El Gobierno propone que Madrid y Galicia sean las comunidades que acojan a más menores migrantes llegados a Ceuta antes de la crisis
Los Ejecutivos de Ayuso y Feijóo recibirían a 20 jóvenes cada uno y el de Castilla y León a 18, según los criterios del Ministerio de Asuntos Sociales
![José Marcos](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F813e8446-27c8-44c6-a043-b17f5b5ee30a.png?auth=a11d5ace1ce4658575ea2feddadfb0c701fbac80225da7d147a9b26cbc1d4f71&width=100&height=100&smart=true)
Madrid, Galicia y Castilla y León, tres de las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP, encabezan el reparto propuesto por el Gobierno de los 200 menores migrantes no acompañados que se encontraban en Ceuta antes del inicio de la crisis de esta semana, en la que 8.000 personas cruzaron de forma irregular la frontera con la aquiescencia de Marruecos. Los Ejecutivos de Isabel Díaz Ayuso y de Alberto Núñez Feijóo recibirían, según la propuesta del Ejecutivo a la que ha tenido acceso EL PAÍS, a 20 menores cada uno. En el caso del de Alfonso Fernández Mañueco serían 18 jóvenes, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra.
Todas las comunidades, incluso Madrid aunque a regañadientes, han aceptado el reparto de los menores migrantes que la ciudad autónoma albergaba hasta la crisis en la que 8.000 personas —las autoridades españolas han identificado a más de 700 niños y adolescentes— cruzaron de forma irregular la frontera con la aquiescencia de Marruecos. Pero eso no quiere decir que no se esté negociando cada detalle. El Gobierno y los barones seguían este jueves estudiando los criterios de reparto que, según los intereses de cada parte, serían los más justos y solidarios. La decisión final se tomará el martes en una reunión presencial del Consejo Territorial de Servicios Sociales. Canarias, Ceuta y Melilla quedarán excluidas al ser las más afectadas por la inmigración irregular. Las comunidades del PP exigen, como comparten en privado algunas autonomías del PSOE, que el Gobierno financie la atención a los 200 menores. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a asumir los costes en el Consejo Territorial de Servicios Sociales del martes, según fuentes autonómicas.
![Profesionales sanitarios atienden a una mujer con un niño pequeño en la nave de primera acogida del polígono del Tarajal, este miércoles.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/RCR6XJNFK67B7GPM2AKBQCVTJA.jpg?auth=96ddfee6031034b64efab505f2f3d1fe28e72e8c86420e5dbe585c61910e93ba&width=414)
La financiación de la atención de los 200 menores migrantes preocupa a las comunidades, por más que el Gobierno recuerda que ya destinó fondos en anteriores crisis migratorias. Por ejemplo, en octubre de 2018 aprobó un real decreto para financiar con 40 millones a las comunidades, Ceuta y Melilla por el incremento ese año del número de menores extranjeros no acompañados acogidos. Canarias arrancó el pasado noviembre al Gobierno un fondo de 10 millones para costear la tutela de menores migrantes. En ese momento el Ejecutivo autonómico que preside Ángel Víctor Torres (PSOE) tenía la tutela de más de 2.000 jóvenes.
Fuentes autonómicas señalan que en la sesión extraordinaria del miércoles del Consejo Territorial de Servicios Sociales el Gobierno se comprometió a costear la operación. Diferentes autonomías sitúan la partida entre cuatro y seis millones. En caso de que resultase insuficiente, el Ministerio de Derechos Sociales hablaría con el Ministerio de Hacienda para ampliar la aportación a las comunidades.
Aun así los territorios gobernados por el PP mantienen sus dudas, al igual que algunas de las regiones con presidentes socialistas. Murcia pidió una compensación económica y Galicia discrepó de los criterios de reparto. Pero fue Madrid, con diferencia, la más contundente. La Comunidad ha sido la primera en criticar el reparto “por la vía de la imposición” entre las autonomías. “El ministerio, cuando genera un problema, habitualmente te lo traslada, pero no te dice cómo se materializa”, ha afirmado el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, en Onda Madrid. El número dos de la candidatura de Díaz Ayuso en las elecciones del 4-M ha adelantado que pedirán “más explicaciones al respecto”. Ruiz Escudero ha especificado que preguntarán en concreto si habrá una “dotación presupuestaria” para la acogida de los menores. Fuentes de otras comunidades señalan que en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales el Gobierno se comprometió a costear la financiación. Diferentes autonomías sitúan la cifra entre cuatro y seis millones de euros. En caso de que resultase insuficiente, el Ministerio de Derechos Sociales hablaría con el Ministerio de Hacienda para ampliar la aportación a las comunidades.
Escudero también ha subrayado que Madrid atendió en 2020 a 826 menores migrantes y recibió “cero euros” por parte del Gobierno. No obstante, desde otras comunidades recuerdan que el reparto de menores migrantes no acompañados que se realizó para descongestionar los centros en Canarias iba acompañado de financiación. Los jóvenes extranjeros no acompañados inscritos a 31 de diciembre de 2020 eran 9.030 y se concentraban en Andalucía (2.507), Canarias (1.849), Cataluña (1.168), Melilla (798) y Ceuta (496). En el caso de Madrid fueron 356.
