Seis policías justifican en sospechas de violencia de género la entrada en un piso sin autorización judicial

Otra actuación policial polémica durante el estado de alarma llega a los juzgados. Seis de los 12 agentes de la Policía Nacional imputados por irrumpir sin autorización judicial el 9 de diciembre en un piso de Madrid donde supuestamente se celebraba una fiesta de cumpleaños pese a las restricciones del estado de alarma entonces en vigor han declarado este miércoles como investigados ante el juez de Madrid Marcelino Sexmero. Los seis han defendido que entraron en la vivienda al sospechar que en su interior se estaba produciendo un caso de violencia de género. También afirmaron que actuaban ante otros delitos flagrantes, entre ellos el de atentado y amenazas a los agentes, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.

Los cinco ocupantes varones del piso, que fueron detenidos entonces y ya declararon en julio en la misma causa acusados de resistencia a la autoridad, denunciaron que los policías habían pretendido en sus informes “inflar artificialmente la infracción supuestamente cometida” para justificar su actuación, en la que afirman que sufrieron lesiones. Los otros seis agentes que participaron en el operativo declararán la próxima semana como investigados. Las declaraciones de este miércoles se producen menos de un mes después de que fueran interrogados como imputados otros seis policías por una segunda actuación policial en Madrid durante la pandemia que incluyó la irrupción también sin autorización judicial en un piso donde se celebraba una fiesta ilegal durante el estado de alarma. En ese caso, los agentes están acusados de allanamiento de morada, aunque la Fiscalía pidió el pasado viernes archivar la causa para cinco de ellos.

El suceso por el que han declarado este miércoles los seis agentes se produjo en el número 14 de la calle Pan y Toros, en el distrito madrileño de Villaverde. Según el atestado policial, un coche patrulla se desplazó al inmueble tras la llamada de un vecino que denunciaba que en una vivienda se estaba produciendo “una fuerte reyerta” y se escuchaban “fuertes gritos de una mujer, así como a un niño pequeño llorando”. Los agentes aseguran en su informe que, mientras subían al piso, pudieron escuchar “un fuerte escándalo y golpes” que continuaron pese a que llamaron “insistentemente a la puerta”. Según el atestado policial, los ocupantes de la casa se negaron a abrir y, tras un forcejeo con la puerta entreabierta en el que se aprisionó el pie a un agente, tuvieron que usar gas pimienta. Tras forzar la puerta con un ariete, los cinco varones que estaban en el interior del piso fueron detenidos por desobediencia, atentado y amenazas.

Este miércoles, los agentes ratificaron el atestado e insistieron en que el objetivo de entrar era “comprobar el estado de la mujer” que se encontraba en el interior y que, una vez allí, supieron que también había un niño. Uno de los policías afirmó al juez que, una vez consiguieron entrar en la vivienda tras casi una hora de forcejeo, “encontraron a la mujer y al niño llorando” en una habitación alejada de la entrada y que esta les dijo “que quería abrir, pero que los otros ocupantes [entre ellos su pareja] no la dejaron”. El agente añadió que, en ningún momento, la mujer les dijo que hubiera sido agredida y que desconoce si se llegó a presentar denuncia. “Estaba todo desordenado y había botellas de alcohol y todo tirado por el suelo”, señaló, antes de destacar que los cinco hombres arrestados “nunca colaboraron” y “se resistieron a la detención”. Sobre las lesiones que denunciaron los detenidos, señaló que pudieron producirse durante el arresto “por la resistencia” que ofrecieron.

Otro agente admitió que mientras estaban intentando convencer a los ocupantes de que les dejaran pasar “no escucharon gritos de la mujer ni del niño”, pero añadió que otros compañeros habían visto a una mujer salir a una de las viviendas y “pedir auxilio”. Este policía recalcó que el protocolo policial incide en que, ante la sospecha de un caso de violencia de género, es necesario “hablar con la posible víctima para saberlo y ese fue el motivo de la intervención”. El policía también destacó que los cinco detenidos “siguieron agresivos” después del arresto.

Un tercer agente aseguró al juez que, antes de entrar en la vivienda sin autorización judicial, contactaron con un superior para contarle la situación. “Le comunicamos que no sabíamos nada de la mujer y el niño, y nos dijo que había que entrar como fuera”, afirmó. Este agente declaró que, cuando él llegó, fueron recibidos con el lanzamiento de botellas de cristal desde una ventana, y que los moradores “estaban violentos y excitados”. “Nos limitamos a reducirles con la fuerza indispensable”, añadió.

En este sentido, un cuarto agente relató que mientras leía los derechos a uno de los detenidos, este le propinó “varios puñetazos” y le escupió. Este policía negó que los agentes agredieran a los arrestados y justificó las posibles lesiones que estos presentaban en su “resistencia a la detención”. El último agente en declarar insistió, como sus compañeros, en que “los detenidos no colaboraron negándose a identificarse y a abrir la puerta” y que durante toda su intervención los policías intentaron “que la tensión no subiera”.

Este miércoles también declaró una de las vecinas del inmueble donde se produjo el suceso y que aquella madrugada alertó a la policía. Esta mujer afirmó haber oído “ruidos y golpes, así como gritos y que a las cinco de la mañana los golpes arreciaron”, por lo que telefoneó al 091. Esta mujer negó haber escuchado “gritos de ningún niño” y que, si bien “las voces eran muy altas”, no pudo distinguir si se produjeron insultos. La vecina también declaró que era la primera vez que ocurrían “hechos similares” en esa vivienda.

Denuncia de maltrato a los detenidos

La versión que han dado los arrestados es totalmente distinta. En la denuncia que presentaron afirmaban que en todo momento colaboraron y estuvieron dispuestos a identificarse, aunque admitían que, durante el diálogo que mantuvieron con los agentes a través de la puerta entreabierta intentaron cerrarla para ir a recoger sus documentos de identidad, pero que no pudieron porque un agente puso un pie y una porra para impedirlo. Ellos aseguraron que recriminaron a los agentes esta actitud porque “no podían acceder al interior de la vivienda sin una orden judicial”. Es en ese momento, siempre según los ocupantes, cuando los agentes los rociaron con gas pimienta. Afirmaron que lo hicieron en cuatro ocasiones pese a que alertaron a los policías de que había un menor.

Cuando finalmente la puerta fue derribada, los ocupantes denunciaron que les golpearon. “Todos ellos fueron objeto de golpes, porrazos, patadas y puñetazos desde que salieron de la vivienda y hasta llegar a la comisaría”, recogía la denuncia que presentaron y que desembocó en la imputación de los 12 agentes. La denuncia iba acompañada de fotografías de las supuestas lesiones sufridas, así como de los daños en la puerta del piso.