Imputados un alto cargo y siete mandos policiales del Gobierno de Rajoy por el supuesto acoso al agente que investigaba a Villarejo

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una auto, conocido este miércoles, por el que ordena al titular del Juzgado de Instrucción 49 de Madrid investigar la querella por el inspector de Policía Rubén López, uno de los agentes que investigó en 2014 al comisario jubilado José Manuel Villarejo por su implicación en el caso del Pequeño Nicolás, y que llame a declarar como imputados al exdirector general de la Policía con el PP Germán López Iglesias y a siete altos mandos policiales durante los Gobiernos de Mariano Rajoy por el supuesto acoso al que sometieron a este agente, según ha adelantado La Sexta y ha confirmado EL PAÍS. Entre los mandos policiales querellados se encuentran los comisarios Eugenio Pino —señalado como el supuesto muñidor de la llamada policía patriótica que espió a rivales políticos del PP— y Florencio Villabona. Ambos ocuparon el puesto de director operativo de la Policía Nacional en las etapas de Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior.

También serán llamados a declarar como investigados el propio Villarejo, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago —imputado ya en el caso Kitchen por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas— y los comisarios Francisco Javier Migueláñez, actual jefe de la Unidad de Asuntos Interior y que, precisamente, dirige en la actualidad las pesquisas sobre la trama parapolicial del policía jubilado; y Félix Álvarez Saavedra. Junto a ellos también serán citados como imputados Gemma Alcalá, esposa de Villarejo; Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el Pequeño Nicolás, y varios periodistas y directivos de productoras de televisión, hasta un total de 19 personas, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso el diario. La querella señala como responsables civiles subsidiarios a cinco empresas de comunicación y a la propia Dirección General de Policía.

El origen de la imputación es la querella que, en septiembre de 2018, interpuso el inspector Rubén López, uno de los integrantes de la Unidad de Asuntos Internos que participó en la investigación que llevó a la detención, en octubre de 2014, de Gómez Iglesias por la comisión de varios timos en los que se hacía pasar por alto cargo del Gobierno. Según el texto de la querella —ampliada en marzo de 2020—, los querellados participaron de alguna manera en una supuesta campaña de desprestigio contra el agente, al que también se le intentó apartar de las pesquisas. Rubén Eladio acusa a los querellados, aunque no a todos de los mismos, de una larga lista de delitos que incluye obstrucción a la justicia, represalias, coacciones, injurias, falsedad de documento oficial, revelación de secreto y prevaricación

En un primer momento, el juzgado se limitó a dar por presentada la querella y, cuando la defensa del agente pidió que se diera traslado a los denunciados, el magistrado retrasó la medida tras alegar la “complejidad” de la denuncia y “la existencia de numerosos procedimientos judiciales” a los que se hacía referencia y que, en su opinión, requería “una minuciosa delimitación de los hechos que son o han sido conocidos por otros juzgados” para evitar una “doble instrucción”. De hecho, varios querellados están ya acusados y a la espera de que se fije la fecha de juicio en una de las piezas del caso del Pequeño Nicolás, por la filtración a varios medios de comunicación de la grabación ilegal de una conversación mantenida por los investigadores con agentes del CNI. El magistrado también justificaba la paralización de la querella en “la especial situación sanitaria” provocada por la crisis del coronavirus.

Esta decisión del juez fue recurrida por el inspector, al que ahora la justicia ha dado la razón. En el auto en que admite el recurso, la Audiencia Provincial ordena al magistrado “dar traslado de la querella a los querellados, dando así cumplimiento a la exigencia legal de que los investigados conozcan la existencia de un procedimiento contra los mismos y oírles en declaración”. Los magistrados señalan que “no puede entenderse justificado en ningún caso que no se haya dado traslado de la querella a los querellados, pues no parece razonable que, bajo la alegación de concretar los hechos, hayan transcurrido más de dos años desde que se dictó por este tribunal el auto por el que se acordaba admitir a trámite la querella”. Uno de los principales querellados, el comisario Pino -también imputado en el caso Kitchen- ha sido citado a declarar el próximo 18 de febrero.