Los trabajadores de la Embajada y consulados de España en el Reino Unido convocan una huelga indefinida

Denuncian una situación de precariedad laboral que agrava aún más los problemas burocráticos derivados del Brexit

Colas en el consulado español en Londres
Colas en el consulado español en LondresMaría Almena

Los 97 trabajadores fuera de convenio que cubren las necesidades administrativas, de intendencia y atención a la ciudadanía de la Embajada de España en el Reino Unido y de los consulados de Londres, Manchester y Edimburgo, han sido convocados a partir de este lunes 14 de marzo a una huelga indefinida. Lo que, a primera vista, parece un conflicto laboral derivado de sueldos escasos y condiciones de trabajo notablemente mejorables tiene en realidad un simbolismo mucho mayor, porque expone la falta de previsión que los gobiernos españoles tuvieron ante el cataclismo derivado del Brexit. Cuando la salida del Reino Unido de la UE, votada en referéndum en 2016, comenzó a ser una realidad irreversible, las autoridades británicas ofrecieron a los ciudadanos comunitarios residentes en el país la posibilidad de acogerse al llamado EU Settlement Scheme (Programa de Asentamiento de la UE), para preservar todos los derechos adquiridos hasta entonces (residencia, acceso al mercado laboral, servicios sociales...). De la noche a la mañana, resultó que la novena ciudad española más poblada se encontraba en el Reino Unido: 308.000 españoles solicitaron la regularización post Brexit, lo que llevó a intuir que la cifra podía incluso acercarse a los 400.000.

Ante una situación cada vez más complicada, muchos de ellos optaron por hacer lo que hasta entonces no habían hecho: registrarse en el consulado, para dejar constancia de su presencia en el país, frente a posibles imprevistos. 170.000 españoles censados, y creciendo. A los que debe atender, en un periodo de post Brexit y pandemia, un grupo de trabajadores en condiciones laborales tan desventajosas como para que en torno a un 20% de ellos abandone anualmente el puesto. “La gente se va del trabajo apenas cuando ya hemos logrado formarles. Y esto se traduce en que acabamos dando un mal servicio a la gente, por exceso de rotaciones o porque nos vemos obligados a reforzar los equipos con asistencias técnicas (personal contratado por unos pocos meses)”, explica uno de los trabajadores que más ha impulsado la convocatoria de huelga indefinida.

Las continuas convocatorias para cubrir las plazas que se abren ofrecen sueldos que oscilan entre los 20.000 y los 26.000 euros anuales. Cantidades que, desde España, pueden considerarse bajas pero respetables. En una ciudad como Londres, pero también en Manchester o Edimburgo, con alquileres de vivienda prohibitivos y un nivel de vida muy elevado, es difícil plantearse un proyecto vital mínimo con esos sueldos. Para colmo, desde 2008, cuando se produjo la última actualización, los salarios de todo ese personal permanecen congelados. Desde entonces hasta 2021 la inflación acumulada es del 27,5%. El Reino Unido ha decidido aumentar en un 1,25% las cotizaciones a la Seguridad Social, y la inflación estimada para 2022 rondará el 7%, la mayor de las últimas tres décadas. Como consecuencia de toda esta situación, los nuevos trabajadores acaban cobrando más que aquellos que llevan más años y que van a formarles en sus nuevos puestos. Los convocantes de la huelga reclaman “una subida salarial que subsane la pérdida de poder adquisitivo” y “la equiparación inmediata de las retribuciones de todos los trabajadores con la misma categoría administrativa·”.

No es un problema exclusivo del Reino Unido. De hecho, es posible que la próxima convocatoria de huelga sea la de los trabajadores de Berlín. El personal contratado en consulados y embajadas españolas de todo el mundo se somete a la legislación laboral de cada país, con una serie de mejoras estipuladas de acuerdo a las circunstancias de cada caso que contempla la resolución de 31 de enero de 2008 de la Secretaría General para la Administración Pública. Es sobre todo el nivel de vida del país, extremadamente caro ―sobre todo en Londres―, y un régimen de protección de Seguridad Social de mínimos lo que provoca un enorme desgaste del personal, sometido además a una fuerte tensión por atender a una de las comunidades más elevada de expatriados en Europa.

