El último polvorín migratorio de Canarias

“Estamos hartos de la mentira, de que siga sin haber protocolos de atención”, exclama Ricardo Ortega, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín. “Y aviso: van a llegar muchos más porque la mar está esta buena…”. Su primo Manuel Santana, vicepatrón y el gerente del Restaurante de la Cofradía de Pescadores, de este pueblo costero en el suroreste de Gran Canaria advierte: “El pueblo está a punto de hacer un tunte”, asegura en relación con los altercados que hubo en el pueblo grancanario De Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, en julio. Entonces, sus habitantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad del Estado ante el desalojo de un grupo de inmigrantes y la posterior llegada de otro grupo.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, está de acuerdo con sus vecinos. “Estamos todos indignados por la inacción el Gobierno de España”, asegura. “Entendemos que la Delegación del Gobierno esté desbordada, pero aquí no hay un sitio digno para ellos. Europa no puede consentir este tipo de políticas”.

Arguineguín ha sido esta semana el último ejemplo de la creciente tensión migratoria en las islas. Su muelle lleva meses albergando a personas que huyen en barca de sus países de origen. Un total de 332 inmigrantes han pernoctado este domingo bajo tiendas de campaña en el muelle del pueblo, ha informado la Cruz Roja. Se produce así un repunte en la ocupación de estas improvisadas instalaciones. Durante la pasada semana, llegaron a pernoctar sobre el suelo y bajo carpas hasta 252 argelinos y subsaharianos llegados a lo largo de los días en más de una veintena de pateras. Entre el jueves y el viernes pasados, la Delegación del Gobierno ha procedido al traslado de 160 de estas personas a un complejo de bungalows en Maspalomas cedido por los empresarios locales, aunque la llegada de 140 inmigrantes ha vuelto a disparar las cifras. No es este el único punto caliente en la isla: en la localidad de Arinaga, (municipio de Agüimes, en el sureste), otros 135 inmigrantes llevaban días pernoctando en un terrero. Ellos también han sido realojados a finales de esta semana.

Las cifras se van acumulando: Canarias ha recibido 3.933 inmigrantes llegados a sus costas o rescatados en aguas cercanas en los ocho primeros meses del año. Llegaron en 136 pateras o cayucos. La cifra de personas que buscan cobijo en las costas canarias se ha multiplicado casi por siete veces respecto a 2019 (3.349 más, un repunte del 573,5%), según datos del Ministerio del Interior a 31 de agosto.

La cuestión no es solo que se haya reactivado la llamada ruta canaria (una de las más peligrosas, por cierto), sino que, además, se han paralizado casi por completo los traslados a la península, con lo que se van agotando los recursos que se van improvisando y que, en buena medida, provienen de las Administraciones canarias (o de la generosidad de las asociaciones o los empresarios). En el archipiélago, a pesar de la llamada crisis de los cayucos en 2006, sigue sin haber suficientes instalaciones para atender a los migrantes. Y muchas de las que hay tampoco son adecuadas y ayuntamientos, sacerdotes, voluntarios y ONG improvisan a cada pico de llegadas alojamientos en pabellones deportivos, residencias escolares, albergues juveniles y hasta naves industriales. La Delegación del Gobierno ha echado mano de establecimientos hoteleros ante la escasez de emplazamientos, algo que ha enfadado a la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, que cree que puede afectar a la imagen exterior.

Racismo

O el Mismo muelle de Arguineguín esta semana, como ha sucedido en anteriores ocasiones. “No somos racistas, pero esto tiene que acabar ya, esto es demasiado”, exclama Ramón Trujillo, apoyado en el quicio de la puerta del Centro Sociocultural el Cangrejo, el cual preside.

Es mediodía en este pueblo de unos 2.500 habitantes. Trujillo habla a escasos metros de la Playa Las Marañuelas, en pleno casco, que hoy está a un cauto medio aforo (y con muy escasas mascarillas) pese a ser día entre semana. Desde la arena, al otro lado de la bahía, se observan las carpas que ha instalado la Cruz Roja. Una visión que solivianta a la población local. “El cansancio de nuestra gente no es que lleguen: antes llegaban y se los llevaban”, asegura la alcaldesa de Mogán. “El problema”, dice, “es el hacinamiento de pateras, que causan olor y mal aspecto. Hace un mes quitamos 29 con el compromiso de que hubiese un protocolo, Y ahora vuelve a haber otras 14 almacenadas”.

“Ningún municipio quiere a los inmigrantes en su territorio”, aseguran fuentes del Gobierno de España que prefieren no ser citadas. Y eso, a pesar de que lo que les toca no suele ser sino una mínima parte de las arribadas a las costas canarias. “Desde el 15 de septiembre de 2019, hemos atendido 3.790 personas en Canarias”, explica, José Javier Sánchez Espinosa, subdirector de Inclusión Social de Cruz Roja. “En septiembre tenías acogidas a 16 personas en dos islas; hoy son 1.270 personas acogidas en 28 dispositivos en todas las islas menos El Hierro”. La Delegación del Gobierno anima a la población a ver la situación actual con otros ojos. “El pueblo canario es solidario y que no debería chocarnos ver a migrantes acogidos. Porque, además, generan actividad económica y empleo”.

Procedimiento

Cuando un inmigrante llegaba a las costas de las islas, los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) eran los primeros en actuar proporcionándoles una primera atención (una comida caliente, una bebida, ropa o una ducha). A partir de ahí eran derivados a una comisaría, donde se llevaba a cabo la identificación y reseña. Posteriormente, se hacía cargo de ellos la Secretaría de Estado e Inmigración, la cual, finalmente, la vuelve a derivar a la Cruz Roja (o a otras ONG) para su acogida.

La pandemia de coronavirus ha alterado el procedimiento. “Una vez que han actuado los ERIE, los migrantes permanecen en el lugar para ser identificados in situ. Además, hay que esperar las pruebas PCR, y dependiendo del resultado tenemos por delante un auténtico encaje de bolillos para poder ubicar a las personas refugiadas”, explica Sánchez Espinosa.

“El Gobierno de España”, manifiestan por su parte fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias, “ha mostrado una clara voluntad de adaptar sus recursos de acogida al flujo migratorio actual, y continúa trabajando en esta línea para garantizar condiciones dignas y desplegar los espacios que sean necesarios, tanto en Canarias como en Península”.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se muestra algo más crítica. Su portavoz en Canarias, Txema Santana, asegura que los pasos que ha tomado la Delegación del Gobierno, como trasladar a parte de los refugiados a establecimientos hoteleros cedidos, “son una medida de urgencia”, pero que “no puede ser duradera y no puede esconder la mala gestión a la hora de crear una red de acogida digna”, asegura. Y, sobre todo, reclama que se vuelvan a posibilitar traslados. “Hace que Canarias se esté convirtiendo en una cárcel. Y no queremos serlo”.