“Felipe VI cumple escrupulosamente sus deberes constitucionales”

“Felipe VI cumple escrupulosamente sus deberes constitucionales”. Ese es el mantra que repiten en la Casa del Rey cada vez que se pregunta por las polémicas declaraciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en la manifestación del pasado domingo en Colón, en las que sugirió que el jefe del Estado podría no firmar los indultos a los condenados por el procés.

Ayuso se preguntó en voz alta: “¿Qué va a hacer el Rey de España, va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto?”. El artículo 62 de la Constitución responde a la pregunta de Ayuso y niega al Rey de España ninguna capacidad sobre las medidas de gracia que concede el Gobierno previa aprobación por el Consejo de Ministros: “Corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. La Ley del Indulto establece con claridad que le corresponde al Gobierno la concesión de las medidas de gracia.

Cuando la Casa del Rey subraya que Felipe VI cumple escrupulosamente sus deberes constitucionales alude precisamente a su obligación legal y constitucional de firmar los indultos que aprueba el Gobierno de la nación.

La Casa del Rey no se sale una coma de la citada frase, ya que le produce incomodidad sentirse objeto del debate político, y hay que recurrir a expertos en el funcionamiento de la jefatura del Estado para interpretarla “El jefe del Estado”, sostienen estas fuentes consultadas por EL PAÍS, “no tiene ninguna capacidad de decidir qué firma o no. El único control que realiza Zarzuela es puramente formal: verifica si los decretos o leyes que se le pasan a la firma han cumplido previamente todos los trámites preceptivos”. “Eso no significa que el Rey esté de acuerdo con todo lo que firma, ni siquiera que sea acorde con la legalidad o la Constitución”, aclaran las mismas fuentes.

Control de legalidad

El control de legalidad corresponde a los tribunales de justicia. Y el de constitucionalidad, al Tribunal Constitucional. La Casa del Rey no tiene capacidad, ni competencia ni deseo de suplantarlos en ningún caso.

Si el Rey se negara a firmar un decreto o una ley por estar en desacuerdo o por dudar de su constitucionalidad, estaría actuando como si fuera un poder del Estado, junto al ejecutivo, el legislativo y el judicial, lo que no es su función.

Este comportamiento de Felipe VI, subrayan las fuentes consultadas, se ha mantenido invariable desde que asumió la jefatura del Estado, hace ahora siete años, y también lo fue durante los 36 años de reinado constitucional de su padre. Lo contrario supondría poner en cuestión las bases de la monarquía parlamentaria.

El portavoz del PP, Pablo Casado, aclaró el lunes, para responder a la polémica desencadenada por las palabras de la presidenta madrileña: “Nada permite conectar esos indultos con el menor rastro de servicio al interés general, y su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su Gobierno, como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria, ejercida de forma impecable por Su Majestad el rey Felipe VI, como jefe del Estado”. Con estas palabras, Casado intenta alejar al Rey de España del debate sobre los indultos. “La sociedad española tiene muy claro el quién es quién del triste pacto de los indultos. Y sabe muy bien que nadie salvo quienes lo promueven y lo aplauden son responsables de este acto profundamente inmoral y trágicamente equivocado. No hay más cómplices que ellos”.