La autopsia preliminar no aclara si hubo relación entre la detención y la muerte de un hombre en Sevilla

Ángel Bejarano tendrá que seguir esperando para conocer qué provocó la muerte de su hijo Carlos, de 37 años, que falleció el 19 de septiembre en Sevilla, siete días después de que fuera detenido por dos agentes de la Guardia Civil quienes, al ver que dejaba de respirar tras inmovilizarlo en el suelo para ponerle las esposas, estuvieron 10 minutos haciéndole maniobras de reanimación hasta que llegó la ambulancia. Bejarano cree que los uniformados a los que él mismo llamó por la actitud agresiva de su hijo se excedieron en la fuerza que ejercieron sobre Carlos, después de haberle “aporreado con porras metálicas para reducirlo”. Pero el informe preliminar de la autopsia únicamente certifica que su muerte se produjo por una encefalopatía hipóxica, es decir, por falta de oxígeno y sangre en el cerebro.

“Solamente tenemos un informe preliminar y hay que esperar al análisis toxicológico de los órganos que se han llevado al Instituto Nacional de Toxicología”, ha explicado en una rueda de prensa Luis Romero, el abogado de la familia Bejarano, que ha querido salir al paso de algunas informaciones que aludían que la autopsia confirmaba que la muerte de Carlos se había producido por haber tomado cocaína y por la situación de agitación en la que se encontraba cuando fue detenido por los guardias civiles. El letrado también ha indicado que el viernes pasado recibieron un escrito del juzgado en el que se les solicita que pongan a disposición del Instituto de Medicina Legal de Sevilla los vídeos que tomó Bejarano de la detención de su hijo.

El pasado 12 de septiembre, Bejarano y su mujer solicitaron la presencia de la Guardia Civil en su domicilio de Mairena del Aljarafe ante el comportamiento agresivo de su hijo, provocado por el consumo de drogas. Cuando llegaron los agentes, el joven había salido de la vivienda, pero los padres les pidieron que se quedaran con ellos porque temían que regresara, como así hizo, en un estado agresivo y de excitación. De acuerdo con el parte interno redactado por los uniformados, al que ha tenido acceso este diario, Carlos empezó a amenazar a los guardias civiles y les lanzó unos martillos cuando salieron a reducirlo, que lograron esquivar. La versión del padre, difiere y asegura que los martillos los lanzó contra la cancela y que cuando se fueron de la casa para detenerle ya no llevaba nada.

Los agentes reconocen que “usando la fuerza mínima proporcional para reducirlo, ambos guardias civiles hacen uso de la defensa extensible reglamentaria teniendo que esposarlo, debido a la gran resistencia y violencia que oponía”. Bejarano, impresionado por “la brutalidad con la que estaban pegando” a su hijo, empezó a grabar con su móvil justo en el momento en el que los uniformados ya están sobre Carlos, uno sujetándolo por las piernas, tratando de agarrar su brazo para esposarlo, y el otro con el brazo alrededor del cuello practicándole la técnica del mataleón. “Me arrepiento de haber llamado a la Guardia Civil. Si lo llego a saber, no los llamo, porque lo mataron”, se ha lamentado Bejarano en la rueda de prensa.

“Queremos que se investiguen los hechos y que se depuren responsabilidades, si ha habido responsabilidad penal, civil o administrativa por parte de los agentes. Independientemente de que hubiera consumido o no, la Guardia Civil tendría que haber tenido más cuidado”, ha señalado el abogado, para quien los uniformados “no actuaron con la proporcionalidad debida y emplearon una fuerza innecesaria sobre el cuello y el tórax, cuando Carlos ya estaba inmovilizado”. “Se incrementó el riesgo en lugar de evitarlo”, ha incidido el abogado para preguntarse por qué en lugar de porras metálicas no utilizaron pistolas táser.

“Sin los vídeos, aquí no habría caso”

Esta misma mañana, Romero ha presentado en el juzgado un escrito en el que se pide que los dos agentes que intervinieron en la detención de Carlos declaren como investigados, que los otros guardias civiles que también intervinieron en las tareas de reanimación y que llamaron a la ambulancia, así como los sanitarios que acudieron para asistir al joven y los médicos que atendieron al hombre durante los siete días que permaneció en el hospital con respiración asistida, lo hagan como testigos. También han pedido una reconstrucción de los hechos y no descartan, en el caso de que el informe final de la autopsia no establezca la causa-efecto entre la detención y la muerte del joven, pedir un nuevo informe forense.

Romero también ha cuestionado “la desidia judicial” en este caso y ha reconocido que si Bejarano no hubiera colgado los vídeos en Twitter el pasado martes, 8 de octubre, casi mes y medio después de que se produjeran los hechos, el Juzgado de Instrucción Número 2 que investiga lo sucedido, no le habría dado traslado del expediente ni los habría tenido como personados en la causa. “Se nos notificó todo el 10 de noviembre y el 11 se nos comunicó que estaba listo el informe preliminar de la autopsia” —que tiene fecha de 24 de octubre―, ha indicado, tras recordar que el 19 de septiembre, el mismo día que falleció su hijo, los Bejarano interpusieron denuncia ante el juzgado de guardia y que él se personó como acusación particular por un delito de homicidio imprudente el 28 de ese mismo mes.

“Si no se hubieran grabado los vídeos, aquí no habría caso”, ha reiterado Bejarano, que ha sido claro sobre lo que espera de este proceso: “Yo ya sabía que mi hijo había muerto desde el principio, cuando se lo llevaron en la camilla. Deben pagar por lo que hicieron”.