Un apoyo amplio y con regusto amargo
Los aliados del Gobierno resintieron la ausencia del presidente del Gobierno durante la votación del estado de alarma
No había necesidad de pasar un mal trago, escuchando descalificaciones sin fin y reproches continuados sobre la gestión de la pandemia y su nueva etapa. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, sólido como una roca en la defensa del presidente del Gobierno, recibió este jueves en el Congreso los jarros de agua fría destinados a Pedro Sánchez. En la sesión en la que el Ejecutivo pedía al Congreso autorización para instaurar el tercer estado de alarma por el coronavirus, el presidente solo escuchó a Illa. El trabajo, arduo y concienzudo, se había hecho en los días previos: había votos de sobra para aprobar esa medida constitucional hasta el 9 de mayo.
Nadie se arrepintió de votar a favor, o abstenerse, ante el avance sostenido del virus; pero los partidos que lo apoyaron, sobre todo los socios de investidura, quedaron con un regusto amargo ante la ausencia del presidente del Gobierno en el día que el Congreso toma una de las medidas más trascendentes de la era democrática.
Todos los grupos políticos de la oposición hubieran querido que Pedro Sánchez subiera a la tribuna para explicar que a partir de ahora y durante seis meses existe un instrumento jurídico, el estado de alarma, para que las comunidades autónomas adopten las medidas que mejor les cuadre contra la covid-19. Sánchez solo escuchó a su ministro y se ausentó para no volver en toda la sesión. “Está tirando demasiado de la cuerda ante la evidencia de que no hay alternativa”, advierte uno de los portavoces que apoyaron este jueves el estado de alarma como antes apoyaron la investidura. Inés Arrimadas de Ciudadanos, Joan Baldoví de Compromís, Íñigo Errejón de Más País, entre otros, no entendían por qué el presidente no estaba.
En la negociación, también con ERC y los cuatro diputados del PDeCAT, los partidos consiguieron que el presidente olvidara su pretensión de no dar cuentas en el Congreso sobre la pandemia en un semestre. Será cada dos meses. Ante lo que pueda ocurrir en las próximas semanas serán los presidentes autonómicos quienes den la voz de alarma y tomen las medidas que mejor estimen. Eso lo sabe el presidente. Las graves acusaciones de Pablo Casado a Pedro Sánchez por supuesta vulneración de derechos fundamentales y de incumplir los intocables principios de separación de poderes, no es tema de debate entre los presidentes autonómicos y el Gobierno central.
Todos están con el agua al cuello, y el traspaso de poder de Madrid a los Gobiernos autónomos para que actúen acorde a la realidad de sus regiones les parece lo más útil. Libres y autónomos siempre que Moncloa responda cuando sea necesario y el reparto del dinero de los Presupuestos de 2021 y de los fondos europeos llegue en tiempo y forma. A Sánchez le corresponde conseguir los apoyos en el Congreso para, después, repartir juego a los presidentes autonómicos. Eso lo hace sin importarle tener que buscar esos apoyos por todo el arco parlamentario, entre grupos enfrentados entre sí, y desdecirse en horas de posiciones iniciales. Los gestos incomprensibles como la ausencia del jefe del Gobierno en el Parlamento en el día que se solicita el estado de alarma no se justifican en su entorno, sino que se exhibe el discurso de Salvador Illa. Sin acritud, en tono doliente, el ministro trató de convencer a Casado de que pasara de la abstención al sí. “La abstención es la inanidad en el debate sobre la salud; la no posición es la falta de sentido de Estado”. Pero no se opuso, que es lo que importa a todos los presidentes autonómicos, de todas las siglas.
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