El Supremo recibe el certificado de que los presos del ‘procés’ repararon el daño

El Tribunal de Cuentas ha acreditado que los condenados del procés efectuaron un “depósito” de 4.146.274 euros, la cantidad reclamada correspondiente a su responsabilidad contable por el desvío de fondos públicos a pagos relacionados con el proyecto independentista. Así se hace constar en el informe remitido al Tribunal Supremo que solicitó la Abogacía del Estado para unirlo a la tramitación de la solicitud de indulto. El documento menciona, no obstante, que se sigue investigando en un expediente complementario sobre los gastos realizados por Diplocat, el organismo encargado de promocionar el procés en el extranjero.

El informe del Tribunal de Cuentas hace constar que el afianzamiento de la mencionada cantidad se ha realizado por dos vías. La primera, al ponerse a disposición de este tribunal los 2,13 millones de euros que los procesados habían tenido depositados como fianza en el Tribunal Supremo para hacer frente a sus responsabilidades civiles durante el juicio penal. Y la segunda mediante la recepción de otros 2,01 millones de euros transferidos desde una cuenta abierta por Foment Caixa Solidaritat a favor de los presos.

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El Tribunal de Cuentas afirma en su informe que “a día de hoy están afianzadas las responsabilidades contables fijadas en su día mediante el acta de liquidación provisional positiva levantada”. Y precisa que siguen “devengándose intereses del principal de dicha acta y sin perjuicio de lo que se pueda acordar en el procedimiento instruido con referencia a las responsabilidades contables de la acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Diplocat”.

A este respecto, se añade que dicho procedimiento “se instruye en estos momentos y está pendiente de conclusión a la fecha” y que “será un acta complementaria”, acumulada al expediente anterior.

La conclusión del Tribunal de Cuentas es que aún no se ha realizado el “pago y satisfacción definitiva” de las posibles responsabilidades contables, porque aún no han sido determinadas y porque lo efectuado es un depósito, que de no haber existido habría determinado el “embargo de bienes y derechos de los presuntos responsables”.

La iniciativa de solicitar un informe al Tribunal de Cuentas sobre la reparación del daño económico causado por los presos del procés partió de la Abogacía del Estado, cuyo objetivo era comprobar que los dirigentes independentistas que integraron el Govern antes del 1 de octubre de 2017 han hecho frente a la deuda contraída por haber utilizado dinero público para fines ilegales. El hecho de que se haya efectuado ese depósito permitirá que, en el expediente de indulto, la representación de Hacienda lo destaque como dato positivo y demostrativo de que, en definitiva, los condenados por el Supremo han dado muestras de su propósito de saldar cuentas con el Estado.

La Abogacía del Estado reclamó el informe del Tribunal de Cuentas a sabiendas de que, con toda probabilidad, obtendría una confirmación de la consignación de fondos realizada.

El propósito de la petición era, en suma, que el nuevo documento se uniera a la tramitación del indulto, como anexo de especial relevancia. Y todo ello en preparación del informe que la propia Abogacía del Estado tiene que enviar al Supremo sobre la posible concesión de medidas de gracia a los presos del procés.

Fuentes de la Abogacía del Estado consultadas por EL PAÍS sostienen que su postura ante la solicitud de indultos para los presos del procés excluirá consideraciones políticas y será muy distinta a la expresada por la Fiscalía del Supremo, que en diciembre pasado advirtió de que las medidas de gracia no deben usarse como “moneda de cambio” para lograr apoyos parlamentarios.

La conclusión del informe sobre posible responsabilidad contable por las actividades de Diplocat tardará al menos dos o tres meses, según fuentes del propio Tribunal de Cuentas. Dichas fuentes subrayan la dificultad de avanzar en la investigación, precisamente porque muchos de los gastos realizados para la promoción del procés se realizaron en países extranjeros. El Tribunal de Cuentas ha solicitado en este orden de cosas una colaboración más ágil de la Generalitat de Cataluña.