En el Reino Unido, es habitual que las empresas complementen la cobertura social básica con una prestación adicional como seguros o planes de pensiones privados. Solo así puede un trabajador salir adelante durante una baja por enfermedad, porque la ayuda británica ronda los 115 euros semanales. “Ha habido compañeros que han venido a trabajar dos semanas después de haber sufrido un infarto, y algunos se planean las operaciones a las que deben someterse en el tiempo de vacaciones”, explica el trabajador citado anteriormente. A lo que hay que añadir que, según los convocantes, el Gobierno español no ha hecho caso a lo acordado después del Acuerdo de Retirada del Reino Unido. “Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (...) el Real Decreto Ley 28/2020 recoge que ‘Los empleados públicos estarán sujetos a la legislación del Estado, Reino Unido o España, del que dependa la Administración que los ocupa’, advierte el comunicado que llama a la huelga. “Nuestra Administración ha optado por desoír estos criterios y ha dejado injustamente a su personal a merced del sistema de seguridad social británico”, denuncian.

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En la Embajada y en el Ministerio de Asuntos Exteriores son conscientes de una realidad que queda en manos, sobre todo, del Ministerio de Hacienda. El ministro José Manuel Albares y la directora general del Servicio Exterior, María Hilda Jiménez, han conocido de primera mano una situación a la que todavía no han sido capaces de dar respuesta. “El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC) ha emprendido numerosas acciones para mejorar la situación del personal. Se ha tramitado con éxito la actualización del complemento denominado London Inner Allowance [para compensar el coste de la vida de Londres, un 20% superior al resto del país: poco más de 500 euros al mes], para mejorar las condiciones salariales; se han celebrado numerosas reuniones con representantes sindicales y realizado visitas del equipo directivo a las representaciones en el Reino Unido”, aseguran fuentes de Exteriores.

Las peticiones de pasaportes, visados y otros trámites en los consulados del Reino Unido ―especialmente el de Londres― han desbordado la capacidad de respuesta de la administración exterior española. Se acumulan decenas de miles de gestiones pendientes. El consulado de la capital, dos edificios de vivienda anexos en el barrio de Chelsea, no tienen ni la infraestructura ni la capacidad para acoger más personal. Es normal ver una cola enorme de ciudadanos en la calle cada día. Los episodios en los que ha acabado interviniendo la policía, por desesperación y falta de nervios de los ciudadanos o de los trabajadores, son muy cotidianos. “Pero pocos son conscientes del enorme trabajo que asumió gran parte del personal, sobre todo por el Brexit. Añadieron horas extras no retribuidas fuera de horario, para agilizar gestiones y sacar adelante el trabajo. Aunque muchos no lo crean, tenemos nuestro corazón, y no nos gusta dejar a ciudadanos en la estacada”, asegura una de las trabajadoras.

Exteriores ya ha iniciado la búsqueda de un edificio más funcional y adecuado a las necesidades, pero la lentitud de la administración resulta exasperante. A lo que hay que añadir un sistema informático muy deficiente que genera frustración y rabia entre la comunidad española que intenta utilizar los servicios consulares. Y a pesar de todo, la situación del personal sin convenio ha generado la solidaridad de las instituciones del exterior.

“Desde los CRE [Consejo de Residentes Españoles] del Norte y Centro del Reino Unido, solo podemos solidarizarnos con su decisión de ir a huelga, con lo que conlleva, y lamentar la situación a la que han sido empujadas por la falta de empatía y justicia por parte del Ministerio de Exteriores, con quien llevan meses intentando negociar una mejora salarial justa” asegura David Casarejos, presidente del Consejo de Residentes de Manchester.


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Sobre la firma

Rafa de Miguel

Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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