Interior oculta los costes de las devoluciones de marroquíes desde Canarias

El Ministerio del Interior mantiene bajo llave cualquier información relacionada con los vuelos de repatriación de marroquíes desde las islas Canarias. El departamento de Fernando Grande-Marlaska se niega a informar sobre aspectos tan básicos como cuánto han costado los cientos de billetes que tuvo que comprar a la compañía Royal Air Maroc, cuántos marroquíes devolvió o cuántos policías ha tenido que movilizar para supervisar cada vuelo. Durante ocho meses, Interior ha ignorado las demandas de información realizadas por EL PAÍS a través de la ley de transparencia. En última instancia y tras agotarse todos los plazos, el Consejo de Transparencia, el órgano público independiente que supervisa el cumplimiento de la ley, advirtió al ministerio el pasado 16 de julio de la “trascendencia” de esta información para el “control de la actuación pública” y de “conocimiento de cómo se gastan los fondos públicos”. Le dio 10 días para responder. Las decisiones del Consejo son ejecutivas y de obligado cumplimiento, pero Interior, una vez más, ignoró la petición.

En el momento más álgido de la crisis migratoria, en noviembre, cuando cientos de marroquíes desembarcaban cada día en las islas Canarias, Grande-Marlaska organizó una visita a Rabat. Tenía como objetivo reactivar las repatriaciones de marroquíes que llevaban meses suspendidas por la pandemia y enviar así un mensaje a los potenciales emigrantes: quien llegase a las islas sería devuelto de inmediato. Los marroquíes acabaron siendo más de la mitad de las 23.000 personas que llegaron a las islas el año pasado y en aquellos últimos meses del año eran cerca del 80% de los recién llegados.

Mucho se especuló en su momento sobre el éxito de la misión del ministro que, más allá de reactivar los acuerdos ya vigentes, debía negociar los términos para el caso específico de las islas. Finalmente, el 7 de diciembre partió el primer avión desde Gran Canaria con destino a El Aaiún, la capital del Sahara Occidental. Rabat había aceptado recibir allí un máximo de 80 marroquíes en cuatro vuelos semanales de la compañía Air Maroc en los que también viajaban turistas. Cada deportado, 20 por avión, iría acompañado de dos policías, debía estar documentado y con PCR negativa.

Era un buen trato para Marruecos, que aceptando un número limitado de sus nacionales (320 al mes como máximo), reactivaba su compañía aérea en plena pandemia. La fórmula funcionó solo cuatro meses porque el pasado 31 de marzo Rabat cerró el tráfico aéreo con España. Aunque volvió a abrirlo en junio, los vuelos de deportación siguen en suspenso. Hasta el pasado 28 de febrero, según una respuesta parlamentaria que obtuvo el Partido Popular, Interior había logrado devolver desde las islas a 662 inmigrantes, la inmensa mayoría —aunque no todos— marroquíes. Es un número modesto y, aunque se ha ido reduciendo el porcentaje de marroquíes que llegan a las islas, la llegada de migrantes en lo que va de año a las islas triplica las registradas en el mismo periodo del año pasado y las fuerzas de seguridad ya prevén un nuevo repunte a partir de septiembre.

El acuerdo, desvelado por EL PAÍS el día que se produjo el primer vuelo, nunca fue comentado oficialmente y dejaba varias lagunas. Interior no explicó por qué una de las condiciones de Marruecos fue que los inmigrantes deportados fuesen llevados a una ciudad saharaui y no marroquí y tampoco se dieron detalles sobre su organización y su coste. Los vuelos de ida y vuelta a El Aaiún valían en diciembre en torno a 60 euros —ahora no superan los 80—, según la web de la compañía, pero fuentes policiales contaron a EL PAÍS que el valor que aparecía en sus billetes superaba los 300 euros. El sindicato de policía Jupol denunció que los de los agentes alcanzaban incluso los 480 euros, muy por encima de la categoría business de la aerolínea, que estos días cobra unos 165 euros por su tarifa más cara.

Los costes asociados a esas repatriaciones también incluían aviones fletados hasta Gran Canaria en los que un contingente policial trasladaba marroquíes desde otras provincias para ejecutar su expulsión desde la isla. A la logística había que incluir las dietas de las decenas de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que custodiaban a los marroquíes durante el vuelo y que iban y volvían sin salir del avión.

Todas estas cuestiones sobre el coste, cantidad de vuelos, número de deportados y policías fueron planteadas al Ministerio del Interior a través del Portal de Transparencia el pasado 1 de enero. La Administración tenía un mes para responder, pero no lo hizo. Transcurrido el plazo, EL PAÍS recurrió al Consejo de Transparencia el pasado 17 de febrero y este invitó al ministerio a realizar las alegaciones que considerase oportunas para no facilitar la información. Tampoco respondió. Finalmente y tras meses de silencio el pasado 16 de julio el Consejo estimó parcialmente la reclamación y resolvió que no había razón ni límites en la ley para que Interior no respondiese a la mayoría de las preguntas formuladas acerca del acuerdo alcanzado con la Royal Air Maroc. Volvió a dar diez días de plazo que expiró el pasado día 30. Si el ministerio no comparte la resolución del Consejo puede plantear un contencioso en un plazo máximo de dos meses. Aunque si no lo hace y tampoco responde, la ley no prevé sanciones. Interior es el ministerio que más ignora las resoluciones del Consejo. De los 41 expedientes en los que no consta cumplimiento en 2020, 26 corresponden al departamento de Grande-Marlaska.