Luis Medina y Alberto Luceño se quedan solos

Este viernes, tras cerca de cuatro horas de intensa declaración como testigo de Elena Collado, la alto cargo del Ayuntamiento de Madrid que trató con los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, la abogada de una acusación popular lamentaba la dirección que toma la instrucción abierta por la presunta estafa. “Va todo encaminado a dejar clara la intervención de Luceño y Medina, única y exclusivamente”, resumía la letrada a la puerta del juzgado, casi dos meses después de que la Fiscalía presentase su querella contra los empresarios. En este tiempo, las nuevas pruebas recabadas han estrechado el cerco sobre el hermano del duque de Feria y su socio, pero, según el ministerio público, no se ha encontrado ningún indicio que apunte al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP), al que señala la oposición en el Ayuntamiento.

Las últimas decisiones del magistrado Adolfo Carretero, que ha asumido las pesquisas tras recibir la denuncia de la Fiscalía, han ahondado en esa línea. El juez ha rechazado imputar a cuatro personas vinculadas con el Ayuntamiento, al que considera una víctima. También ha insistido en que Collado fue “engañada”. Y, además, esta semana cerrará la ronda de declaraciones que ha fijado hasta ahora. El próximo viernes interrogará como testigo a Matilde García Duarte, coordinadora de la alcaldía de Madrid, para preguntarle si facilitó al primo de Almeida la dirección de correo electrónico genérico que este supuestamente proporcionó a Medina y si esta era la vía que usaron otros vendedores. Una versión que sostienen el familiar del alcalde, el Consistorio y Collado; y que, salvo sorpresa mayúscula, avalará García Duarte.

De esta forma, pese a que Carretero puso sobre la mesa una vez la posibilidad de que los comisionistas recibieran un “trato de favor” (sin concretar de quién), la oposición personada como acusación popular (PSOE, Más Madrid, Podemos y Grupo Mixto) encuentra cada vez más difícil hallar hilos de los que tirar para intentar probar un supuesto tráfico de influencias. Un delito que la Fiscalía ha dado por descartado: “No procede ampliar la investigación ni citar en calidad de imputados a personas distintas de los querellados”, ha subrayado en una ocasión.

“Di un paso adelante”

La declaración de Collado del pasado viernes, en la que los partidos de izquierdas habían depositado sus expectativas, tampoco sirvió de mucho a las acusaciones populares. Ejerció como dique de contención y su testimonio limita la posibilidad de apuntar más arriba. Según varias fuentes jurídicas, la alto cargo del Ayuntamiento asumió toda la responsabilidad de las operaciones cerradas con Luceño y Medina; y afirmó que nadie le dio órdenes concretas para que comprara a ellos el material sanitario —que costó a la Administración casi 11 millones de euros y que permitió a los dos socios embolsarse casi seis millones en comisiones—. “Di un paso adelante en una situación de pandemia muy complicada. Y si tuviera que volverlo a hacer, lo volvería a hacer. Era para proteger a los empleados públicos”, comentó ante el magistrado, según fuentes presentes en la cita.

La oposición recela de esa versión. “No me creo que fuese un director general quien tomase esa decisión”, dijo el viernes Mar Espinar, portavoz del PSOE, en referencia a Collado. Esta misma semana, los socialistas han pedido al juez que reclame a los comisionistas la entrega de sus teléfonos móviles para analizar su contenido y conocer “si pudieran existir terceros implicados de alguna manera en los hechos delictivos”. Más Madrid ha solicitado el tráfico de llamadas de ambos, del primo del alcalde y de la profesora universitaria que les ayudo a contactar con el Consistorio, María Díaz de la Cebosa.

Pese a ello, el rumbo de la causa ha dado fuerza al Gobierno de Almeida, que se ha sacudido la presión de los primeros días y arremete ahora contra la izquierda. Los populares repiten que las acusaciones populares están “poco preocupadas” por Luceño y Medina y por la “estafa al Ayuntamiento”, y que su actuación en la causa “demuestra” que quieren someter al Consistorio a un “juicio político”. La oposición responde: “Más allá de cómo vaya deviniendo la investigación judicial, el alcalde es el responsable último de esta operación. Se ha demostrado que su gestión ha sido absolutamente bochornosa porque los madrileños hemos perdido muchísimo dinero por esta operación fraudulenta”, mantiene Alejandra Jacinto, portavoz de Podemos.