Las Cortes no están para cambios

Sin el menor atisbo de alegría, ni ambiente festivo, se celebra hoy el 43º aniversario de la Constitución Española. La pandemia que persiste, aunque mucho se ha avanzado en la protección por la vacunación masiva, impedirá la prolongación del acto y, por tanto, la expansión y extensión del exacerbado enfrentamiento entre los enrocados dos bloques políticos. Breves alocuciones del jefe de Gobierno, y de los líderes políticos al aire libre, después del discurso de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, darán por terminado el acto.

No tiene la tercera autoridad del Estado un ambiente propicio para hablar de cohesión, unidad, servicio en común a los ciudadanos, en tiempos tan difíciles, cuando reina la hostilidad y el conflicto permanente. De reforma de la Constitución, nada. Ni siquiera para asuntos en los que objetivamente hay acuerdo absoluto, nada.

La discrepancia, instalada como fin en sí mismo, impide plasmar el cambio del artículo 49 de la Constitución cuya transformación no merece el menor reparo. La Ley de Leyes habla de “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” y se pretende sustituir por “personas con discapacidad”. Pues no. PP y Vox no están por este cambio, que proponen, y se aprobó en Consejo de Ministros, el resto de los grupos de la Cámara a instancias del gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos.

Pasan los años y cada década se produce el espejismo de que es posible la reforma de la Constitución. Con el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero se acrecentó el interés por añadir nuevos derechos sociales y ahormar la reforma del Estado autonómico para añadir elementos a lo que ya está establecido: la configuración de España “en regiones y nacionalidades”. El expresidente Mariano Rajoy sabe muy bien, y para él queda, las recomendaciones del fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba de que abordaran el Título VIII, el de la España autonómica, ante el crecimiento del independentismo en Cataluña. Pero no solo para profundizar en la España federal, sobre todo en sus símbolos, sino para que todas las fuerzas políticas, por primera vez, aceptaran leer juntos, sin prisa, la Ley de Leyes. El marco sería una ponencia dentro de la Comisión Constitucional, pero podía ser fuera de ella, como paso previo, para delimitar los aspectos susceptibles de cambio en los que podían coincidir.

Nunca ha llegado el momento. Nunca venía bien; no fuera a ser que abrir el libro constitucional diera alas a quienes llevan en su ideario plantear a los españoles la opción de Monarquía o República, como ejemplo o temor más citado.

Si en la política no hay acuerdo para releer la Constitución, en la calle tampoco es una demanda generalizada, pero sí tiene su público. Si hubiera voluntad, los propios partidos explicarían a los ciudadanos los porqués de las reformas. La división ciudadana, sin pedagogía previa, está en los contenidos. La primera vez que el CIS incluyó la pregunta de la reforma fue en 1987 y hubo división en tres tercios: uno, favorable a la reforma; otro, en contra de la reforma; y un tercero, que no se pronunciaba. En 2018, la última vez que ha preguntado el CIS, los porcentajes se distribuyeron de manera desigual: 70% a favor de la reforma; 15% en contra; 15% sin posición clara. Ese 70% se mantiene en la actualidad, según el último estudio de 40dB., que dirige la socióloga Belén Barreiro, doctora en Políticas y expresidenta del CIS, lo situaba algo por encima, un 72%, en el informe elaborado para la Plataforma de Medios Independientes. Entretanto, ha habido dos elecciones generales, las segundas repetidas, y la formación de un Gobierno de coalición, además de la entrada con fuerza de Vox. La repetición electoral llevó al CIS a preguntar por la reforma de la Constitución para prescindir del requisito de la mayoría absoluta en la elección del presidente del Gobierno. El CIS, tras esas elecciones de 2019, lo preguntó tres meses consecutivos.

El 42% se mostraba favorable a ese cambio en mayo, el 44% en junio y el 50% en julio. Los menos favorables fueron los votantes del PP: solo el 41%. “Pero, probablemente, era una opinión más coyuntural que estructural ya que en ese momento eliminar ese requisito le hubiera dado con mayor facilidad la presidencia a Pedro Sánchez”, interpreta el sociólogo José Pablo Ferrándiz, fundador de Elemental Research. “Parece que cuando se produce un acontecimiento o se genera un conflicto político, económico o social que afecta de manera directa a la Constitución, la manera de resolverlo es pedir la modificación de la Constitución, y la ya de por sí mayoritaria opinión favorable a la reforma, se amplía”, recalca. Sí ve este investigador social consenso en cuanto a la necesidad de reformar la constitución “aunque está más extendida entre los votantes de partidos de izquierda que de derecha; más entre los más jóvenes en comparación con los mayores, y se agranda conforme aumenta el nivel de estudios”. Los ciudadanos de izquierda demandan cambios más profundos que los de la derecha, explica el sociólogo de Elemental Research, que añade que tampoco hay acuerdo en los aspectos que deben modificarse.

Los discursos para este aniversario ya están fijados. El Manifiesto del PSOE pone el énfasis en las bases de la Constitución para impulsar políticas sociales universales y de calidad. Se evoca el espíritu de diálogo y acuerdo que los constituyentes plasmaron en el texto que fue a referéndum en 1978. Hoy, 43 años después, se constatará la abismal diferencia.