Un marinero gallego pide la repatriación tras estar un año retenido en Yemen
Pablo Costas, acusado de pesca ilegal por Australia, atraviesa un proceso legal sin garantías y denuncia una falta de apoyo de Exteriores
El marinero Pablo Costas lleva casi dos años sin ver a su familia. El capitán gallego, de 54 años, salió a faenar en diciembre de 2019, como hacía desde hace tres décadas, y aún no ha logrado volver a su casa de Bueu (Pontevedra). Desde el 26 de septiembre de 2020, hace casi un año, Costas malvive junto a los 32 hombres de su barco, el Cobija, en el puerto yemení de Al Mukallah. La tripulación y el navío quedaron retenidos en ese estado árabe, en guerra civil desde 2014, por una sorpresiva acusación de pesca ilegal en Australia. Al embrollo judicial en el país oceánico se suma el abandono de los marineros por el actual armador del navío, de nacionalidad somalí, y que adquirió la propiedad de la nave cuando esta estaba en alta mar.
El patrón del Cobija explica a EL PAÍS a través de audios de WhatsApp que vive en condiciones precarias, en un país en pleno conflicto bélico y con una de las peores crisis humanitarias del mundo: “Ya no tenemos agua, en tres días se acaba la comida. Nunca he tenido ningún apoyo de los consulados, ni han respondido a mi petición de repatriación”, denuncia el marinero pontevedrés. Costas describe la vida en el puerto yemení como una auténtica tortura. “Si quieren que me muera aquí, lo conseguirán. Hay basura, animales en las embarcaciones de nuestro alrededor y estamos infestados de ratas y cucarachas”, cuenta. Además, las temperaturas sobre el pesquero pueden superar fácilmente los 45 grados.
El hermano del marinero, Víctor Costas, no comprende por qué su situación no se ha resuelto: “Lo que más me preocupa es su salud. Si tiene algún problema en esas condiciones no podrá hacer nada”. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que mantiene una “interlocución constante” con Costas y que “desde que tuvo conocimiento” de su caso “le viene concediendo la máxima relevancia”, informa Miguel González.
Después de zarpar desde Myanmar a finales de 2019 y faenar con normalidad durante casi un año en el océano Índico, el 18 de junio de 2020, el Cobija, de bandera de conveniencia boliviana, fue abordado por una patrulla australiana a 500 millas de la costa de Australia, mientras cursaba hacia el noroeste. Realizaron una inspección de los registros, permisos y certificados, pero, según el sindicato Central Unitaria de Traballadores (CUT), no se detectó ningún ilícito. El navío, de 52 metros de eslora y construido en 1973, continuó su travesía en la misma dirección, buscando un puerto que le permitiera atracar debido a la irrupción de la pandemia.
Sin embargo, en ese tiempo, cuando el Cobija estaba en alta mar el barco cambió de titularidad, y el nuevo armador, de nacionalidad somalí, le ordenó fijar rumbo hacia Yemen. El 26 de septiembre de ese año, el barco fondeó frente a la costa de Al Mukallah. Allí, el capitán fue informado de que tenía una orden de detención de la Interpol, cursada por Australia, por un delito de pesca ilegal.
Tras varios meses de proceso, la condena de tres meses de prisión que se le impuso a Costas quedó suspendida, y este pidió la repatriación, el pasado 12 de mayo, ante los Consulados de España en Riad (Arabia Saudí) y Mascate (Omán). Sin embargo, los documentos del juzgado yemení que confirmen esa suspensión nunca llegaron y no fue hasta varias semanas después que el marinero gallego supo que el fiscal habían recurrido la resolución.
Desde entonces, el patrón del Cobija está a la deriva: ni las autoridades han conseguido resolver su situación ni le han prestado ningún tipo de ayuda humanitaria. Manolo Caamaño, asesor del sindicato Coordinadora Unitaria de Traballadores (CUT), explica que la organización alertó al Ministerio de Exteriores de la situación hace más de tres meses.
Su esposa, preocupada por la “inacción” del Gobierno español, envió una carta a Exteriores solicitando auxilio. En la respuesta, a la que ha tenido acceso este periódico, el ministerio les explicó que la salida del capitán de Yemen “está supeditada a que se resuelva la causa pendiente y sea autorizada por las autoridades judiciales competentes”. También les aseguran que los consulados han “pedido que se aclare la situación” y que “se le deje desembarcar y se le aloje en un lugar seguro con la debida protección”.
Sin garantías jurídicas
Para la CUT, está claro que no se ha respetado el derecho del marinero Costas a un proceso con todas las garantías. El sindicato explica que la defensa que se le asignó es la misma que la del armador somalí, un hombre que él no conoce y para quien ya no trabaja, dado que presentó su renuncia como capitán del Cobija. Según Caamaño, nunca se han presentado pruebas de que el barco en el que navegó haya cometido pesca ilegal.
El marinero siente que no hay “ganas de mojarse, de preguntar”. “Solo me dan largas”, se queja. Costas cree que las autoridades no están dispuestas a resolver su repatriación. “Si no fuera porque tengo compañeros en España que tratan de alzar la voz sobre mi situación, yo no tendría ninguna esperanza”.
Tras casi un año de lucha, Costas mira su situación con resignación. Todos los consulados de los pescadores procedentes de Indonesia, Perú, Senegal y Namibia están alertados del tema y tienen contacto con ellos. Aun así, solo uno de los trabajadores, de nacionalidad rusa, ha podido regresar con su familia.
El capitán asegura que los tripulantes no tienen ningún cargo judicial, pero más de diez meses después de llegar a Yemen las autoridades no han permitido que ninguno de los pescadores salga del puerto. Costas hace un llamamiento a las autoridades, con énfasis a la Embajada de Perú en Madrid, para que rescate al único trabajador procedente de este país. “Ellos lo están pasando tan mal como yo, sin ninguna condena judicial”, concluye.
A solo tres días de agotar sus reservas de comida asegura que no pedirá más ayuda, está convencido de que no tendrá respuesta. Sin embargo, sus papeles y orgullo como capitán siguen intactos: “Un marinero no debe morir así, como una rata en un puerto. Nos debe llevar la mar”, dice, no sin antes pedir auxilio para los 32 hombres que forman parte de su tripulación y que están atrapados con él. “Ellos no tienen ningún cargo, están verdaderamente secuestrados”.
Un barco en el punto de mira de las ONG
El 'Cobija', anteriormente denominado 'Cape Flower', está en el punto de mira de las organizaciones conservacionistas. La ONG Sea Sheperd afirma que el barco pesquero se encuentra incluido en la lista negra internacional por pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y que se agregó a la lista negra de pesca furtiva de la Organización de los Caladeros del Atlántico Sureste (SEAFO, en sus siglas en inglés) en 2017. Desde entonces, se sospecha que ha realizado pesca furtiva de merluza negra en la zona antártica.
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