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MONARQUÍA
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Mayoría alternativa solo para asuntos de la Corona

No queda otro camino para los defensores de la Monarquía constitucional que endurecer el tono y el gesto con cada hallazgo indecoroso, si no ilegal, de las acciones del anterior jefe del Estado

El rey Juan Carlos, en el Palacio Real de Madrid, en una cena de gala para el presidente de México, en 2014.
El rey Juan Carlos, en el Palacio Real de Madrid, en una cena de gala para el presidente de México, en 2014.POOL (REUTERS)
Anabel Díez

Cuántas regularizaciones fiscales planteará Juan Carlos I hasta tapar los cráteres que ha dejado por el manejo de ingentes sumas de dinero, opacas a la Hacienda Pública, de origen desconocido y del todo ajenas a sus percepciones oficiales. Detrás de esta pregunta retórica de políticos de diferentes partidos se halla la preocupación máxima de las fuerzas mayoritarias por el devenir de la Monarquía. Del lado republicano, se anota una nueva razón para plantear el debate de la forma de Estado. No queda otro camino para los defensores de la Monarquía constitucional que endurecer el tono y el gesto con cada hallazgo indecoroso, si no ilegal, de las acciones del anterior jefe del Estado. El Partido Popular y Ciudadanos son una roca en defensa de la Monarquía, y aunque no reconozcan públicamente esa misma solidez a Pedro Sánchez en el dique de defensa de la Corona saben que la posición de este es pétrea. Si no lo fuera, apuntan dirigentes del PSOE, este país tendría un problema muy serio.

Si el PSOE se desvincula de la Monarquía entonces sí habría campo para plantear el debate sobre la forma de Estado. No hay la menor posibilidad de que eso ocurra, y el rey Felipe VI es plenamente consciente de la lealtad absoluta de Pedro Sánchez y del PSOE, con excepciones minoritarias, al monarca. Estos testimonios de diferentes interlocutores socialistas no restan preocupación por la estabilidad de la Monarquía ante la evidencia del comportamiento irregular de Juan Carlos de Borbón. Su papel en la transición siempre será valorado pero las consecuencias de la “enorme decepción” que ha provocado en la ciudadanía, señaló ayer la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no es fácil de calibrar hasta dónde pueden llegar.

Muchos callaron. Esta va a ser la tesis que sin hacer demasiadas piruetas van a defender los partidos dispuestos a ir más lejos de lo que aún tiene previsto la Justicia. Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Junts, PDeCat, la CUP y el BNG, registraron ayer un escrito para que comparezca en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que explique el hilo que lleva a esta segunda regularización fiscal del anterior jefe del Estado en menos de tres meses.

En esta petición no está el grupo parlamentario de Unidas Podemos. Las formas sí se guardan y, por tanto, este grupo no se apunta a pedir la comparecencia de una compañera de gabinete. Pero sí se critica que tanto Hacienda como la Fiscalía General del Estado no sean más diligentes, además de apostillar que estas facilidades de la Agencia Tributaria no parece que sean práctica habitual. No hay una alternativa en el Congreso a la que forma el PSOE, Unidas Podemos y los socios nacionalistas e independentistas, salvo la que se construye para asuntos de la Monarquía. En ella están el PSOE y el PP unidos para cerrar la puerta a ese tipo de iniciativas, ajenas a la investigación de la Justicia. El bipartidismo se mantiene como garantía de la defensa de Felipe VI pero no de Juan Carlos I.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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