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El PP se abstendrá en la votación del estado de alarma y lo denunciará en Europa

Los populares argumentan que no pueden apoyar “la falta de control parlamentario y judicial durante seis meses”

El presidente del PP, Pablo Casado, interviene durante la sesión de control al Ejecutivo este miércoles en el Congreso. En vídeo, Casado propone revisar el estado de alarma a las ocho semanas y Sánchez le ofrece hacerlo a los cuatro meses.Foto: ATLAS | Vídeo: MARISCAL / EFE
Elsa García de Blas

El Partido Popular se abstendrá este jueves en la votación del estado de alarma para la contención de la segunda ola de la pandemia, que saldrá en todo caso adelante como mínimo con la mayoría de la investidura. Los populares han optado por abstenerse porque “el PP no se puede oponer a un marco de actuación urgente contra la pandemia tras meses de dejación por parte del Gobierno”, transmiten fuentes oficiales, pero al mismo tiempo “no puede apoyar la falta de control parlamentario y judicial durante seis meses como propone Sánchez, ni el daño económico y psicológico para los españoles”. El principal partido de la oposición denunciará además en Europa la pretensión del Gobierno de extender este instrumento constitucional hasta el 9 de mayo.

El Ejecutivo tiene garantizados los apoyos para el estado de alarma que se vota este jueves en el Congreso tras el acuerdo al que ha llegado el PSOE con ERC para que Pedro Sánchez acuda cada dos meses a la Cámara para explicar la situación del país y la evolución del combate contra la pandemia. A cambio, esa formación independentista apoyará el nuevo decreto de estado de alarma y su prórroga por seis meses, hasta el 9 de mayo, una posición a la que podrían agregarse otras formaciones, como Ciudadanos, y que con los apoyos ya confirmados de PNV, Bildu y Unidas Podemos facilitarán al Gobierno un cómodo respaldo parlamentario en esa votación que superaría los 190 parlamentarios a favor.

El líder del PP, Pablo Casado, había ofrecido al Gobierno un estado de alarma de dos meses con control parlamentario y judicial ―como, según el partido, marca la Ley Orgánica del Estado de Alarma 4/1981― y bajo el mando del Gobierno de España —como, en su interpretación, marca la Ley de Salud Pública 33/2011―. El Grupo Popular en el Congreso registró una proposición de resolución para que la situación excepcional llegara hasta el 20 de diciembre, con el objetivo de “salvar la campaña de Navidad”, y con un control parlamentario en el que Pedro Sánchez rindiera cuentas en el hemiciclo cada quince días. “Para el PP lo más importante es proteger la salud de los españoles, que no se puede contraponer al Estado de derecho y al empleo”, argumentan los conservadores.

Sánchez, en cambio, ofertó al PP la mañana de este miércoles en la sesión de control que la prórroga se alargara cuatro meses, dos meses más que lo que proponía Casado, manteniendo que la autoridad delegada correspondiera a las comunidades autónomas, algo que nunca se ha planteado el Gobierno modificar. El Ejecutivo sí estaba dispuesto a estudiar fórmulas de rendición de cuentas, pero al final el PSOE optó por cerrar con ERC la prórroga de seis meses con una comparecencia del presidente cada dos.

Ante ese escenario, el PP ha optado por abstenerse, para no oponerse a un marco jurídico que es necesario para que no se levanten las restricciones; pero su rechazo es tal que irá a Europa para denunciar la actuación del Gobierno. “Hemos ofrecido la mano tendida hasta el final, pero Sánchez ha preferido sustituir el Parlamento por un consejo autonómico y ni siquiera comparece para solicitar la prórroga única”, lamentan el PP. “Por este motivo, acudiremos a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para solicitar a las instituciones europeas que garanticen la separación de poderes que no respeta el Gobierno de Sánchez”, inciden los populares.


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Sobre la firma

Elsa García de Blas
Periodista política. Cubre la información del PP después de haber seguido los pasos de tres partidos (el PSOE, Unidas Podemos y Cs). La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en EL PAÍS y la SER. Es licenciada en Derecho y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en periodismo de EL PAÍS. Colabora como analista en TVE.

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