Vox aprovecha los frentes judiciales abiertos a Podemos para personarse contra Iglesias
La fuerza ultra se presenta como acusación popular en el ‘caso Dina’ y en la causa sobre las cuentas del partido
El partido ultra Vox ha aprovechado los frentes judiciales abiertos a Podemos para personarse como acusación popular contra la formación de izquierdas. Manuel García-Castellón, que investiga en la Audiencia Nacional el bautizado como caso Dina, acaba de aprobar la presencia de la fuerza de extrema derecha en esta línea de investigación que ha salpicado a Pablo Iglesias, actual vicepresidente segundo del Gobierno. Una decisión del magistrado que se suma a la que tomó, en el mismo sentido, su homólogo del juzgado de instrucción 42 de Madrid, que investiga las cuentas de Podemos.
Según consta en un auto del pasado 31 de agosto, al que tuvo acceso EL PAÍS, García-Castellón rechaza la querella presentada por Vox contra Iglesias; su antigua ayudante, Dina Bousselham; la abogada de esta, Marta Flor; y el fiscal Ignacio Stampa. Pero acepta que estén como acusación popular en el caso, previo pago de una fianza de 15.000 euros.
“En este procedimiento consta personado Podemos, a quien se le exigió la cantidad de 30.000 euros. Posteriormente se personó también en la pieza separada 7, [conocida como Kitchen y donde se investiga el supuesto espionaje ilegal de la antigua cúpula del ministerio de Interior al extesorero popular Luis Bárcenas], el PSOE, quien abonó 15.000”, especifica el magistrado, que detalla que, por tanto, Vox “está en condiciones de hacer frente a una fianza equivalente a la del PSOE”. “Toda vez que se trata de una organización política con representación en el Congreso y en condiciones que permiten equipararla a cualquier otro partido de ámbito nacional”.
El juzgado 42 no le impuso a la formación ultra como condición, en cambio, que depositara fianza. Y el propio Podemos, en un recurso presentado después, cargó contra la presencia de Vox. La fuerza liderada por Iglesias argumentó que tendrá que aportar, “para acreditar la ausencia de delito” en esa investigación, diversa “documentación contable, personal de sus dirigentes, de estrategia comunicativa y relativa a campaña electoral o financiera —en definitiva, información sensible— en un proceso en el que está personado un partido político rival”.
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