes pidieron gestionarlo”, explicó el ministro el miércoles de la semana pasada. “Nosotros habríamos sido más rápidos, pero ellas insistieron”, añadió. Fuentes del ministerio mostraron su sorpresa al comprobar que algunos territorios siguen sin tramitar las ayudas cuando en otros sí se ha hecho con mucha más celeridad.

EL PAÍS ha consultado a las 17 comunidades autónomas sobre el estado de este proceso. De las 16 que respondieron (Canarias ignoró la petición), ocho reconocieron que aún no están entregando los fondos. Son Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Murcia. Castilla y León no ha sabido confirmar si los solicitantes están recibiendo ya las ayudas. Cada comunidad da una explicación distinta para justificar los retrasos.

Un portavoz del Gobierno de la Generalitat Valenciana —la región donde vive el 27% de los casi 170.000 refugiados que han recibido protección temporal en España—, explica que sus plazos se han dilatado porque la Intervención (el órgano auditor autonómico) frenó el modelo inicialmente adoptado —esto es, que fuese la Cruz Roja quien gestionase las ayudas para vincularlas a un acompañamiento social— y obligó a entregarlas de forma directa. En otras comunidades, sin embargo, sí se ha delegado en organizaciones como Cruz Roja (en Andalucía) o Cáritas (en el País Vasco).

Cataluña, que también cuenta con un alto porcentaje de refugiados ucranios (23%), tampoco ha entregado las ayudas, aunque los interesados sí las han podido solicitar. La Generalitat ha registrado 7.000 peticiones entre los meses de diciembre y enero, algunas con “datos incorrectos” y otras duplicadas, según señala la Consejería de Igualdad y Feminismos. Hubo también cuestiones técnicas a resolver, como desarrollar un sistema informático específico para solicitar la ayuda telemáticamente, formar al personal o encontrar traductores. “Todo eso no se hace en dos días”, sostienen estas fuentes. La Comunidad de Madrid, con 2.600 solicitudes, tampoco está repartiendo el dinero. Sus problemas, señala un portavoz de la Consejería de Servicios Sociales, se concentraron en descartar peticiones duplicadas y comprobar que los solicitantes cumpliesen los requisitos, que básicamente son que cuenten con la protección temporal, que estén empadronados y que carezcan de recursos económicos.

El retraso en la entrega de las ayudas económicas ha sido una de las quejas recurrentes que han llegado al Defensor del Pueblo en los últimos meses. Las reclamaciones no solo se refieren a estas ayudas directas sino también a aquellas que reciben los refugiados, incluidos los que están en el sistema de acogida, y las que se han repartido en algunas comunidades autónomas. Ante el abanico y la falta de uniformidad de los apoyos económicos en toda España, la institución ha pedido aclaraciones al Ministerio de Migraciones.