VIOLENCIA DE GÉNERO

El Supremo abre una causa penal contra el magistrado del Constitucional Fernando Valdés

La resolución afirma que la Sala “comparte” que existen indicios de la “eventual comisión” de un delito de maltrato en el ámbito familiar

El magistrado del Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré, en julio de 2012, en el Congreso de los Diputados.
El magistrado del Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré, en julio de 2012, en el Congreso de los Diputados.Álvaro García

El Tribunal Supremo ha abierto una causa penal contra el magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés, en relación con su detención el pasado 10 de agosto por un supuesto delito de maltrato en el ámbito familiar. El Supremo se basa en la exposición razonada dirigida al Alto Tribunal por la jueza de Majadahonda, Elena Garde, que estaba de guardia el día de los hechos, y en el criterio expuesto por la Fiscalía, en el sentido de apreciar la existencia de indicios de “la eventual comisión” del citado delito por parte del magistrado. La resolución explicita que la Sala Penal del Supremo “comparte también” esa valoración.

La apertura de la causa ―anticipada ayer por EL PAÍS― se basa en que “pese a las manifestaciones del investigado y de su cónyuge, el examen de las declaraciones prestadas por dos testigos y las referencias de uno de los agentes actuantes conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias”. Valdés y su esposa ―víctima del supuesto maltrato― manifestaron que habían tenido una discusión familiar, pero restaron importancia al incidente. Dos testigos, a su vez, dijeron haber escuchado que la mujer pedía “socorro” desde una terraza de la vivienda en que ocurrieron los hechos. El agente, por su parte, recogió una declaración de la esposa en el sentido de que las discusiones tenían cierta periodicidad. También dijo que no había sufrido agresión alguna y rechazó ser examinada por el forense.

En la misma resolución de la Sala de Admisión se acuerda la designación del magistrado Andrés Martínez Arrieta como instructor de la causa, con el fin de que “con libertad de criterio, acuerde las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y resuelva en su momento” si entiende que procede el archivo del caso o la apertura de juicio oral. Las diligencias inicialmente propuestas por el fiscal son el interrogatorio del magistrado y su esposa, y el de los dos testigos que llamaron a la Guardia Civil al oír las voces de la mujer. También pidió que un forense informe sobre los posibles efectos de la medicación que recibe Valdés, que padece una grave enfermedad. Sobre este particular, la esposa del magistrado dijo a la Guardia Civil que los fármacos que le recetaron parecían influir a veces en su conducta.

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