Anticorrupción archiva la investigación sobre la compra de mascarillas de la Comunidad de Madrid de la que se benefició el hermano de Díaz Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación que mantenía abierta desde marzo pasado por la adjudicación de un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas que acabó beneficiando al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. “El análisis de la tramitación del contrato, de su objeto, precio y ejecución no permite concretar ilegalidad alguna, al menos en lo concerniente a las conductas incluidas en el perímetro de esta investigación”, concluye el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el decreto de archivo firmado este jueves.

El ministerio público considera que Ayuso “no ha intervenido en el procedimiento” porque el Consejo de Gobierno “no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid”. Además, la Fiscalía sostiene que la presidenta madrileña no se prevalió de su posición para influir en que se aceptara la oferta de Priviet Sportive, la empresa con la que colaboraba su hermano, ni existía incompatibilidad para contratar con esta sociedad debido a la intervención en la operación de Tomás Díaz Ayuso.

El archivo decretado por Luzón implica el cierre de la investigación que llevaba a cabo la Fiscalía española, y que se centraba en los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad. El jefe de anticorrupción no se pronuncia sobre posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho, ya que estos están siendo investigados por la Fiscalía europea.

La venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid del que se benefició el hermano de la presidenta fue el origen de la crisis interna del PP que desembocó en la salida de Pablo Casado y la convocatoria de un congreso en el que Alberto Núñez Feijóo se convirtió en el nuevo presidente del partido. Aunque la denuncia que ha dado origen a la investigación de la Fiscalía la presentaron los grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid (Podemos, el PSOE y Más Madrid), fueron Casado y su secretario general, Teodoro García Egea, quienes sembraron las primeras dudas sobre la presidenta, a la que acusaron de mantener una conducta “no ejemplar”. “Mi labor es garantizar que ninguna comunidad gobernada por el PP ha cometido una práctica corrupta”, señaló el entonces presidente popular, que reprochó a Ayuso haber ninguneado sus peticiones de información sobre el contrato del que se benefició el hermano de la presidenta.

A la espera de la Fiscalía europea

Ayuso ganó el choque político, pero quedaba pendiente la investigación de la Fiscalía. El archivo decretado por Anticorrupción apuntala su victoria, a la espera de lo que determine la Fiscalía europea, que mantiene abierta las pesquisas por el posible desvío de fondos europeos (las mascarillas se pagaron con fondos Feder).

De momento, lo que ha descartado Anticorrupción es que la presidenta de la Comunidad de Madrid influyera, “directa o indirectamente”, en la adjudicación del contrato a la empresa con la que colaboraba su hermano. Así lo acreditan, según el fiscal, las declaraciones prestadas por todos los testigos que habían tenido alguna intervención relevante en la tramitación del expediente, y aseguraron no haber recibido “indicación, llamada, recomendación o sugerencia de autoridad o funcionario interesándose por esta contratación o por la empresa Priviet”. Tampoco se dan los requisitos para que existiera una incompatibilidad legal en la contratación de Priviet por parte de la Comunidad, porque para que eso ocurriera, Tomás Díaz Ayuso tendría que ser administrador o accionista de más del 10% de la empresa y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno.

Anticorrupción cifra la comisión recibida por Tomás Díaz Ayuso en 234.203,52 euros: 175.000 provenientes de los trabajos realizados para Priviet en relación con distintas ofertas, entre ellas la investigada en este caso; y 59.203,52 euros de un bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid. La Fiscalía vincula en su escrito esta comisión con el trabajo realizado por el hermano de la presidenta para Priviet, “consistente en añadir valor al proceso comercial de esta empresa mediante su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados”. Esta aportación se produjo en la operación de venta de 250.000 mascarillas a la Comunidad de Madrid, pero también en otras, según ha acreditado la defensa de Tomás Díaz Ayuso mediante la aportación a la causa de documentación relacionada con seis ofertas realizadas por la misma empresa con distintos clientes no institucionales, dentro y fuera de España.

“Los correspondientes correos electrónicos y documentos adjuntos confirmarían su intervención directa en los contactos con el cliente, la localización de posibles proveedores, la preparación de las ofertas o la presentación del producto”, expone Luzón, como prueba de que no fue la relación de Tomás Díaz Ayuso con la presidenta de Madrid lo que determinó su colaboración con Priviet para vender mascarillas a la Comunidad, sino que el vínculo entre la empresa y el hermano de la dirigente madrileña es anterior y habitual. “La investigación practicada no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que D. Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el Sermas [Servicio Madrileño de Salud] o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa Priviet, ni siquiera que aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos que, por otra parte, y de acuerdo con el procedimiento seguido por la Subdirección General de Contratación antes descrito, no era en absoluto necesario para presentar la oferta”, concluye el ministerio público.

La Fiscalía tampoco ha encontrado pruebas de que los distintos órganos administrativos que intervinieron en el contrato siguieran en la compra de las mascarillas a Priviet “un procedimiento distinto al legalmente previsto, ni que se diera a esta empresa un trato de favor”, y considera “expresivo” que la Comunidad rechazara otras dos partidas de mascarillas ofrecidas por la misma empresa por considerar el precio excesivo y negarse a adelantar parte del pago, como pedía Priviet. La empresa, expone Luzón, hizo a la Comunidad de Madrid seis ofertas en total, de las que solo se aceptó una. “En definitiva”, concluye el fiscal, “Tomás Díaz Ayuso ofrece una explicación coherente sobre su intervención en el proceso de venta de las mascarillas, que viene fundamentada tanto por el material documental aportado por su representación como por los diferentes testigos que han declarado en estas diligencias. Este relato no queda ensombrecido por las hipótesis planteadas por los denunciantes que, tras la práctica de las diligencias reseñadas, no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas que no permiten avanzar, siquiera sea provisionalmente, en una tesis inculpatoria”.