La Palma: anatomía de una emergencia volcánica

“El Instituto Geográfico Nacional informa de que está observando una actividad sísmica muy frecuente en la isla de La Palma durante las últimas horas”, rezaba el aviso recibido en el correo del director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos, el pasado 12 de septiembre a las 6.40 horas de la mañana. “Como ese recibimos muchos, cada día”, dice. De las mil alertas de emergencias que se registran de media al año, 50 son de niveles 1 o 2 (emergencias de cierta gravedad que puede asumir la comunidad autónoma con sus medios, o con apoyos puntuales del Estado) y solo cinco suelen llegar a constituirse en emergencias muy graves o situaciones catastróficas, que siempre requieren medios extraordinarios del Estado e incluso movilización de recursos de otras comunidades autónomas. “El asunto es que nunca sabemos cuál va a llegar a ese punto, por lo que todos hay que vigilarlos por igual”, explica Marcos.

La ventaja de los actuales planes de emergencia, llamados de “última generación”, es que cuentan con abundante información científica “que nos permite anticiparnos, ya sea a una nevada como la de [el temporal] Filomena o a la erupción de un volcán”, asegura Marcos. Con el volcán de Teneguía, en La Palma, en octubre de 1971, valoraban el riesgo de los sismos con una plomada colgada del despacho del alcalde de Fuencaliente, según han narrado testigos presenciales. “Ahora tenemos información precisa y en tiempo real de lo que ocurre en el interior y el exterior de la Tierra”, recalca Marcos, recordando las imágenes que manda el satélite Copérnicus. El 13 de septiembre se activaba la “alerta temprana” ante la persistencia de los movimientos sísmicos en La Palma y de su tendencia “a ir a más”.

Esta es la anatomía de una emergencia volcánica, coordinada desde la Dirección General de Protección Civil, el órgano responsable de las emergencias en España y que depende del Ministerio del Interior. En este caso han controlado un dispositivo de hasta mil efectivos —entre policías, guardias, agentes forestales y bomberos— en la isla canaria en la que sigue rugiendo y expulsando ríos de lava el volcán de Cumbre Vieja. “Estamos preparados para cualquier emergencia de protección civil, hasta las inespecíficas o multirriesgo”, advierte Marcos, que reconoce que este año hemos superado ya todas las medias. “La pandemia, Filomena, las inundaciones, y los grandes incendios... y ahora, un ‘riesgo volcánico”, dice señalando un número uno en un gráfico de riesgos que muestra su pantalla: “El único”. Pero reconoce que las amenazas son cada vez más.

12 de septiembre. El IGN alerta sobre la intensidad sísmica que se detecta en la isla de La Palma. Es lunes y estamos en plena campaña contra incendios. Arde con violencia Sierra Bermeja en Málaga, donde van a desalojar siete pueblos con 1.600 vecinos. El comunicado del Instituto Geológico advierte, no obstante, de que se está realizando “un seguimiento especial de este incidente”.

13 de septiembre. Se activa la “alerta temprana” interna. Es decir, ante la persistencia de los movimientos sísmicos en la zona, comienzan las comunicaciones telefónicas entre el IGN, los órganos de Protección Civil Nacionales y los correspondientes de la comunidad autónoma. Todos los primeros actores están ya en contacto ante la necesidad de “una eventual respuesta”. La intensidad de los terremotos sube. La lluvia ha dado una tregua en el incendio de Málaga y las radios canarias amanecen anunciando los “pequeños sismos” en La Palma.

14 de septiembre. Se forma la “Unidad de Valoración de Riesgo”; a los participantes anteriores se unen responsables y técnicos del Instituto Geológico y Minero (IGME), que cuenta con su propia unidad de urgencias (Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia o URGE), que se van directamente a La Palma. Con 3.000 pequeños seísmos registrados y un abombamiento del terreno, “el mosqueo va en aumento”, describe Marcos. Los expertos ya hablan de “una posible erupción”, que se advierte ya en algunos medios de comunicación locales.

