Vox estrena su nuevo sindicato en el barrio de Salamanca

A menos de 100 metros del parque de El Retiro, en el barrio madrileño de Salamanca, uno de los más caros de España, se encuentra la sede provisional del sindicato de Vox. Aunque el partido ultra asegura que no es su sindicato, fue el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien anunció su creación, en plena campaña electoral gallega; y su portavoz, Jorge Buxadé, quien dio a conocer su nombre: Solidaridad, como el mítico sindicato de Lech Walesa que en los años ochenta se enfrentó al régimen comunista polaco desde los astilleros de Gdansk.

En realidad, su nombre es bastante más largo: Sindicato para la Defensa de la Solidaridad con los Trabajadores de España. Sus siglas resultan impronunciables (SPDSTE), por lo que los responsables de Solidaridad Obrera, un sindicato anarcosindicalista inscrito hace ya tres décadas, temen que se haga llamar Solidaridad, como ya le denominó Buxadé, y estudian acudir a los tribunales para impugnarlo.

Entre los promotores del nuevo sindicato figura Raquel Moreno Barba, la única concejal de Vox en Torres de la Alameda, un municipio de 7.800 habitantes en el madrileño valle del Henares, pero la incógnita es quién será su líder.

Los estatutos del nuevo sindicato son un calco de los de Vox, aunque aún más piramidales: ignora la existencia de las comunidades autónomas y diseña una estructura jerárquica, en cuyo vértice se sitúa el secretario general. Sus poderes son casi omnímodos: elegido por un periodo de cuatro años, prorrogables sin límite, es el encargado de aprobar la creación de secciones sindicales, asociaciones provinciales y sectoriales, preside la asamblea general y nombra incluso a los miembros del comité de garantías, que se encarga de zanjar los conflictos internos. La disidencia en su seno se vuelve así imposible.

De la importancia que la flamante organización sindical otorga a sus finanzas da cuenta el hecho de que el secretario general y el tesorero sean los únicos cargos elegidos por la asamblea de afiliados, aunque al segundo lo propone el primero.

Cuando anunció su creación, el pasado 4 de julio, Abascal aseguró que el nuevo sindicato sería “sufragado por sus afiliados” y no se alimentaría “del trabajo de todos los españoles como hacen los sindicatos actuales”. Si se refería a que no recibiría subvenciones públicas, no es eso lo que dicen sus estatutos. La organización promete sufragarse con las cuotas de sus afiliados, pero también con “donaciones, subvenciones y aportaciones”; así como con “cualquier otro recurso que pueda obtener, de conformidad con los preceptos legales”. Es decir, que no renuncia a recibir subvenciones. También Vox empezó criticando las ayudas públicas a los partidos políticos, pero no ha renunciado a ellas cuando ha tenido posibilidad de cobrarlas.

La lucha sindical está en las antípodas de la cultura política de Vox. El programa económico ultraliberal con el que se presentó a las elecciones generales de abril del año pasado abogaba por recortar el derecho de huelga, prohibir los piquetes informativos fuera de los centros laborales y garantizar el derecho a trabajar de quienes no quisieran sumarse al paro. Además, acababa con la negociación colectiva, razón de ser de los sindicatos, al proponer que los trabajadores pudieran descolgarse de los convenios y pactar individualmente con los empresarios condiciones laborales por debajo de las acordadas para su sector o empresa.

El trayecto que va desde el capitalismo salvaje hasta el sindicalismo lo ha recorrido Vox espoleado por su intento de pescar en los caladeros de votos tradicionales de la izquierda. Hasta ahora, su único gancho para penetrar en los sectores obreros era el rechazo a los inmigrantes, a los que se presentaba como competidores por los empleos poco cualificados y los escasos subsidios sociales y responsables del aumento de la delincuencia. Conflictos como el de Nissan en Barcelona o Alcoa en Lugo le permiten ahora presentarse como adalid del proteccionismo y aliado de los trabajadores frente a las multinacionales.

Vox rechaza la “inexistente lucha de clases” y propone crear un sindicato interclasista (al que pueden afiliarse autónomos y parados) que defienda “a los españoles” frente al “Gobierno social-comunista” y a la “oligarquía globalizadora”. Un nacionalsindicato.