El exalcalde de Linares, condenado a cuatro años de prisión por malversación de fondos

El que fuera alcalde socialista de Linares (Jaén, 56.525 habitantes) desde 1999 a 2019, Juan Fernández, ha sido condenado a cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Además, en concepto de responsabilidad civil, deberá devolver los 125.377 euros que recibió durante siete años en concepto de asignación mensual que él mismo se concedió de manera unilateral.

La Audiencia Provincial de Jaén determina en la sentencia el “perjuicio económico” para el Ayuntamiento linarense por la asignación mensual que Fernández recibió entre los años 2011 y 2017. Fue, precisamente, la época de mayor recesión económica de Linares, que en 2011 certificó el cierre de la factoría automovilística Santana Motor y que en los últimos años llegó a ser la ciudad española mayor de 20.000 habitantes con una mayor tasa de paro (por encima del 30% en general y por encima del 50% en paro juvenil).

“Durante el tiempo que ejerció como portavoz [del PSOE], abusando de la confianza depositada, el acusado se apropió, sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento del grupo socialista, y para su propio beneficio de una cantidad mensual de 1.700 euros, en metálico, mediante la emisión de cheques bancarios (…) que se nutrían exclusivamente de la dotación económica recibida del Ayuntamiento adoptada por acuerdo plenario al inicio de cada una de las legislaturas municipales, aproximadamente de 50.000 euros anuales, la cual no podía destinarse al pago de remuneraciones de personal”, se indica en la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén después de que el jurado popular ya declarase la culpabilidad de Juan Fernández.

El tribunal ha aplicado, no obstante, el subtipo agravado del artículo 432 del Código Penal que regula la malversación de caudales públicos, al entender que el exregidor linarense incurrió en malversación de especial gravedad por “el valor de las cantidades sustraídas y el daño o entorpecimiento producido al servicio público”. Además, se recuerda que el Tribunal de Cuentas estableció que esta asignación era de tipo finalista para el mantenimiento y funcionamiento del grupo municipal y, por tanto, no se puede destinar a algo que no sea dicho fin, y evidentemente exige una justificación y control”, algo que en este caso no se ha producido.

Durante el juicio celebrado el mes pasado, Fernández reconoció que recibía mensualmente esta asignación, algo que llegó a justificar “porque le estaba costando el dinero por tantos viajes a Madrid”. Sin embargo, los diferentes testigos negaron haber tenido conocimiento de ese sueldo que Fernández se atribuyó como complemento al que ya recibía por su condición de alcalde. Manuel Rodríguez Méndez, que fue primer edil entre 1991 a 1995, declaró que nunca cobró como portavoz y que nunca hubo acuerdo alguno para cobrar por ostentar la portavocía.

“Algo vergonzoso”

Fernández, que es actualmente concejal de la formación Linares Primero que él mismo creó tras ser expulsado del PSOE, ha recibido la sentencia de la Audiencia Provincial con estupor. “Lo que me han hecho es algo vergonzoso”, ha exclamado, tras considerar como “falsos y malinterpretados” los argumentos que ha tenido en cuenta el tribunal para dictar el fallo. El exalcalde ha anticipado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha añadido que está dispuesto incluso a acudir al Tribunal Internacional de La Haya. Durante el juicio, su defensa pidió que se le aplicara la pena mínima y que se tuvieran en cuenta como atenuantes la confesión, la declaración parcial del dinero y las dilaciones indebidas en el proceso. Además, el jurado popular se pronunció por cinco votos a favor y cuatro en contra) a favor de proponer el Gobierno el indulto parcial de la pena, como queda recogido en la sentencia.

La sentencia contra el exregidor de Linares llega en un momento de gran tensión política en la ciudad. Esta semana se ha cumplido un mes desde que un juez ordenara la suspensión cautelar del pleno para debatir la moción de censura contra el actual gobierno municipal de Cs y PP. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Jaén justificó esta suspensión cautelar del pleno hasta tanto se investiguen las “especiales circunstancias” en las que se encuentran dos concejales socialistas que pudieran afectar a la condición y al ejercicio del voto y por ende a la validez de la votación y acuerdo de la moción de censura.

El PSOE, que es el partido que ha presentado la moción de censura con el apoyo de IU y el partido independiente CILU, asegura que ya ha acreditado debidamente la situación legal de estos dos ediles. Además, durante un reciente pleno municipal, dos ediles del equipo de gobierno se desmarcaron de la propuesta del alcalde, Raúl Caro, de Cs, para reprobar a los dos concejales socialistas. Por tanto, el municipio linarense, instalado desde hace años en una grave crisis social y económica, se enfrenta ahora a una aguda e incierta crisis política.