El actual alcalde de Requena, su predecesor y dos exediles de Enguera, imputados en el ‘caso Imelsa’

La jueza que instruye el caso Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia reconvertida en Divalterra, investigará, en una nueva pieza separada, supuestas irregularidades en contrataciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera durante 2013 por servicios que al parecer no fueron prestados y ha imputado al actual alcalde de Requena y a tres exalcaldes de ambos municipios, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano

La causa, abierta desde 2016, está separada en diez piezas y la instrucción está finiquitada en cuatro de ellas, incluida la más mediática, la del “pitufeo” o supuesto blanqueo en la que está procesado medio centenar de personas entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP de València.

Ahora la instructora entiende que nuevos hechos aparecidos en una nueva línea de investigación, derivada de la pieza D -que se sigue por las presuntas irregularidades en la adjudicación con cargo al presupuesto de Imelsa de un servicio denominado call center a la empresa Servimun- pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias.

Entre los investigados figuran el exalcalde de Requena Javier Berasaluce, del PP, y el actual alcalde del municipio, el socialista Mario Sánchez, así como los exalcaldes de Enguera Santiago Arévalo, del PP, y Óscar Martínez, del PSPV. Los dos primeros citados gobernaban en Requena y Enguera cuando se produjeron las primeras contrataciones. Las diligencias se dirigen también contra la que fuera secretaria del Ayuntamiento de Enguera, un asesor y un funcionario de la Diputación de Valencia y tres empresarios: el administrador de Servimun y los administradores de la firma Técnicas Legales Administrativas (TLA).

En el caso del Ayuntamiento de Requena, la investigación se centra en el abono de tres facturas entre marzo y agosto de 2014 a TLA, en contra del informe de la interventora municipal, por trabajos de los que no existe constancia en ningún expediente administrativo.

Igualmente, el juzgado investiga la adjudicación a Servimun por el procedimiento negociado sin publicidad en octubre de 2013 de un contrato de 50.000 euros por el que el Consistorio acabó pagando, entre 2015 y 2016, facturas por un total de 178.000 euros, “sin que existan evidencias que determinen la realidad de los servicios prestados”, según se recoge en el auto.

Por lo que respecta al Ayuntamiento de Enguera, la instructora aprecia que existen indicios para investigar a un exalcalde por adjudicar un contrato en abril de 2013 y a la entonces secretaria municipal, que emitió un informe favorable a esa contratación.

El Consistorio, ya con otro alcalde al frente, acabó pagando en agosto de 2015 una factura de 21.780 euros a Servimun, por un concepto diferente al inicial del contrato: la regularización de un camping de la localidad.

En esas presuntas irregularidades habrían intervenido, de acuerdo con la resolución judicial, un asesor del entonces presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, del PP, y un funcionario de la citada institución.

El caso Imelsa tuvo su germen en el verano de 2014, cuando Esquerra Unida llevó a la Fiscalía unas grabaciones efectuadas durante años por el que fue gerente de Imelsa (empresa pública de la Diputación, actualmente Divalterra) y autodenominado “yonki del dinero”, Marcos Benavent, que su suegro desveló tras un conflicto familiar, pero no fue hasta el 26 de enero de 2016 cuando las detenciones evidenciaron la existencia de indicios de corrupción en una red mucho más extensa de lo sospechado inicialmente.

La causa condujo a la detención del expresidente de la Diputación Alfonso Rus y varios de sus “lugartenientes”, junto con otros exaltos cargos del Consell -hasta un total de 24 personas-, y derivó después en la imputación de prácticamente todo el equipo que sustentó a Rita Barberá en la alcaldía de Valencia durante más de dos décadas, por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Con el paso de los meses acabó también por salpicar a la exalcaldesa, que falleció en Madrid el 23 de noviembre de 2016, dos días después de declarar ante el Supremo como investigada por el supuesto delito de blanqueo que ella había negado en varias ocasiones.