La regularización fiscal del rey emérito

El paradero del rey emérito se ha convertido en la serpiente de este verano: muchos creen saber dónde está, pero nadie lo ha visto. Aunque se ha ido voluntariamente y nada le impide volver, el hecho de que viaje de incógnito da argumentos a quienes lo presentan como un fugitivo. El expresidente de Uruguay Pepe Mujica ha calificado la situación de “sainete”.

Tras reunirse con Felipe VI el pasado miércoles en Marivent, el presidente Pedro Sánchez le pasó la patata caliente a la Casa del Rey y esta despejó hacia Juan Carlos I, alegando que será él quien decida revelar dónde está, si lo decide. Pero La Moncloa y La Zarzuela son conscientes de que esta incertidumbre no puede mantenerse sin causar a la institución más daño del que se quiso evitar con la salida del padre del Rey, por lo que se espera que, en los próximos días, se desvele el misterio.

Fuentes gubernamentales admiten, sin embargo, que normalizar la situación de Juan Carlos I requiere un paso más: saldar sus cuentas pendientes con Hacienda.

Si tiene bienes y derechos no declarados en el extranjero —como parece deducirse de la investigación de la Fiscalía suiza— debería presentar, aunque de forma extemporánea, una declaración modelo 720, explica Javier Martín, catedrático de Derecho financiero y tributario de la Universidad Complutense y director y socio de Ideo Legal.

En caso de regularización voluntaria, la cuantía de estos bienes y derechos debería imputarse como ganancia patrimonial no justificada (salvo que procedieran de rentas declaradas en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades) al último ejercicio fiscal no prescrito, que hasta el próximo mes de septiembre es 2015, lo que coincide con el primer año en el que no gozó de inmunidad como jefe del Estado.

El precio de la regularización no sería barato, explica Javier Martín. El tipo a pagar rondaría el 50%, a lo que habría que sumar un recargo del 20% por declaración extemporánea y los intereses de demora, además de una sanción testimonial (unos 1.500 euros). Es decir, para regularizar su patrimonio en el extranjero debería entregar la mayor parte del mismo al Estado.

El tiempo para dar ese paso se agota, pues la regularización voluntaria solo puede presentarse antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección (no consta que lo haya hecho) o un juez lo cite como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales (lo que podría pasar si la Fiscalía presenta una querella ante el Supremo).

No obstante, Javier Martín recuerda que esa vía, que diseñó el ministro Cristóbal Montoro en 2012, está pendiente del fallo del Tribunal de Justicia de la UE. Si la echara abajo, el rey emérito podría alegar que su incremento patrimonial se produjo en un ejercicio fiscal prescrito y no tributar nada, salvo las rentas de los cuatro últimos años.