La justicia tumba la autorización a una granja para 48.000 pollos en un espacio protegido

Cuando la Unión Europea ha llevado a España ante la justicia por la contaminación de nitratos y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha abierto el debate de las macrogranjas, sale a la luz una sentencia dictada en noviembre por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que cuestiona rotundamente la política llevada a cabo por la Xunta respecto a la ganadería intensiva. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal anula la evaluación de impacto ambiental con la que la Consellería de Medio Ambiente dio su visto bueno en 2019 para que una granja “dentro del grupo Coren” —uno de los mayores productores de pollos, huevos y derivados del porcino en España— doblase su capacidad de cría en un entorno supuestamente protegido por varias figuras ambientales y próximo al vecindario.

Fue precisamente una familia perjudicada de manera directa la que, al no obtener respuesta del Gobierno gallego a sus alegaciones al proyecto (a pesar de que su finca es colindante), recurrió a la vía judicial para luchar contra Goliat. La autorización autonómica había permitido duplicar la capacidad de una empresa radicada en el municipio ourensano de Rairiz de Veiga, suministradora de Coren, desde los 22.932 pollos hasta los 47.970. Esta cantidad se renueva media docena de veces al año (seis ciclos de cría) y en cada ejercicio, recoge el fallo judicial, suma 287.820 aves despachadas desde una sola empresa, entre los cientos de ellas que salpican esta zona de Galicia.

La noticia —adelantada por David Reinero en Praza Pública— sacude la comarca de A Limia, sobre la que entidades científicas y grupos ecologistas llevan lanzando alertas desde hace muchos años ante la crispación del sector interesado y la pasividad de las autoridades. En varios municipios se concentran las macrogranjas que crían los animales para Coren, y al mismo tiempo esta zona del sur de Ourense es una de las mayores extensiones de tierras sembradas de patatas de España. Hace casi una década ya se contaban más de 350 instalaciones de cría de cerdos y pollos, pero también las hay de vacas y conejos.

Todos los años se repiten en este paisaje graves episodios de contaminación por cianobacterias en los embalses adonde van a parar las aguas del río Limia, que cruza la frontera con Portugal, y sus afluentes. Diversos estudios apuntan a la eutrofización por exceso de nitratos como posible causa. La cuenca arrastra, y supuestamente no siempre digiere, las montañas de excrementos con las que, tal y como han fotografiado los ecologistas en numerosas ocasiones, se abonan las tierras de labor.

El TSXG hace suyos todos los motivos del recurso presentado por el abogado de los vecinos después de que la Administración gallega no tuviese en cuenta en la tramitación ni a la familia ni a la Sociedade Galega de Historia Natural, que hizo sus correspondientes alegaciones basándose en estudios científicos independientes. Según los magistrados, el departamento de la Xunta encargado de velar por el medio no evaluó el impacto en las aguas, ni en las colonias de aves que habitan el paisaje protegido por la Red Natura. Tampoco se preocupó por las personas del entorno, que ven vulnerado su “derecho a la salud”, a “disfrutar de un medio ambiente adecuado” e incluso a la “inviolabilidad del domicilio” por las pestilentes emisiones del “amoníaco, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y metano”. Por no mirar, según los jueces la Xunta no miró ni la desbocada situación en su conjunto: la contaminación y los efectos acumulativos de los residuos de tanta macrogranja como se ha ido autorizando durante años.

La empresa de engorde avícola que ve anulada ahora la declaración de impacto es Cavirsa Freire, SC, “integrada/vinculada dentro del grupo Coren”, del que recibe seis veces al año “los pollitos procedentes de las salas de incubación”. En esta granja, como en las otras de la zona, los animales se ceban “en naves cerradas y con ventilación dinámica”, describe el fallo judicial, hasta que en unos 50 días alcanzan el peso deseado: dos kilos y medio. Según recogía el informe de impacto y reproduce en su texto el Tribunal Superior, “el estiércol” generado, que se almacena durante seis meses en un depósito, “será valorizado en parcelas agrarias”.

Aunque el excremento de los pollos “es un fertilizante natural de buen resultado”, admite la sentencia, “un uso excesivo de este estiércol concentrado en una zona determinada puede estar contribuyendo a la contaminación de las aguas subterráneas por lixiviación de nitrato”. Dentro de la explotación ganadera, al duplicarse el número de cabezas, el tribunal reconoce que se “duplican las molestias” y la balsa donde se recogen los excrementos (540 metros cúbicos cada medio año).

Se desconoce la cantidad de estiércol que pueden llegar a generar las granjas de A Limia, pero la sala cree que la Xunta debería “investigar” científicamente sus consecuencias antes de que los daños sean “irreversibles”. Sobre el efecto sumatorio de tal cantidad de criaderos en un mismo entorno, la resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, critica la falta de perspectiva de los responsables políticos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y la ausencia de “una metodología para prevenir el impacto” a la hora de extender la gallinaza por las tierras cultivadas. La consejería no puede valorar de forma “individualizada” las consecuencias ambientales de una nave “prescindiendo del resto” de instalaciones existentes, porque son “impactos acumulativos”, recuerdan los jueces.

Niveles “aberrantes” de nitrato en los pozos

El proyecto se encuentra “dentro del ámbito” de la Red Natura 2000, alerta el tribunal, y cuenta con varias figuras (Zona de Especial Protección de Aves, Lugar de Interés Comunitario, Reserva de la Biosfera de la Unesco desde 2005) de supuesto blindaje ambiental. Allí habita fauna recogida en los catálogos español y gallego de especies amenazadas y la zona está integrada en el plan de recuperación de la tortuga o galápago europeo, Emys orbicularis.

La Sociedade de Historia Natural —cuyo presidente, el edafólogo del CSIC Serafín González, declaró como testigo y aportó estudios a los magistrados— reclama desde hace tiempo “una moratoria a todas las solicitudes de instalación o ampliación de granjas en A Limia. No deben darse más autorizaciones, defiende el colectivo ecologista integrado por científicos, “hasta que se evalúen los efectos sinérgicos y acumulativos” y no se “ordene desde un punto de vista ambiental la ganadería estabulada” en esa cuenca fluvial tan intensamente explotada.

Entre los informes científicos sobre la contaminación en A Limia que blanden los magistrados está el elaborado en las aguas de pozo y las fuentes naturales por el departamento de Química Analítica de la Universidade de Vigo en 2020. Los estudiosos califican de “aberrantes” algunos de los niveles detectados y explican que los nitratos se presentan en “valores muy elevados” en más de la mitad de las muestras en pozos. En algunas de las muestras también “superaron el límite permitido” los fluoruros, nitritos, aluminio, arsénico, plomo, manganeso y mercurio. “Se deduce que esta contaminación del acuífero puede ser atribuida a la lixiviación de los fertilizantes y al exceso de residuos ganaderos, debido a las malas prácticas de fertilización, la alta permeabilidad del sustrato y la baja profundidad del nivel freático”, señala el equipo. Y propone actuar de forma inmediata y buscar alternativas “reales” a los actuales “modelos de agricultura y ganadería intensivas”. Otros, concluyen, “son más respetuosos con el medio ambiente y la sociedad”.