El 'caso Bateragune'

Media docena de magistrados avisó hace más de un lustro de que el juicio a Otegi debía repetirse

Votos particulares del Supremo y del Constitucional apuntaban el camino acordado esta semana y presagiaban el revés de Estrasburgo

El actual coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una rueda de prensa celebrada esta semana.
El actual coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una rueda de prensa celebrada esta semana.Unanue - Europa Press / Europa Press

Un magistrado del Tribunal Supremo y cinco del Constitucional ya avisaron en 2012 y 2014 de que el juicio a Arnaldo Otegi, actual líder de EH Bildu, y a otros cuatro dirigentes abertzales por el caso Bateragune era nulo por falta de imparcialidad del tribunal sentenciador de la Audiencia Nacional, y que la vista oral debía repetirse, como se ha acordado finalmente esta semana. Así lo plasmó esa media docena de magistrados en sendos votos particulares contra la condena, que acabó siendo declarada injusta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) cuando los líderes abertzales ya habían cumplido las penas de cárcel.

El caso Bateragune, sobre el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna, ha retrocedido muchas casillas. El pasado lunes, el Supremo ordenó repetir el juicio después de que este mismo órgano anulara sus condenas a raíz del revés que el TEDH infligió a España al considerar que se había celebrado una vista oral sin garantías. Estrasburgo recalcó que la presencia de la magistrada Ángela Murillo en el tribunal de la Audiencia Nacional, que los sentenció en 2011 a penas de hasta 10 años de cárcel, ponía en duda su imparcialidad ya que, en otro juicio anterior a Otegi, cuando este se acogió a su derecho a no responder si condenaba a ETA, ella le reprochó: “Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta”.

Un grupo de magistrados ya advirtió que ese varapalo de Europa llegaría y que el camino adecuado era volver a celebrar un juicio con otros jueces. Esta fue la posición del propio Otegi en su recurso contra la sentencia de la Audiencia. Pero después de que el Supremo haya acordado la repetición de la vista oral, una vez cumplida la pena por la sentencia anulada, la izquierda abertzale tacha esa decisión de “venganza” e insiste en que el momento procesal actual implica un escenario distinto. Desde luego, el lío jurídico es todavía mayor al existente cuando esta media docena de magistrados se pronunció.

“Una idea preconcebida”

Miguel Colmenero, del Supremo, emitió un voto particular en 2012 en el que recalcaba que se había vulnerado el derecho a un juez imparcial puesto que, apuntaba, se “podría pensar, de forma objetivamente justificada, que Murillo daba por hecho, antes de examinar las pruebas, que estaba probada la negativa del acusado a condenar la violencia de ETA”. Era este un elemento clave, porque se le sentenció por pertenencia a la banda. Precisamente, Colmenero ha sido elegido ahora por el Supremo para ser el ponente del escrito donde se ordena a la Audiencia Nacional repetir el juicio.

Otros cinco magistrados del Constitucional se pronunciaron igual en 2014, cuando la mayoría de este órgano también rechazó los recursos. “La juez exteriorizó una idea preconcebida”, destacaron en un voto donde concluían que debía repetirse el juicio. Juan Antonio Xiol Ríos impulsó este documento, al que se sumaron los magistrados Luis Ignacio Ortega, Encarnación Roca y Fernando Valdés. La magistrada Adela Asúa, en otro voto particular, también asumía la misma tesis.

A estos posicionamientos se debe sumar, además, otro emitido antes del juicio celebrado en 2011 en primera instancia. Antes de la vista oral, Otegi recusó a Murillo ante la propia Audiencia Nacional. Entonces, se reunió la conocida como Sala del Artículo 69 de dicho órgano, que rechazó mayoritariamente aceptar la iniciativa del actual líder de EH Bildu. Pero de esa discusión salieron dos voces discordantes —frente a las siete que ganaron la votación— que apoyaban apartar a la juez. El magistrado Javier Martínez Lázaro llegó, incluso, a emitir un voto donde resaltaba que la pregunta formulada por Murillo “implicaba un juicio previo sobre el posicionamiento del acusado en relación con la lucha armada”. Y esta “puede generar la convicción en el acusado de que no va a tener un juicio imparcial”, concluía.

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