15 y 16 de septiembre. Se declara el “estado de prealerta” y se convoca el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Riesgo Volcánico, presidido por Protección Civil. Se incorporan, además de las instituciones anteriores, responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Dirección de Seguridad Nacional (DSN) y de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Y comienzan a trabajar en paralelo con el comité científico, formado por técnicos del IGN, IGME, AEMET, del Instituto Español de Oceanografía (IEO), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Volcánico de Canarias (Involca). De esas reuniones sale una decisión: “Preparar un Plan de Evacuación”. “La Palma teme que despierte el volcán”, titula EL PAÍS en su primera página. Mientras, se da por controlado el incendio de Sierra Bermeja, que ha arrasado 10.000 hectáreas, y siguen llegando pateras a las islas Canarias --que ya registra el doble de muertes que en 2020, con 379 inmigrantes fallecidos solo en el mes de agosto--, y España permanece perpleja ante la imparable escalada del precio de la electricidad.

17 de septiembre. El Gobierno canario anuncia que, en caso de que “el semáforo volcánico” pase de color amarillo a naranja, existe un plan de evacuación para la zona que podría verse afectada por una potencial erupción volcánica. Los expertos han predeterminado el área y se ha elaborado un censo para identificar a las personas potencialmente vulnerables, principalmente las que tienen problemas de movilidad.

18 de septiembre. Se identifica a 47 personas vulnerables. Al mismo tiempo, se designan los lugares que servirán para el alojamiento de potenciales evacuados. Las instalaciones militares de El Fuerte acogerán a los vulnerables y sus acompañantes; y el campo de fútbol de Los Llanos de Aridane, al resto que no tenga otro lugar al que acudir (casas de familiares, amigos, segundas residencias, etcétera). Cruz Roja se encargará de la acogida en esos puntos preestablecidos, junto a los servicios sociales de los municipios afectados.

19 de septiembre. Se produce la erupción tras 7.000 temblores previos y el Gobierno canario activa directamente el nivel dos de emergencia para pedir apoyo al Estado. Es domingo y la lava empieza a salir a las 15.12, hora local, pero horas antes se ha elevado el “semáforo volcánico” y se ha evacuado “preventivamente” a las personas vulnerables primero y, después, al resto de posibles afectados se les ha ido invitando a que abandonen sus casas. Hacía las dos de la tarde, el director de Protección Civil sale camino de La Palma para ponerse al frente del operativo y se moviliza a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la posibilidad de que se puedan producir incendios. Además, se envían a la zona dos aviones anfibio (cargan agua), varios helicópteros y un avión de coordinación. “Nos encontramos ante una emergencia localizada que nos permite concentrar en un sitio mucha fuerza”, explica Marcos. “No como cuando Filomena, que las alertas provenían de múltiples lugares a la vez”, especifica. Esa misma noche recibe en el aeropuerto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

20 de septiembre. Se refuerzan todos los servicios. Llegan 90 policías nacionales desde la Península y 250 guardias civiles —de Tráfico, Seprona y Grupos de Reacción Rápida o GRS—, a los que se suma una brigada forestal con base en La Palma, formada por 35 personas. En total, “ha llegado a haber mil efectivos en el operativo espacial, de los cuales 600 eran de carácter estatal”, señala Marcos. Todos los periódicos abren sus ediciones con las siete bocas que inicialmente tiene el volcán, los miles de evacuados y el avance de la lava que amenaza con engullir poblaciones enteras. Desde ese día se mantiene activo el plan de emergencias y se reúne diariamente el comité científico. “Cada mañana hace un pronóstico y, en función del mismo, la dirección del plan decide: si se confina, si se se amplía el perímetro de restringido en tierra o en mar, si se evacúa”...

21 de septiembre. Los afectados han tenido una hora, acompañados de agentes de la Guardia Civil, para llevarse de sus casas lo que consideran imprescindible. Pedro Sánchez visita la zona de la erupción. Nadie sabe cuánto puede durar.

28 de septiembre. El Consejo de Ministros declara La Palma como “zona especialmente afectada por una emergencia”, lo que antes se denominaba “zona catastrófica”. Y mediante un decreto aprueba una primera subvención de 10,5 millones de euros con cargo al presupuesto de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para colaborar con la Comunidad Autónoma en el alojamiento y ayudas a los 5.768 evacuados que ya hay en total.

7 y 8 de octubre. Fase de recuperación. El pronóstico del comité científico recoge el día 7: “La erupción fisural sigue su curso y no se prevé su finalización a corto plazo (1-2 semanas). El escenario más probable es que continúe con un mecanismo estromboliano, con pulsos de explosividad/efusividad. Es probable que haya varios sismos sentidos a lo largo del día (uno fue de 4,3 grados). En esta erupción fisural, la aparición de nuevos centros de emisión a distancias significativas del principal centro de emisión es poco probable”.