El PSOE y el PP renuevan el Constitucional con un tímido avance hacia la igualdad

El Tribunal Constitucional tiene un agenda muy densa por delante, cargada de asuntos surgidos esta legislatura y recurridos por el PP y Vox, y otros que se arrastran desde hace años, como el recurso contra la ley del aborto. El tribunal seguirá teniendo mayoría conservadora (con siete magistrados, frente a otros cinco progresistas), un escenario en el que cabe pensar que puede continuar la tendencia hacia resoluciones críticas con las iniciativas del Gobierno y sus socios, como ha venido sucediendo en los últimos meses. Por otra parte, el objetivo de la paridad quedará muy lejos de lograrse con la actual renovación del tribunal de garantías.

Los cuatro elegidos para formar parte del Constitucional tienen marcado perfil político y experiencia jurisdiccional, en juzgados y tribunales, e institucional, ya que todos ellos fueron vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Constitucional seguirá aún lejos de la paridad en su pleno, pero con la incorporación de la conservadora Concepción Espejel y la progresista Inmanculada Montalbán, el número de mujeres en el tribunal de garantías pasa de dos a tres. A su vez, el conservador Enrique Arnaldo aporta su experiencia en materia de derecho parlamentario —en tanto que letrado de las Cortes— y de Derecho Constitucional, especialidad de la que es catedrático, mientras que Ramón Sáez Valcárcel es un magistrado penalista de larga trayectoria, autor de numerosas sentencias que tuvieron en su momento gran repercusión, como la que absolvió inicialmente a los autores del cerco al Parlament, en 2011, un hecho que obligó al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, a acceder a la sede de la Cámara en un helicóptero. Sáez Valcárcel defendió en aquella ocasión el derecho de manifestación como expresión de una protesta de los sectores sociales más desfavorecidos por los recortes en un contexto de crisis económica.

La existencia de una mayoría conservadora asegura la elección de un presidente de este perfil. La designación se decide entre los 12 magistrados que componen el pleno. Es muy probable que la persona elegida sea Pedro González Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y autor, entre otras ponencias, de la relativa a la sentencia sobre el primer estado de alarma. El vicepresidente sería el progresista Juan Antonio Xiol.

El fallo sobre el primer estado de alarma, de marzo de 2020, supuso un varapalo para el Gobierno, en la medida en que consideró inconstitucional el confinamiento acordado bajo aquel paraguas legal. La tesis fue que dicho confinamiento había supuesto una suspensión y no una mera limitación de derechos fundamentales, como el de libre circulación, para lo cual hubiera sido preciso solicitar a las Cortes la declaración del estado de excepción. En su próximo pleno, el Constitucional tendrá que abordar el borrador de resolución ya preparado sobre el segundo estado de alarma, decretado en octubre de 2020. Esta ponencia, elaborada por el magistrado Antonio Narváez, también conservador, propone efectuar varias tachas al decreto por el que el Gobierno ordenó los confinamientos perimetrales autonómicos contra la pandemia. El borrador de sentencia de Narváez propone, por tanto, considerar que el segundo estado de alarma tampoco se ajustó a la Constitución.

Si el fallo se aprueba en estos términos, supondrá el tercer varapalo seguido para la estrategia jurídica puesta en marcha por el Gobierno para hacer frente a los problemas legales originados por la pandemia. El tribunal de garantías también anuló en su último pleno los acuerdos adoptados por la Mesa del Congreso durante los primeros días de la emergencia sanitaria, con objeto de reducir la actividad de la Cámara ante los riesgos que implicaba la extensión de contagios por la covid-19.

La ley de eutanasia, y la reforma educativa de la ley Celáa, también están en la agenda del Constitucional. Y junto a ellas, la sentencia sobre el aborto, que ahora cambiará de manos, al ser el actual ponente, el magistrado conservador Andrés Ollero, uno de los miembros del tribunal que cesan con la renovación.