La propuesta que la secretaría de Estado de Derechos Sociales envió a última hora de este miércoles a las comunidades defiende que los criterios para la “distribución solidaria” de los 200 niños y adolescentes migrantes no acompañados que había en Ceuta antes de la crisis “permiten atender equilibradamente a las diversas necesidades de las comunidades, siendo pertinentes y no redundantes para los objetivos del reparto”. El criterio de partida es el de la población de cada comunidad. Sin embargo, este criterio “debe ser ponderado para atender al menos a otras dos circunstancias”, advierte el documento remitido a los territorios. La primera es la situación económica y la tasa de paro de cada comunidad: aquellas comunidades con mejor situación económica y laboral recibirían un porcentaje mayor. El esfuerzo que actualmente está haciendo cada comunidad en la acogida de los menores en relación con su población, incluyendo la oferta solidaria que ya han realizado para acoger a los jóvenes procedentes de Canarias, también será determinante. “Aquellas [comunidades] que actualmente tienen acogidos menos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en proporción a su población recibirían más niños ahora”, concluye la misiva.
Partiendo de esa base, el 25% de las plazas se distribuirían en función de la población de cada comunidad según los últimos datos disponibles (2020). Otro porcentaje similar resultaría de la situación económica del territorio. Además, un 12,5% dependería de la renta per capita ―que lidera Madrid― y otro 12,5% en función de la tasa de paro en el último trimestre de 2020 (a menor tasa de desempleo se recibirían más menores). El 50% restante se basaría en la ratio de menores migrantes no acompañados acogidos por cada 100.000 habitantes en cada comunidad.
La Xunta ha aceptado las cifras del reparto de los menores inmigrantes de Ceuta establecido por el Gobierno, aunque no está de acuerdo con los criterios, informa Sonia Vizoso. Alberto Núñez Feijóo se ha quejado de que Galicia tendrá que acoger los mismos menores que Madrid: “Vamos a tener los mismos menores que la Comunidad de Madrid, una con siete millones de habitantes y otra con 2,5”. Pese a las críticas, el presidente gallego no bloqueará el reparto: “Discrepamos de los criterios y de los efectos llamada del Gobierno en los últimos años que tienen estas consecuencias. Pero una cosa es discrepar y otra es romper la unidad”.
La Rioja, con 17 niños, es la comunidad presidida por el PSOE que recibiría más niños. Cataluña (ERC-Junts), la segunda comunidad más poblada, recibiría 15. El consejero en funciones de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani, ha explicado que el Govern está dispuesto a acoger a menores migrantes “como ha hecho siempre”. El consejero ha señalado que “no entrará en cifras”, informa Clara Blanchar. En cualquier caso, y más allá de la crisis en Ceuta, El Homrani ha pedido que se resuelvan las cuestiones estructurales, como es la Ley de Extranjería. Los menores “se encuentran en situación ilegal sobrevenida cuando cumplen 18 años después de todo el trabajo hecho previamente”, ha destacado. Castilla-La Mancha (PSOE) sería, después de Cataluña, la siguiente comunidad que albergaría a más menores (14).
En el caso de Andalucía (PP), los menores acogidos serían 13, al igual que en la Comunidad Valenciana (PSOE). El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno un “reparto equilibrado” de los menores migrantes procedentes de Ceuta. El barón popular ha afirmado que en este momento su comunidad ya está “saturada”. Vox, de cuyo apoyo depende el Gobierno de coalición de PP y Cs en Andalucía, ha amenazado con quitarle su respaldo si la Junta acoge a los menores no acompañados que han entrado esta semana en Ceuta desde Marruecos. El portavoz parlamentario del partido de ultraderecha, Manuel Gavira, ha pedido la dimisión o cese de Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, por el “efecto llamada en toda regla” que a su juicio supone aceptar a los 13 menores. Gavira también ha recalcado que no apoyarán ninguna iniciativa o proyecto del Gobierno andaluz que no lleve la firma de Vox o no esté incluido en los acuerdos de investidura y de presupuestos suscritos. Según el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, “en el momento actual no hay ninguna tensión ni ninguna situación difícil” con Vox de cara a la elaboración de las cuentas públicas para 2022.
Asturias, Baleares y Extremadura, las tres con presidentes socialistas y con 11 menores cada una, serían las siguientes. El reparto lo cierran Aragón (PSOE) con nueve, Euskadi (PNV-PSOE) con ocho, Cantabria (PRC-PSOE) y Murcia (PP) con siete y Navarra (PSOE) con seis. “Estamos al lado de las autoridades de Ceuta con el fin de salir de esta situación. Entendíamos que, por encima de todo, teníamos que proteger a las personas y lo que hicimos fue ponernos a su disposición”, ha explicado Isabel Franco, consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de Murcia. Fuentes del Ejecutivo de Navarra también dan por buenos los criterios de reparto.
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